Opinión
Esta columna hace un sucinto recorrido de los aspectos principales del capítulo sobre migraciones (a veces mencionados en otros apartados) de los candidatos presidenciales José Antonio Kast Rist y Gabriel Boric Font, ambos descendientes de la inmigración europea.
No cabe duda que los planteamientos sobre migraciones de la primera vuelta van a ser morigerados con vistas a la segunda y definitiva vuelta, en función de los distintos aportes de las candidaturas perdedoras que están dando apoyo a los finalistas de la contienda electoral. Sin embargo, es difícil saber en tan corto tiempo cuáles son las medidas que efectivamente van a integrar en sus postulados, por lo cual hemos preferido ceñirnos estrictamente a lo planteado en sus programas originales. Pensamos que, de una forma u otra, dan cuenta de las intenciones primigenias en esta materia de cada pacto de gobierno. Uno de ellos gobernará en los próximos 4 años, período en el cual el factor migratorio representará un papel decisivo en la conformación poblacional y transformación social de Chile.
El incremento explosivo de la migración en el último decenio ha significado una gran presión sobre el Estado y la sociedad chilena. La explosividad de este crecimiento –hoy son 1, 5 millones, predominantemente venezolanos, representan un tercio del total de los inmigrantes– hace mucho más compleja la posibilidad de una integración gradual y armónica en la estructura social.
La nueva Ley de Migración y Extranjería (abril 2021) ha reemplazado a la Ley de 1975 y surge luego del trabajo de varios gobiernos en democracia. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en abril de este año. Se está a la espera del reglamento para su plena vigencia.
La ley promueve el respeto y garantía de los derechos de los migrantes. Si bien se reconoce la libertad de emigrar y de circular por el territorio nacional, el Estado, de acuerdo con sus atribuciones legales, podrá decidir mediante un sistema de visado a quién ha de admitir en su territorio. Esto no se contradice en absoluto con el respeto a los derechos humanos como algunas oenegés han indicado, confundiendo así a la opinión pública.
Mediante la ley, el Estado asegura a los extranjeros la igualdad y la no discriminación. A su vez, reconoce la contribución de la migración en el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.
Llama la atención que en ambos programas no se haga mención a que el fenómeno migratorio responde a causas multidimensionales, una de ellas dice relación con el momento que vive nuestro país en su transición demográfica. La tasa de crecimiento anual de población 2010 – 2020 fue de 1,3 % y la de la migración fue de 17 %. De hecho, el 40 % de nuestra tasa de crecimiento demográfico se ha debido al efecto migratorio directo. E indirectamente en este mismo lapso han nacido 195.803 niños con al menos un progenitor extranjero. La natalidad ha caído en un 25 %. Sin embargo, la proporción de nacimientos con al menos un padre extranjero ha pasado de un 3 % en 2010 a un 16 % en 2020 (elaboración del autor con base en datos del Registro Civil).
La tasa de fecundidad es actualmente de 1,6 hijos por mujeres en edad reproductiva, por debajo del reemplazo que es de 2,1. Y considerando los factores determinantes de la baja de la fecundidad, en particular el ingreso de las mujeres al mundo laboral junto con el incremento de sus niveles de escolaridad, esta tasa podría seguir bajando aún más en los próximos años. Por otro lado, la estructura demográfica envejece. En 2010, el 8 % de la población tenía más de 65 años; el 2020, esta cifra alcanzó el 12 %. Y el INE estima que para el 2035 este número alcanzará el 19 %. Más aún, Chile vive un marcado envejecimiento del envejecimiento: las personas mayores de 80 años cada vez representan una mayor proporción entre los adultos mayores: este grupo es el que requiere más apoyo y cuidado.
Veamos qué dicen los candidatos sobre migraciones.
