Opinión
Uno de los puntos centrales del programa propuesto por Gabriel Boric es ampliar la negociación colectiva mediante un sistema multinivel/ramal, lo cual ha sido criticado por nuestra oligarquía local desde moros a cristianos, tanto por Libertad y Desarrollo (Temas Públicos 1501-1) como por expersoneros de la Concertación (véase el debate entre René Cortázar y Nicolás Grau en el CEP).
Este es un tema crucial para disminuir las asimetrías salariales y para restablecer la dignidad en el trabajo de los chilenos. En consecuencia, en esta columna, expondremos algunos conceptos básicos, revisaremos las críticas conservadoras y haremos algunas propuestas para el debate.
La idea de la negociación por rama o sector no es nueva y tiene su origen en el derecho europeo. En efecto, en la Unión Europea existen mecanismos de extensión de los contratos colectivos en casi todos los países, con solo pocas excepciones donde la negociación es a nivel de empresa (Gran Bretaña y Malta). En los 16 países con mayor productividad laboral en la OCDE, en el año 2014, existía negociación colectiva ramal, siendo en algunos la forma predominante de negociar (Durán). En este contexto, el promedio de la cobertura de la negociación en los países de Europa Occidental es de alrededor del 70% y, en los 28 países miembros de la Unión Europea más Noruega, el promedio es del 62%. En algunos de estos países la cobertura supera el 80%, por ejemplo, Austria, Bélgica, Francia y Suecia (Bronstein).
Contrastan estas cifras con América Latina, que alcanza una cobertura bastante modesta, menor al 10%, con excepción de Uruguay y Argentina (Carrillo). Nuestro país tampoco supera este porcentaje (Durán y Gamonal).
El nivel de cobertura de la negociación se refiere a cuántos trabajadores son beneficiarios de la misma y está en directa relación con el nivel de negociación, es decir, la cobertura es mayor cuando la negociación es por rama o sector o cuando hay mecanismos institucionales que permiten extender los contratos colectivos a terceras personas (Bronstein).
En la actualidad, la falta de poder de los trabajadores chilenos, las dificultades de sindicalizarse y la imposibilidad de presionar por mejoras a través del derecho de huelga, implican su sometimiento a la voluntad unilateral del empleador, lo que incide en malas condiciones de trabajo y salarios que no representan el aporte del factor laboral a la productividad. La impotencia de los trabajadores cuando no cuentan con poder sindical está bastante documentada en la literatura académica de países desarrollados, que incluso hace referencia a los perniciosos efectos del autoritarismo empresarial dentro del lugar de trabajo (Anderson, Favereau, Ferreras, Unger, etc.).
Por otro lado, la cobertura no es un dato irrelevante si consideramos que la negociación colectiva sirve no solo para aumentar el salario, sino también para permitir que los trabajadores participen y tengan voz dentro del lugar de trabajo (Davidov, Stern, Rosenfeld, Western). Asimismo, producto de la crisis del 2008, han aumentado los estudios académicos que sostienen que un sindicalismo fortalecido favorece la deliberación democrática y consolida a la clase media (Stiglitz, Visser, Traxler).
Por tanto, concordamos plenamente con la propuesta de Gabriel Boric de fortalecer la negociación colectiva a nivel ramal.
Pero las críticas no se han hecho esperar, a saber, una medida como esta desincentivará la inversión, disminuirá el crecimiento, afectará gravemente a las pymes y favorecerá la informalidad laboral.
Cuando se aprobó la primera Ley Laboral en el año 1802 en Gran Bretaña, las críticas empresariales eran similares. Como la ley disminuía la jornada laboral de los niños y niñas aprendices de hasta 3 años de edad, de 16 a 12 horas diarias, los empresarios de la época y sus lobbistas, así como los economistas, aseguraron que una ley de dicha naturaleza afectaría gravemente la economía, se concederían ventajas a los competidores extranjeros y los niños con “tanto tiempo libre” se convertirían en alcohólicos (Ramm). Fue la primera vez que se utilizó el “cuento del lobo” para intentar impedir la protección del trabajador. Y fue la primera vez de muchas otras que fracasó, ya que Gran Bretaña durante el siglo XIX fortaleció su supremacía económica, no obstante las numerosas leyes laborales y sindicales de dicho siglo, y no obstante la reiteración chabacana por parte de los economistas acerca de los peligros que podía entrañar la tutela del trabajador.
