Opinión
Cómo murió Denisse Cortés constituye una pregunta abierta. Serán los tribunales los que respondan a esta interrogante, y nuestra universidad no va a cesar en la búsqueda de la verdad. Sabemos que esta tarea será larga y compleja, y deberá enfrentar muchos obstáculos e intereses. Su familia merece todo el apoyo de la sociedad en la búsqueda de la justicia que se merece.
Pero si bien la causa no está esclarecida, la razón de su brutal muerte está muy clara. Denisse murió porque en nuestro país no existe el derecho a manifestarse públicamente sin temor a ser reprimido de forma abusiva y arbitraria por parte del Estado. El derecho a manifestarse es la expresión pública del “derecho a tener derechos”, que permite a todas las personas, sin excepción, reclamar y exigir que sus derechos sean garantizados y protegidos. El derecho a tener derechos es el primer derecho, porque sin él es imposible la condición misma de ciudadanía.
Por la vulneración de este principio fundamental Denisse se comprometió como voluntaria en la prestación de primeros auxilios en las inmediaciones de la Plaza Dignidad. En la medida en que avanzó en sus estudios de Derecho asumió también tareas de Defensoría de DDHH en terreno, monitoreando los atropellos y abusos de la fuerza policial que cotidianamente acontecen en el contexto de las manifestaciones públicas, y contribuyendo en educación jurídica para ayudar a prevenir y reparar estas situaciones.
Denisse, como defensora de los derechos humanos, actuó para promover, proteger y luchar por la protección y ejercicio de estos derechos y de las libertades fundamentales por medios pacíficos. Naciones Unidas reconoce el papel clave de las defensoras y los defensores de los DD.HH., mandatando a los Estados a su protección particular de forma explícita, en la “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”, de 1998, que señala: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Se ha documentado ampliamente que las mujeres defensoras de derechos humanos están más expuestas a represalias, acoso y violencia, puesto que su rol desafía la cultura patriarcal y los estereotipos de género profundamente arraigados sobre el papel que las mujeres deberían desempeñar en la sociedad. Esto se refuerza en el contexto de nuestro país, marcado por un persistente clima de impunidad e inseguridad generalizado para quienes ejercen esta tarea de defensoría, lo que implica desde acosos selectivos, narrativas estigmatizantes, hasta ataques directos contra su vida y su integridad personal, incluyendo el uso indebido del derecho penal en su contra.
Este clima está en directa relación con la falta de voluntad por parte de las autoridades de Chile para implementar y respetar las medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras, lo que quedó en evidencia al no ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas que defienden los derechos humanos y ambientales. América Latina es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los DD.HH., el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Que el gobierno de Sebastián Piñera se haya negado a suscribir dicho Acuerdo, muestra una pública e inequívoca falta de voluntad y un desprecio a la importancia de la labor de todos los defensores y defensoras. Es una inacción respecto a las investigaciones y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, y una irresponsabilidad en la adopción de políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger a las mujeres que ejercen esta tareas.
Es imposible que el crimen de Denisse no tenga efectos amedrentadores que busquen desalentar la legítima defensa de los derechos humanos. Por eso es tan necesario que el Estado garantice entornos seguros y propicios para su protección efectiva, que prevenga y proteja que esas violaciones ocurran; y que garantice una reacción o respuesta si ello no se ha podido evitar, investigando y sancionando a los culpables. A pesar de todo, nada podrá detener el compromiso de quienes ejercen este deber de humanidad. Como lo afirmó la defensora ambiental hondureña Berta Cáceres: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”.