En este programa se evidencia preocupación respecto de la baja de la natalidad. Se señala que se pondrá en funcionamiento un subsidio asociado a los nacimientos. Se propone “el otorgamiento de subsidio adicional o incluso total, a los postulantes al subsidio habitacional que posean la nacionalidad chilena, que posean 2 o más hijos y que estén legalmente casados, a modo de incentivo a la natalidad por parte de las mujeres chilenas”. Llama la atención el énfasis que se coloca en la nacionalidad de las mujeres: deben ser chilenas. Esto va en contra del principio de igualdad ante la ley de nacionales y extranjeros en situación regular (la gran mayoría). Se aprecia un castigo al hecho de tener una nacionalidad distinta a la chilena, lo cual acarrea una diferencia odiosa entre hijos de mujeres nacionales y extranjeras. Esta propuesta es ajena a la nueva Ley de Migración y Extranjería y nuestras bases constitucionales actuales y, qué duda cabe, futuras.
En materia específica de inmigración se señala que se va a “exigir el cumplimiento de la ley vigente y reforzar los controles y las herramientas que tiene el Estado para aplicar efectivamente la ley”. Sin duda que este punto no es debatible, toda vez que está presente en la nueva legislación.
Se enfatiza la necesidad de una inmigración de personas con calificaciones y estudios que puedan contribuir al desarrollo de Chile y que se debe actualizar la normativa para promoverla. En este punto se parte del supuesto que solo las personas calificadas y con estudios son necesarias en nuestro país. Es una mirada estrecha, pues nuestra nación necesita técnicos y profesionales, pero también gente de bien que pueda emprender o trabajar en actividades de baja calificación. La decisión de la magnitud y caracterización de la migración es una tarea necesaria y el Estado debe esbozar los criterios de ingreso, mas nunca en función solo de una condición asociada a un rasgo de formación formal universitaria.
El programa de Kast plantea un control riguroso de las fronteras y rechaza la inmigración ilegal a todo evento. Llamativamente se urge a revisar nuestra reciente legislación. Se dice que “a fin de convivir con el nuevo mundo globalizado, el cual trae aparejados nuevos desafíos en la relación con quienes, siendo extranjeros, han elegido nuestro país para vivir y desarrollarse. Tal como cualquier país desarrollado, será necesario revisar nuestro sistema de visas, incluidos los acuerdos bilaterales que se encuentren vigentes a fin de perfeccionar nuestros instrumentos de ingreso y permanencia en el país”. Este punto es muy delicado, ya que hoy en día existe el Acuerdo de Residencia Mercosur, mediante el cual personas de nacionalidad boliviana, paraguaya, brasileña, argentina y uruguaya (también se incluye a Chile), pueden optar por la residencia con la única fundamentación de la nacionalidad. Este mecanismo ha permitido que la mayor parte de la inmigración boliviana, que se concentra en el norte de nuestro país, haya accedido a la residencia temporal y luego definitiva a través de este Acuerdo Mercosur, en vigencia desde diciembre del año 2009. Es más, en la nueva ley se señala que Chile respetará los acuerdos internacionales en materia migratoria, por lo cual se ve difícil que esta medida pueda ser revocada, a pesar de que nuestro Parlamento podría poner fin a este acuerdo migratorio internacional de alcance limitado.
En este programa se presentan varias innovaciones en el asunto migratorio. Señala que se habilitarán residencias humanitarias para facilitar el acceso a vivienda de emergencia, haciendo mención de la inmigración. El hecho de introducir el acceso a la vivienda en esta materia muestra la confusión programática en esta materia. La ley de Migración y Extranjería entrega la posibilidad de subsidio habitacional para el acceso a la vivienda a los extranjeros que hayan obtenido la residencia definitiva. El hecho de introducir cambios en la reciente ley entrega señales equívocas a los potenciales migrantes que deseen establecerse en nuestro país.
