Opinión
Gracias a un extraordinario esfuerzo Chile logró consolidar un sistema educativo que buscaba llegar a todos los rincones, sectores sociales y elevar gradualmente los niveles de escolaridad. Simultáneamente se consolidaba un sistema de educación superior para responder a las necesidades públicas, privadas y de la comunidad. Más que recursos naturales, el factor humano ha sido responsable de los progresos que fue logrando esta “fértil Provincia, y señalada, en la región Antártica famosa”, al decir de Alonso de Ercilla.
En muchos ámbitos, Chile hoy ostenta buenos indicadores en relación a América Latina, pero malos comparados con la OCDE. Esto se da en un contexto en que nuestro camino al desarrollo enfrenta varios desafíos.
Uno es “la Trampa de los Países de Ingreso Medio”, explicada por varios factores: pérdida de competitividad y productividad; insuficiente calidad en la educación; inequidad social, ausencia de ideas innovadoras; baja transferencia del conocimiento; inestabilidad del sistema político, deficiente gestión gubernamental, entre otros.
También enfrenta desafiantes cambios socioculturales: equidad de género, disidencia sexual, inclusión de pueblos originarios, identidades territoriales, migraciones, entre otras. La incapacidad de absorber las demandas derivadas explica que muchas instituciones han perdido legitimidad complejizando la gobernanza en muchos ámbitos. Es justo mencionar que las universidades, especialmente las regionales, mantienen una alta confianza social.
El cambio tecnológico dinamizado por la pandemia ha demandado acelerados ajustes en el quehacer público, productivo, educativo y sociedad civil, planteando incertezas para la organización futura de las actividades, el rol del Estado, empresas, instituciones y familias.
La crisis climática e hídrica que golpea Chile altera nuestros ecosistemas e impone profundas transformaciones en las actividades productivas, el desarrollo urbano y rural. Esto empieza a exigir de las comunidades y empresas afectadas inmediatas innovaciones tecnológicas en su producción. Eso genera nuevas inequidades, pues las grandes empresas con mayores recursos acceden a tecnologías caras e importadas y el resto queda desamparado. Aquí es clave que el Estado invierta en fondos de investigación e innovación tecnológica en alianza con universidades y otros centros a lo largo del país.
En la dimensión territorial hay una elevada concentración de actividades en torno a la capital nacional y desiguales niveles de desarrollo entre regiones, comunas, sectores urbano y rurales. Estas realidades son parte del malestar ciudadano y tema priorizado en la agenda de la Convención Constitucional.
Abordar estos retos exige revisar las políticas públicas en educación superior, en particular el financiamiento a nuestro desarrollo científico y la formación de capital humano calificado. Chile invierte menos del 0.4% del PIB en ciencia, un 1/6 del promedio OCDE.
El desarrollo de Chile, armónico y equilibrado, exige elevar la inversión en programas de posgrado en regiones, pues eso mejora la calidad de la administración pública territorial, y la productividad y competitividad de las empresas. También nutre con especialistas calificados los centros de investigación y laboratorios públicos y privados. Los programas de especialidades médicas y odontológicas reducen las desigualdades en el acceso a la salud. Las regiones con una variada oferta de diplomados, postítulos, magísteres y doctorados se hacen más atractivas y revierten la grave “fuga de talentos”.
Siendo evidentes sus beneficios, la formación de posgrado en regiones ha recibido escaso apoyo en las políticas de educación superior y de descentralización. Las universidades regionales han impulsado cientos de estos programas, sorteando grandes obstáculos que se agudizan en territorios de menor población o de zonas extremas.
Una de las dificultades, vinculado al dato demográfico, es el bajo número de participantes. Las universidades regionales ofrecen el 48% de los programas de doctorados y el 33% de magísteres en Chile, sin embargo, la matrícula sólo llega al 25%. Agrava esto que, en muchos casos esos programas son sustentados con recursos de las propias instituciones, implementando sistemas de becas y otros beneficios para los participantes.
Dichos programas enfrentan exigencias de acreditación adecuadas para instituciones grandes pero complejas para muchas regionales. En el caso de las especialidades médicas, a las exigencias de claustros y otros, se agregan demandas sobre los centros hospitalarios vinculados. “Calidad medida en el contexto”, ese debería ser el criterio rector.
Todos estos retos sólo podrán enfrentarse si se asume la urgente necesidad de formar capital humano avanzado en todo Chile. Esta ha sido la misión de las universidades regionales, esa debiera ser una prioridad de las nuevas autoridades regionales y también, un mandato de la nueva Constitución. Chile lo agradecerá.