Respecto de la primera crítica, de ser cierto que la negociación ramal desincentiva la inversión, países como Austria, Bélgica, Francia o Suecia debieran tener este tipo de problemas, considerando que sus sistemas ramales cubren a más del 80% de los trabajadores. Pero no es el caso, dado que los fenómenos económicos son complejos, y la inversión depende de muchas variables. Por ejemplo, en Chile, aunque se incrementen los impuestos, las medidas ambientales y las protecciones laborales, es difícil pensar que se dejará de invertir en minería, ya que, siguiendo con el ejemplo, litio solo hay en Chile y Bolivia. En otras palabras, no es necesario regalar nuestros minerales, sin royalty y sin impuestos, por temor a la deslocalización, ya que el mineral está aquí y no en otro lugar. Sin embargo, el lobby minero y de muchos economistas ha logrado que la política nacional crea que hay litio en cien países y si no se obsequia los inversores se irán a otro continente a explotarlo.
La segunda crítica apunta a un tema importante, el crecimiento, pero oculta un problema de fondo. ¿A qué precio crecer? ¿Vamos a fomentar las zonas de sacrificio y el trabajo indigno solo para crecer? ¿Se oponen crecimiento y redistribución? Viendo la historia de los países desarrollados, la respuesta es negativa, es decir, el desarrollo implica una mezcla virtuosa entre crecimiento y redistribución (Chang, Palma). Si falta uno de estos elementos, hay subdesarrollo. Respecto de la negociación colectiva, los economistas no han logrado demostrar en estudios empíricos serios que afecte la marcha económica (Cahuc y Zylberberg), lo que es aplicable también al caso de la negociación ramal o sectorial (Traxler y Brandl).
En cuanto a las pymes, nuevamente debemos señalar que países como Austria, Bélgica, Francia o Suecia, con negociación ramal que cubre más del 80%, tienen mucho más desarrolladas las pymes que Chile, donde menos de diez megamonopolios familiares dominan toda la economía, afectando la libre competencia y consolidando un capitalismo jerárquico, de baja productividad y monopolista (Schneider). Además, todos los sistemas ramales contienen normas que permiten el descuelgue de empresas con problemas económicos. Asimismo, la negociación ramal permite que no se compita con bajo precio de mano de obra, lo que, contraintuitivamente, favorece muchas veces a la gran empresa que hace competencia desleal, es decir, paga peor que la pyme. Por ejemplo, en nuestro país, la mitad de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo están contratados en las grandes empresas (Fundación Sol). En otras palabras, la negociación ramal favorece la libre competencia y excluye que se deprede a los trabajadores bajando los salarios todo lo posible.
Finalmente, la informalidad laboral tampoco es un problema en países con negociación ramal, como Austria, Bélgica, Francia o Suecia. De hecho, Chile, actualmente, tiene más informalidad que estos países.
Por tanto, ¿qué sistema debiera contemplarse en un futuro gobierno de Gabriel Boric?
Cabe recordar que Chile tuvo una tradición de negociación ramal con las comisiones tripartitas y sus tarifados (Ley N° 17.074) y con la Ley de Sindicación Campesina (Ley Nº 16.625). El artículo 7º de la Ley Nº 17.074 disponía:
“Artículo 7°.- Se faculta al Presidente de la República para crear Comisiones Tripartitas compuestas de representantes de las Confederaciones, Federaciones o Sindicatos de Trabajadores, a falta de aquéllas, representantes de las organizaciones de empleadores y representantes del Gobierno, destinadas a fijar remuneraciones y condiciones de trabajo mínimas, por rama de actividad y reglamentar su constitución y funcionamiento.
«Además, dichas comisiones podrán fijar, por la unanimidad de sus miembros, remuneraciones y condiciones de trabajo superiores a las mínimas y comunes a toda la rama de actividad.
«Las resoluciones de las Comisiones Tripartitas referentes a las materias señaladas en los incisos precedentes, serán obligatorias para los empleadores y trabajadores de la respectiva rama de actividad. Su incumplimiento será sancionado conforme al artículo 5° de la presente ley”.
Considerando la debilidad de los sindicatos en nuestro país, el restablecimiento de los tarifados podría ser un primer paso para la consagración de un sistema ramal de negociación colectiva. Lo anterior, podría complementarse con una institucionalidad especial, como la de los consejos de salarios en Uruguay, que logran una cobertura de negociación ramal superior al 90%.
Por cierto, y para que la mayoría de los economistas locales no se angustie con el cuento del lobo, Uruguay tiene el coeficiente de Gini más bajo de la región (más igualitario) y es el país con mayor PIB per cápita de Sudamérica, combinado con una importante clase media, y con educación y la salud estatales y gratuitas. Según la revista Forbes, en el 2019 Uruguay y Chile eran los mejores países para hacer negocios en la región.
