Opinión
Se ha hecho recurrente oír o leer la palabra “malversación” por estos días. Etimológicamente está formada con raíces latinas, y significa la “acción y efecto de usar dinero ajeno para algo diferente a lo que estaba destinado”. En derecho, malversación es la “apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia”. En síntesis, se trata de una de las formas de operar de la corrupción, y como venimos viendo desde hace algún tiempo, actúa con facilidad ante la falta de control y prevención.
En agosto, la Fiscalía pedía 15 años de cárcel para el excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, tras seis años de investigación en la que se logró establecer cómo habría malversado fondos a partir de los gastos reservados de la institución, utilizándolos en propiedades, autos y lujos, sin mayores obstáculos. Posteriormente junto a su señora realizaría las maniobras de ocultamiento de esos gastos.
Pero recién se trataba de la primera de varias revelaciones que comenzaron a salir a la luz. Esto, porque a pesar de que conocemos desde hace años los fraudes del Ejército y Carabineros, pensábamos que la PDI se salvaba, pero estábamos muy equivocados y nos sorprendimos cuando supimos que su exdirector general, Héctor Espinosa, también habría malversado los gastos reservados de la policía civil, apropiándose de cerca de $140 millones.
Recién en este punto entendíamos el nivel de estos hechos, pues los gastos reservados son grandes sumas de dinero que reciben entidades civiles y uniformadas, y que hasta hace poco no tenían obligación de rendir ni transparentar su uso. Recientemente la ley fue modificada, pero de igual forma no se hace cargo de una rendición exhaustiva de estos gastos, lo que sigue dando pie a que se esconda el verdadero destino de esos dineros.
En la misma línea, y completando el cartón, nuevos antecedentes saltaban a la palestra en relación con el fraude de Carabineros, cuando la Fiscalía anunció la formalización de la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, y tres exgenerales directores: Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, también por malversación de caudales públicos, además de falsificación y uso de instrumento público. ¿El modus operandi? El mismo: el eventual uso irregular de gastos reservados, los que habrían sido entregados en sobresueldos a los imputados.
No oíamos de sobresueldos desde el caso MOP- Gate a comienzos de los 2000, sin embargo, a los sobres de Carabineros se sumaron los sobres que habría recibido el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, también acusado de malversación de fondos públicos. Y como han sido meses de revelaciones, también nos enterábamos que parte del dinero de los chilenos se habría mal utilizado en diversos municipios del país a través de trabajadores fantasmas, horas extras imposibles de cumplir y aprovechando el resquicio legal de las corporaciones municipales de derecho privado que no tienen la obligación de transparentar ni rendir cuentas. Estas investigaciones recién están en curso, por lo que aún falta un trecho para conocer la realidad detrás de estas irregularidades.
Como guinda de la torta, por estos días conocimos que, entre 2013 y 2014, el Ejército compró helicópteros con sobreprecios por más de US $8,6 millones. Es decir, nuevamente hablamos de dinero público que llega al bolsillo de unos pocos, y de lo cual nos enteramos recién ahora.
Y, aunque en otro nivel, no puedo dejar de mencionar el caso del (ex)constituyente Rojas Vade, que si bien no malversó fondos públicos, difundió una mentira a través de la cual logró recaudar dinero para costear la enfermedad que no tenía, defraudando a personas de buena voluntad que creyeron en él.
Hechos como estos ocurren desde siempre, pues, como reza el dicho, “la ocasión hace al ladrón”, y cuando el escenario está casi hecho a la medida del corrupto, los lamentos parecen improductivos. Lo que se necesita es un compromiso real contra la corrupción, donde exista una verdadera rendición de cuentas y donde no haya espacio para que personas que tengan un cargo de poder se sientan cómodas defraudando. Es fundamental prevenir, pesquisar, controlar y sancionar, pero de verdad.
Cuando se malversan fondos públicos, no solo se malversa dinero, sino que se quitan oportunidades que corresponden a todos, se afecta la confianza y la fe pública y, por sobre todo, se genera una sensación de injusticia que entrampa el avance del país hacia el desarrollo, y que genera un círculo vicioso muy difícil de abandonar.
Ojalá estemos en un punto de inflexión, donde se sepa toda la corrupción que lleva años bajo la alfombra. A estas alturas tenemos claro que no somos jaguares, pero al menos mostremos las garras para condenar la corrupción, venga de donde venga.
