Opinión
Mientras marchaban con banderas chilenas en Iquique, los(as) protestantes gritaban: “¡Chilenos primero! ¡Chilenos primero! Asimismo, gritaban “¡Viva Chile!”, mientras tiraban las pertenencias de migrantes al fuego. El sentimiento antiinmigrante fue evidente, ligado a un nacionalismo patriótico que, aún en pleno septiembre, no dejó de sorprendernos. Sin embargo, legitimar la idea de “no lo vimos venir” –que tanto sirvió a autoridades y representantes durante el estallido social– sería perpetuar el racismo institucional que permanece escondido, especialmente cuando se intenta explicar estos hechos a nivel individual aludiendo a la xenofobia y actos racistas de esos sujetos en particular. Este hecho revela un fenómeno de mayor alcance: un racismo estructural de Estado. Resulta una consecuencia inevitable, considerando la forma en que el Estado chileno ha abordado históricamente la migración latinoamericana y caribeña, especialmente desde las múltiples restricciones que comenzaron con las que fueron las primeras medidas del gobierno actual: controlar la migración y “ordenar la casa”.
Si bien se puede analizar lo ocurrido en Iquique desde distintas perspectivas, tal como lo han hecho algunos hasta ahora, quisiera destacar un aspecto que cristaliza el racismo de Estado: los diferentes grados de intervención en la protesta. Argumento que el Estado y las agencias estatales legitiman estos discursos antiinmigrante y violencia racial que atentan contra migrantes de América Latina y el Caribe a partir de la no-intervención. Es decir, lo ocurrido en Iquique deviene del carácter permisivo de la policía que distingue entre protestas legítimas e ilegítimas. Por una parte, tal como ha ocurrido en otras manifestaciones antiinmigrantes, Carabineros apenas intervino en medio de esta manifestación violenta, simbolizando esa legitimidad que se le otorga a este “malestar antiinmigrante” –legitimidad que, a partir del desalojo de migrantes del campamento, incitó la quema de pertenencias–. Esto se observa en un video que circula por las redes sociales donde un carabinero está parado en medio de un grupo de protestantes sin intención de detener ni apaciguar la protesta, como sí ha intervenido en aquellas protestas del estallido social.
A su vez, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una entrevista (T13 Radio, 2021) aseveró que debido a los protocolos que sigue Carabineros, solo se justifica una intervención mayor (con gases lacrimógenos, por ejemplo) cuando existen “rasgos de violencia”. Con tal afirmación no solo banalizó el accionar de los protestantes al no considerarlo suficientemente violento para una mayor intervención policial y, por tanto, dirigirse a agredir a migrantes y quemar sus pertenencias no sería violento según su perspectiva. Por sobre todo, validó el actuar de Carabineros al “valorar” su única intervención: avisar a quienes vivían en el campamento que los protestantes se dirigirían allí y que, por tanto, tenían que evacuar para evitar ser agredidos. Es decir, la policía, en vez de detener esta marcha violenta y quienes querían ejercer violencia contra migrantes, interviene solo para que, quienes viven allí, escapen. Este hecho es tan violento como la marcha misma: Carabineros legitima que aquellos chilenos que protestan tienen el derecho de arrasar con las pertenencias de otros que, al parecer, no pertenecerían allí, y que son esos “otros”, migrantes, quienes deben abandonar sus hogares y pertenencias.
La tolerancia y libertad de expresión, sin embargo, deben acabarse cuando se atenta contra los derechos humanos de otros. Es deber de la policía proteger a todos los ciudadanos y no distinguir entre unos y otros. El problema también es que, como vimos en el estallido social, lo que principalmente se defiende es la propiedad privada. Lo interesante es que, en este caso, Carabineros tampoco intervino para detener que los protestantes quemaran las pertenencias de los(as) migrantes, evidenciando que solo protegen la propiedad privada de unos pocos. Y con ello, refuerzan las jerarquías de poder propias de la ideología del racismo.
En síntesis, lo que ocurrió en Iquique revela que el racismo ha estado siempre en la superficie: esperando la oportunidad de estallar. Bastó que el Estado y la policía, a través de desmantelar este campamento, legitimara el acto violento que vendría después, donde algunos chilenos expresaron y dieron rienda suelta a su sentimiento antiinmigrante con la presencia de este “otro”. Estalló. Y estalló con la venia del Estado y Carabineros. El racismo, lejos de ser sutil, dejó ver su cara más violenta. Mientras sigamos teniendo una política migratoria restrictiva y gobiernos que continúan legitimando formas de racismo y violencia contra migrantes latinoamericanos y del Caribe, hechos como el del que fuimos testigos seguirán, lamentablemente, ocurriendo.
