Opinión
Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2020. El 25 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que «la abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020». De acuerdo con esta agencia de la ONU, la desaceleración económica causada por el COVID-19 «no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones».
La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los seis gases con efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, «el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto». En cuanto al metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.
Si se mantiene el actual crecimiento de la concentración de gases con efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará por lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o máximo 2 °C por encima de los niveles preindustriales.
Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado, el 26 de octubre, que se deja al mundo en camino a un aumento de temperatura global de al menos 2,7 °C para este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021. El informe señala que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas y demás compromisos voluntarios asumidos para 2030 (las metas obligatorias por grupos de países del protocolo de Kyoto fueron abandonadas en 2015 en el Acuerdo de París), solo evitan un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) pronosticadas para 2030, en comparación con la anterior ronda de compromisos. Para mantenerse en la ruta hacia el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, se necesitan reducciones de emisiones del 30% desde las cerca de 60 GtCO2e actuales. Y del 55% para alcanzar el objetivo de 1,5°C. Según el PNUMA, las promesas de alcanzar la neutralidad de emisiones son todavía imprecisas e inconsistentes con la mayoría de las NDC para 2030.
El gobierno de Piñera expuso también el 26 de octubre sus metas en la materia, las que deberán ser revisadas, evidentemente, en marzo. Al 2025, plantea el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional, sumar entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos, establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio y que el 100% de las áreas marinas protegidas pre 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030 plantea que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, el aumento en el 50% de la red de estaciones de glaciares, implementar flotas cero emisiones en la gran minería y que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios. Al 2040, plantea que se retiren o reconviertan la totalidad de las centrales a carbón, que el hidrógeno verde sea el 20% de la matriz de combustibles del país, que el 100% de los buses, taxis y colectivos sean cero emisión y se reduzca en un 40% el ingreso de residuos en mares y playas. Al 2050 postula que la matriz energética sea en un 100% cero emisiones, se reduzca en 70% las emisiones de la industria y minería y que un 30% a 50% de especies amenazadas cuente con Planes de Recuperación.
Este plan es insuficiente, aunque tiene el mérito de existir. El corazón del tema en Chile es que la mayor parte de la electricidad la siguen generando las centrales a carbón –las que más emiten CO2 a la atmósfera– mientras el transporte y diversas actividades siguen basadas en el uso de hidrocarburos. Las centrales a carbón deben salir del sistema ojalá en 2025 y en todo caso no más allá de 2030, y no hacia 2040 como plantea el gobierno, lo que requerirá fuertes inversiones en los sistemas de transmisión para permitir una mayor incidencia de la energía solar y eólica, e invertir en geotermia para asegurar la estabilidad del sistema.
Debe acelerarse, por otro lado, la generación eléctrica distribuida en los hogares para uso domiciliario, la electrificación del transporte público y privado, así como el uso de baterías basadas en hidrógeno verde en la minería y otras actividades de transporte, junto con aumentar el reciclaje de residuos y la disminución del uso de los bienes con residuos no reciclables, incluyendo evitar el consumo de bienes con obsolescencia programada. Lo que está en juego es transitar a una nueva estrategia de desarrollo que permita un mayor bienestar equitativo y sostenible de las actuales generaciones y la propia supervivencia, en las condiciones actualmente conocidas, de las futuras generaciones.
