Opinión
En 2017, después del primer ciclo electoral con nuevas reglas de campaña, desde Espacio Público lanzamos la Lupa Electoral, la cual exploraba el efecto de estas nuevas normas sobre la competencia electoral. Ahora, habiendo concluido la realización de nuevas elecciones, hemos publicado un nuevo informe de la Lupa Electoral, enfocado en las elecciones de convencionales constitucionales. Este informe ha sido publicado en nuestra página web y posee interesantes hallazgos.
Respecto a los aportes realizados encontramos que, pese a la ley de paridad, los aportes se siguieron concentrando en hombres por sobre las mujeres, y esta diferencia se explica principalmente a partir de la distribución de los aportes privados, créditos y aportes propios. Además, a pesar de que las candidaturas de listas independientes y candidaturas con pocos recursos tuvieron una tasa de éxito destacada, encontramos que sigue existiendo una relación entre los montos recaudados y los votos obtenidos. Asimismo, incorporamos una serie de entrevistas con candidatos, candidatas y jefes de campaña, en las que fue posible reconocer que aún existen importantes diferencias en las cantidades de aportes recibidos por las distintas candidaturas, esto es consecuencia tanto de los altos límites existentes en la regulación como de la falta de recursos para la fiscalización de eventuales irregularidades.
Recogiendo todos estos hallazgos, elaboramos múltiples recomendaciones. En primer lugar, se propone reducir los topes de gastos y aumentar el financiamiento público, con especial énfasis en el financiamiento a mujeres y pueblos originarios (de mantenerse esta modalidad en futuras elecciones). En segundo lugar, se recomienda afinar las plataformas en línea utilizadas por el Servel y mejorar la capacitación a administradores electorales. En tercer lugar, se incluyen medidas para aumentar la difusión pública de los datos de aportes y gastos, además de incorporar franjas radiales y transporte público gratuito. Finalmente, se recomienda aumentar los recursos disponibles para que el Servel pueda cumplir su rol fiscalizador, así como implementar medidas para facilitar el control por parte de los usuarios y de la sociedad civil.
Estas recomendaciones se encuentran en sintonía con las que realizó la comisión Engel en 2015. En efecto, nuestra organización, mediante el Observatorio Anticorrupción, determinó que, si bien hubo importantes avances, existe un considerable número de medidas que quedaron sin implementar. Con la decisión de esta semana por parte de la Fiscalía de no perseverar en querellas por el caso SQM, se hace aún más necesario recoger estas propuestas, con el fin de aumentar la confianza ciudadana y propiciar mejores reglas en el nuevo ciclo político que significa el proceso constituyente.
