Opinión
La millonaria deuda que superaría los doscientos millones de pesos de un candidato presidencial por el no pago de pensiones alimenticias, así como los más de trescientos mil millones de pesos retenidos por este concepto durante los sucesivos retiros del 10% de los fondos de pensiones, son cifras que visibilizan un problema que afecta gravemente a nuestra población y especialmente a nuestros niños y niñas.
Es por esto que valoramos el proyecto de ley, iniciado en mensaje presidencial, que propone importantes reformas a nuestras normas sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Se trata de un gran avance -sin perjuicio que pudiera ser perfectible-, al considerar elementos tan importantes como la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, introducir perfeccionamientos al procedimiento de juicio de alimentos, la imposibilidad de adoptar a aquellos incluidos en el registro y sancionar las conductas que afecten la subsistencia económica de la familia como constitutivas de violencia intrafamiliar, entre otras materias.
Sin lugar a dudas, es una iniciativa que debe ser aprobada de manera urgente, un tema que, como Facultad, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ya que la Academia no puede permanecer indiferente a esta realidad. Esperamos que se promulgue en el menor tiempo posible, para que podamos lograr cifras que no reflejen la ineficacia del sistema. Hoy solo el 15% de los alimentantes cumplen con su obligación, es claro que estamos olvidando el principio rector del interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo que estamos fallando gravemente como sociedad. Debemos actuar ahora, antes que sea demasiado tarde.
