Opinión
El proceso constituyente avanza y, tras la aprobación de sus reglamentos, la Convención Constitucional ha iniciado el análisis de los contenidos de la futura carta magna. Los convencionales tienen una enorme tarea, puesto que deberán abordar una amplia variedad de propuestas y ensamblarlas en un texto constitucional coherente, que refleje el sentir de la ciudadanía que se ha movilizado para que este proceso sea posible.
Para mantener el diálogo y vínculo permanente entre quienes detentan el poder formal y las ciudadanas y ciudadanos, se creo un reglamento de participación popular. Este conjunto de disposiciones recoge normas de los derechos humanos a nivel internacional, con un fuerte acento en la inclusión. Innovando en métodos, riguroso en requisitos, y, ambicioso en objetivos.
Pero esto no es suficiente. Es necesario sortear una serie de complejidades para hacer viable esa promesa participativa muy por encima de los pobres estándares a los que nos acostumbró la institucionalidad chilena en los últimos 30 años. De acuerdo al reglamento, la participación debe incidir en la deliberación de las comisiones temáticas.
Una vez implementados, los mecanismos de participación se podrían extender como máximo hasta que la Convención comience a redactar el articulado. Si esta última etapa ocupa los 3 meses finales de trabajo, es decir abril, mayo y junio de 2022, la retroalimentación ciudadana no podrá extenderse más allá de marzo.
Habrá 4 meses para que la ciudadanía entregue sus aportes, un período extremadamente breve para la cantidad y variedad de mecanismos, más aún si se considera que tendremos un proceso electoral en el intertanto y que febrero suele tener menor actividad. Es crucial promover y validar los mecanismos participativos, procesar con la mayor rapidez los resultados, retroalimentar el proceso y asegurar la trazabilidad.
Participación popular no es sinónimo de reuniones desordenadas entre quienes lleguen a ellas. Se debe apuntar a masividad e inclusión, a un encuadre claro de expectativas de quienes participan y, sobre todo, a incentivar la deliberación ciudadana con incidencia. Es fundamental tener definido cómo se convocará y cómo se procesará lo recibido, antes de comenzar con la implementación de los mecanismos.
¿Cuáles son las urgencias? Que una vez instalada la Secretaría Técnica de Participación Popular, sus integrantes se aboquen a disponibilizar recursos humanos, técnicos y económicos para comenzar el trabajo ciudadano a la brevedad.
De acuerdo al texto aprobado, habrá diversas fuentes de financiamiento tanto directas como indirectas que deben cubrir las Cuentas Públicas Obligatorias, las Audiencias Públicas y las Semanas Territoriales. Pero también están los Cabildos Comunales y las Oficinas Territoriales, los mecanismos autoconvocados, campañas para la presentación de Iniciativas Populares de Norma y la organización de los Encuentros Autoconvocados. Los recursos para implementar los mecanismos de participación, bordean los $1.500 millones.
Finalmente, se requiere un esfuerzo de comunicación hacia la ciudadanía respecto de las oportunidades y sentido de la participación popular en el proceso. Los mecanismos deben ser conocidos ampliamente, transparentes, vinculantes, pero también sencillos, al alcance de cualquiera, atractivos, que inviten a involucrarse.
La ruta está trazada reglamentariamente. Ahora se requiere que la Convención actúe con urgencia máxima, que el ejecutivo entregue los recursos requeridos y facilite la dotación funcionaria para la Secretaría Técnica. Es vital iniciar cooperación con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, que puedan contribuir a sacar adelante esta importante tarea, de la cual depende en gran medida la adhesión ciudadana al proceso constituyente.