Esta candidatura plantea impulsar la firma y ratificación del Pacto Global Migratorio. En este sentido, debe indicarse la razón de fondo que tuvo la administración del Presidente Piñera para no firmar el Pacto de Marrakech. El motivo fundamental para marginarse de este Pacto dice relación con, por una parte, la escasa claridad en la distinción entre migrantes regulares e irregulares. Esta ambigüedad va en contra de la nueva ley, que tiene como eje central promover la regularidad y combatir la irregularidad. Por otro lado, el Pacto pide garantizar apoyo financiero y jurídico a los migrantes que retornan a sus países en sus procesos de reintegración. Es complejo para un país preferente de destino migratorio en Latinoamérica, como Chile, que asuma el compromiso de garantizar las condiciones en que se produce el reingreso del migrante a su país de origen. Chile, fiel a su historia jurídica de respeto a los acuerdos internacionales, debe ser muy cuidadoso con firmar compromisos que luego devienen en imposibles de cumplir. Las argumentaciones esgrimidas por el Gobierno son entendibles.
El programa de Boric plantea la necesidad de “una política migratoria regular, ordenada y segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca los beneficios de la interculturalidad y promuevan una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes y refugiadas en la sociedad”.
Se propone mejorar los sistemas de regularización migratoria, no se dice cómo, y potenciar los mecanismos de protección de los grupos más vulnerables, tampoco se dice si habrá una suerte de discriminación positiva de los migrantes de menores ingresos respecto de los nacionales de ese mismo grupo. Según la encuesta Casen 2017, no había gran diferencia en pobreza multidimensional entre ambos grupos: 25 % en extranjeros y 21 % en chilenos. Por esa razón, cualquier medida que diferencie entre inmigrantes y nacionales debe ser adoptada de manera muy cuidadosa, pues puede generar un impacto negativo en la relación entre ambos grupos y menores posibilidades de integración y armonía social.
También se plantea que se buscará “consolidar mecanismos de coordinación internacional para minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen y abordar por medio de la cooperación las crisis humanitarias”. Esta definición es muy interesante si se considera que el país que produce mayor emigración hoy en el mundo es Venezuela, seis millones en los últimos años, y el Partido Comunista, integrante de Apruebo Dignidad, es un claro defensor del gobierno venezolano.
En los principios declarados del programa de Boric se reconoce la necesidad de una migración regular y que se deben “mantener condiciones de control de frontera que eviten la migración irregular a través del combate a las redes de trata y tráfico de personas, y mediante mecanismos de empadronamiento y evaluación de la situación de quienes a pesar de los controles ingresen clandestinamente. Quienes hayan cometido delitos graves o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país”.
Se coloca énfasis en el enfoque de derechos y la interculturalidad. En esto no hay novedad, ambos enfoques han estado presentes desde el regreso de la democracia en las políticas sectoriales sobre migraciones, lo cual ha sido cristalizado en distintos artículos de la nueva ley.
En cuanto al enfoque territorial, se dice lo siguiente: “Los procesos migratorios tensionan los territorios, ninguna sociedad está preparada espontáneamente para incluir a las personas migrantes, por ello el Estado cumple un papel esencial en crear las condiciones para que las tensiones inherentes a la migración, no deriven en conflicto, violencia y un incremento de la vulnerabilidad. El apoyo a las comunidades y territorios de recepción es esencial y en esa línea nuestro programa fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes, asegurando el bienestar de las comunidades receptoras”.
Esta propuesta incluye de manera explícita la perspectiva de género. No obstante, no se entregan mayores detalles de su implementación.
La migración es un fenómeno que ha llegado a Chile muy recientemente y que todo indica seguirá gravitando con fuerza en nuestra vida y organización social. Disponemos de una nueva Ley de Migración y Extranjería que cumple con las exigencias y pautas internacionales. Por lo mismo, cualquiera sea el veredicto en las urnas del próximo 19 de diciembre, es importante que los candidatos se comprometan a respetar la ley y actuar en consecuencia. De esa manera se dará estabilidad al fenómeno migratorio, con seguridad, ordenamiento, regulación, regularidad y dignidad.
