Opinión
“Pan, techo y abrigo” era una expresión que en tiempos pretéritos parecía sintetizar las carencias sociales básicas de la población. Con el tiempo, y a medida que la sociedad se complejizó y los Estados asumieron más responsabilidades, se agregaron otras, como educación, salud y previsión.
La Constitución de la República de Chile, artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley. “En Chile no hay persona ni grupos privilegiados”. Sin embargo, en muchos ámbitos el mercado y la acción del Estado generan un trato desigual, como ocurre con lo vinculado a la salud.
El acceso a los fármacos es vital para asegurar la calidad de vida y, en muchos casos, la vida misma de las personas. En Chile su acceso es negado a muchas personas por el elevado precio o por la distribución geográfica de las farmacias, o sea, por discriminación socioeconómica y/o territorial.
Los fármacos, como lo ha planteado el colegio de la orden, deben ser considerados bienes sociales para interés general de la nación y la salubridad pública, por lo que su acceso debiera vincularse a la red de salud pública y no depender de su oferta en establecimientos comerciales. En octubre de 2019, había 59 comunas sin farmacias, en las que el Ministerio de Salud se proponía instalar establecimientos farmacéuticos. En efecto, la lógica comercial que domina la oferta de medicamentos margina a una parte importante de la población que vive en territorios aislados rurales, de baja población o distante de sus cabeceras comunales.
Similar desigualdad se da en la distribución de camas de hospital. A inicios de 2020 el promedio nacional era de 214 camas de hospital por cada 100 mil habitantes. Santiago tenía 227, cifra muy superior a las 132 de Coquimbo, las 153 de O’Higgins o las 154 en Tarapacá.
Tal inequidad se repite en relación con los profesionales de la salud. Un estudio de Equifax de enero 2021, con datos del INE y de la Superintendencia de Salud, indicó que había 478.013 personas integrando el personal de salud en Chile. La relación personal de la salud y cantidad de habitantes indica que Atacama y O’Higgins tienen la cobertura más baja, con un trabajador de la salud por cada 50 habitantes; Coquimbo, uno por cada 49 habitantes, y Maule y Aysén, uno por cada 45. Lo anterior no obvia el importante incremento del personal de salud en las últimas décadas.
Al 31 de diciembre de 2019, según datos del Minsal, la densidad total de médicos en el sector público de salud era de 18.5 por cada 10 mil habitantes, en los países OCDE el promedio era de 34. El bajo número de médicos a nivel nacional, se acentúa aún más en Atacama, Tarapacá, Coquimbo, Arica y Parinacota, O’Higgins y Maule, cuyos ratios están lejos de la media nacional.
La desigualdad territorial se agudiza aún más cuando se pone el foco en médicos especialistas. En efecto, y solo como ejemplo, en marzo 2021 solamente algunos Servicios de Salud cuentan con oncólogos médicos, especialistas en medicina nuclear o geriatras como parte de su dotación efectiva.
Asumiendo las consecuencias del anómalo proceso de desarrollo chileno, una de las misiones que desde sus inicios han asumido las universidades regionales, ha sido luchar contra las desigualdades regionales, siendo el área de la salud uno de los ámbitos de mayor preocupación. En efecto, los profesionales que ellas han formado son los que integran una parte significativa del personal de salud que se desenvuelve en hospitales y consultorios de la vasta geografía chilena.
En 2019 las universidades regionales tenían 127 carreras de la salud, congregando a 43 mil estudiantes de pregrado y aportando el 27.4% del total nacional. Ese año, ellas impartían 13 programas diferentes, predominando enfermería, kinesiología y rehabilitación, nutrición y dietética, medicina, fonoaudiología, obstetricia y puericultura, y tecnología médica. Asimismo, impartieron el 23% de los programas de postítulo, incluyendo diplomados, especialidades médicas, odontológicas y de ciencias de la salud.
Uno de los grandes déficits que subsiste en regiones es la ausencia de especialidades médicas, odontológicas y otras. Asumir este desafío ha sido tarea compleja para las universidades en parte por la ausencia de profesionales en regiones, disponibles para implementar esos programas y también por las exigencias de los sistemas de acreditación que se les aplican.
Una importante dimensión de su aporte ha sido desarrollar centros de investigación y laboratorios que generan conocimientos en los temas prioritarios de salud en cada territorio. Asimismo, las universidades regionales integran sus actividades de formación e investigación con los programas de extensión y vinculación con las comunidades de su entorno.
La contribución de estas instituciones en el área de la salud ha sido un esfuerzo arduo y silencioso que, si bien se ha desplegado por décadas, para muchos solo logró ser conocido y valorado con ocasión de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, cuando las autoridades basaron parte de sus iniciativas en lo que denominaron “red científica nacional”, cuya expresión territorial eran las universidades regionales.
En efecto, en colaboración con los servicios de salud locales, estas instituciones hicieron un aporte fundamental con sus laboratorios y equipos especializados, realizando exámenes de PCR, desplegando la telemedicina para atender a comunidades lejanas, investigando respuestas al virus y sus diversos impactos en las comunidades locales, diseñando y aportando elementos de protección personal, ayudando a la mantención y/o reparación de equipos de los servicios de salud, apoyando la difusión de los protocolos e informando y, entre otras, capacitando a instituciones, organizaciones sociales y a la comunidad en general.
Como diría un viejo filósofo, “un nuevo fantasma recorre Chile, es el fantasma del regionalismo”. En efecto, la llegada de autoridades regionales electas y las prioridades que marca la Convención Constitucional anticipan que muchas inequidades territoriales debieran enfrentarse. Y en ese propósito la experiencia, conocimientos y aportes de las comunidades universitarias regionales serán fundamentales. Así avanzaremos en cumplir el mandato constitucional, proveyendo a todas las personas los mismos deberes y derechos, con independencia del lugar donde vivan.
No en vano, una parte significativa de las chilenas y los chilenos han dicho basta, no quieren seguir discriminados solo por vivir en regiones.
