Opinión
La renta es, desgraciadamente, un concepto o una categoría económica que se utiliza poco en los análisis políticos y económicos más cotidianos que se llevan adelante en el país. Es, sin embargo, un concepto de primera importancia, que merece tener más presencia en los grandes debates nacionales, dado que Chile ha sido y es un país altamente rentista.
La renta la podemos definir, en primera instancia, como una ganancia extraordinaria que obtienen determinados empresarios que tienen la suerte de trabajar en la explotación de recursos naturales –como los yacimientos mineros– que les aseguran un rendimiento o una productividad mayor que la que tienen otros productores del mismo bien final, pero que trabajan con recursos naturales de menor calidad o riqueza. La renta es, por lo tanto, una ganancia extraordinaria que tiene su origen, o su raíz, en la explotación de un recurso natural rico, escaso y necesario, al cual no todos tienen acceso. Sin embargo, el precio de ese producto en los mercados nacionales o internacionales está dado por las condiciones que presentan aquellos productores que trabajan con recursos naturales de menor calidad o de menor rendimiento. Como el precio es el mismo para todos, el empresario que trabaja con recursos más ricos, obtiene no solo las ganancias del común de los empresarios, sino que obtiene, además, una ganancia extraordinaria, que la ciencia económica denomina renta.
Las grandes empresas que producen cobre por medio de la explotación de las minas de alto contenido de metal –como las minas de la gran minería chilena– obtienen ganancias y renta. El pequeño productor que explota minas de escaso contenido de metal, recibe, en el mejor de los casos, una ganancia igual a la ganancia promedio que se obtiene en esa economía, pero no obtiene renta.
En Chile y en otros países –sobre todo de tradición jurídica hispana– las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado. Pero hoy en día, ellas están generando una ganancia extraordinaria para unos pocos, y no para el Estado. Tratándose, además, de riquezas que amenazan con agotarse al cabo de una cierta cantidad de años, es enteramente lícito que el Estado recupere de alguna forma la renta que esos recursos naturales generan.
Eso es lo primero de lo primero. Recuperar para beneficio de Chile y de los chilenos la renta cuprífera. La nacionalización de la gran minería del cobre, realizada en 1971, bajo el Gobierno del Presidente Salvador Allende, permitió que Chile se apropiara de toda la renta, además de las ganancias, generada por lo que en esos momentos era la gran minería del cobre. Esa nacionalización, y esos recursos, han jugado un rol de primera importancia en la vida económica de Chile, convirtiéndose en un colchón altamente seguro de recursos que han ayudado al funcionamiento y al desarrollo del país. Pero los nuevos yacimientos que se fueron descubriendo y poniendo en explotación terminaron entregados íntegramente a compañías privadas, por la vía de la Ley de Concesiones Mineras, sin que el Estado se asegurara de percibir lo que le corresponde por concepto de renta.
Hoy en día quizá sea difícil nacionalizar la gran minería privada, sobre todo extranjera, por la red de acuerdos internacionales que las protegen, pero es posible, legalmente, apropiarse de la renta, por medio –entre otros instrumentos– de la imposición, incluso con carácter constitucional, de royalties. Logrado aquello hay que seguir produciendo y exportando cobre, incluso en una cantidad más grande que antes y con un porcentaje tan alto como se pueda de valor agregado. El problema no es producir o no producir cobre, sino decidir quién se apropia de la renta correspondiente. Eso es lo primero.
El segundo gran dilema nacional, una vez resuelto el primero, es decidir en qué se invierte o se utiliza esa renta. La respuesta, dado que el cobre se acabará inexorablemente al cabo de un cierto tiempo, es invertir en algo que nos asegure la generación futura de ingresos, una vez que desaparezcan o se reduzcan los ingresos provenientes del cobre. Hay que invertir en generar capacidad productiva y capacidad exportadora, como forma de asegurar la vida de las futuras generaciones de chilenos. Aquí entra el problema de los modelos de desarrollo y del carácter manufacturero y altamente tecnologizado de las futuras exportaciones. Pero, para invertir con acierto, lo primero es tener recursos que invertir. Si no logramos recuperar para el Estado la renta cuprífera, el proceso de generar una nueva matriz productiva durará décadas, pues la capacidad inversora del país seguirá siendo modesta, máxime en un contexto de crecientes demandas sociales propias de la actual fase de nuestro proceso democratizador.
