Opinión
El lunes 19 de julio se llevó a cabo una sesión especial sobre el derecho a la reparación y garantías de no repetición por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Contó con la participación de la diputada Emilia Nuyado; con el Representante Regional Adjunto para América del Sur, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Xavier Mena; con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición Fabián Salvioli y conmigo, que hablé en nombre del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares. Quisiera compartir algunas reflexiones a propósito de dicho hito.
El derecho a la reparación y las garantías de no repetición son dos pilares de la justicia transicional que no han tenido la suficiente relevancia en la discusión pública, pero son cruciales para pensar la situación actual del país. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar sentaron un precedente que se mantiene vivo en las Fuerzas Armadas y Carabineros, prueba de ello es el comportamiento de las mismas especialmente después de la revuelta que inició en octubre de 2019, y quedó documentado en cuatro informes internacionales que insistieron en la urgente necesidad de reformarlas.
El terrorismo de Estado que desplegó la dictadura fue una herramienta clave para someter a la sociedad en su conjunto a través de la violencia y el miedo, y con ello imponer el modelo y su aparato legal y administrativo con base autoritaria, que ha sido tan difícil de remover, y que hasta el día de hoy son fuente de restricción de derechos para los pueblos de Chile.
Nuestras luchas están intrínsecamente vinculadas al derecho a reparación y las garantías de no repetición. Llevamos muchos años buscando conseguir la reparación integral, porque además de ser justo, es una obligación del Estado de Chile en relación con los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hemos sido ignorados por el mismo desde hace décadas, al punto que debimos recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Pero el Estado chileno aún no responde, dando cuenta de la displicencia con que ha actuado frente a sus propias responsabilidades en esta materia.
Este desdén erosiona una base fundamental de la convivencia humana: que cuando se produce un daño, debe ser resarcido. Este principio no solamente no ha sido aplicado en nuestros casos, sino que además hemos sido forzados a llevar sobre nuestras espaldas el estigma de justificar el por qué debemos recibir reparación. Por experiencia sabemos que si no fuera por nuestra presión, no hubiera existido ni la más mínima justicia ni verdad en los casos de prisión política y tortura cometidos por el Estado de Chile. Seguiremos luchando por la reparación integral, para terminar con los 50 años de silencio y por una Comisión Calificadora Permanente de violaciones a los derechos humanos, que se constituya como garante de la responsabilización del Estado de sus propios crímenes.
La experiencia internacional indica que cuando no se realizan reformas institucionales ni se abordan las violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos de manera efectiva y sin impunidad, entonces los errores e insuficiencias del pasado se imponen como problemas del presente, porque condicionan principios básicos de la democracia. Esto implica una obligación para el poder legislativo y para el próximo gobierno: deben abordar las urgencias y consecuencias derivadas de la violencia estatal ejercida contra la sociedad en todo momento y en todo lugar, pues es a partir del reconocimiento, de la justicia, de la verdad, de la memoria y de la reparación, donde comienzan a cimentarse las verdaderas garantías de no repetición. Deben terminar con la criminalización de la protesta y con la militarización del Wallmapu. Deben derogarse las medidas contrarias a la legislación internacional de derechos humanos y avanzar en reformas democratizadoras que garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos.
En ese sentido, existe hoy una oportunidad única para nuestro país, como es transformar la crisis abierta por la protesta social, en avance a través del proceso constituyente. Esta es una apertura para construir una institucionalidad que tenga como mínimo el respeto y la aplicación efectiva de los principios e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Hacer posible que la reparación y las garantías de no repetición sean auténticas y eficaces es algo necesario para nuestro futuro como país. Ellas deben hacerse siempre con la participación (y de cara a) las víctimas, y se constituyen como el posicionamiento ético de un Estado frente a las atrocidades y crímenes cometidos en el pasado. Por ello, son la base para que pueda asegurarse el derecho a la política para todas las naciones, pueblos y habitantes del Chile que viene.
