Opinión
La nueva Constitución representa una oportunidad única para avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad para todas las niñas, niños y adolescentes que viven en Chile. Más allá de reconocer la educación como derecho, es fundamental explicitar que su propósito (por el cual debiera evaluarse su calidad) tiene que orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y sentido de su dignidad, potenciando al máximo las aptitudes, capacidad mental y física del estudiantado, promoviendo el respeto a los derechos humanos, a la propia identidad cultural, idioma, valores del país en que se vive y del país de origen, al medio ambiente, entre otros aspectos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.
Tomarse en serio este planteamiento nos debería conducir a otra forma de comprender la calidad de la educación: una en la que todas y todos caben e importan. Desde esta comprensión, nunca más debiéramos categorizar como insuficientes a establecimientos que concentran estudiantes de pueblos originarios ancestrales o migrantes, cuyas lenguas maternas y visiones de mundo no coinciden con lo que se mide en pruebas estandarizadas que, en la actualidad, determinan ampliamente la concepción de calidad educativa.
Nunca más debiéramos excluir a estudiantes con discapacidad de procesos evaluativos relevantes, por la imposibilidad del sistema de reconocer, valorar e incorporar sus formas diversas de funcionamiento y accesibilidad al aprendizaje.
Asimismo, nunca más debiéramos conocer de estudiantes que experimentan situaciones de discriminación por su orientación sexual o identidad de género.
Una educación de calidad será aquella en la que todas nuestras niñas, y todos nuestros niños y adolescentes se sientan reconocidas y reconocidos en su dignidad, identidad y diversidad; en que sus voces sean escuchadas como punto de partida para la construcción de aprendizajes relevantes para la vida y pertinentes a sus culturas, modalidades de acceso al aprendizaje y experiencias. Una educación de calidad, desde esta perspectiva, nos permitirá promover comunidades educativas convencidas de que el currículo implementado debe estar al servicio de la calidad de vida del estudiantado, y no del cumplimiento de metas que no se ajustan a sus necesidades educativas, intereses y contextos.
Es de esperar que la discusión constituyente reoriente el propósito de nuestro sistema educativo para promover una educación inclusiva y de calidad, verdaderamente alineada con un enfoque de derechos humanos.
Liliana Ramos Abadie
Directora Pedagogía en Educación Diferencial
Universidad Diego Portales
