Opinión
Hace unos días, El Mostrador publicó una entrevista al destacado latinoamericanista alemán, especialista en Chile, Detlef Nolte. En ella realizaba un acertado análisis de las elecciones y preveía algunos escenarios en el caso de ganar José Antonio Kast.
Al preguntarle con qué gobierno podría ser comparable internacionalmente, Nolte respondió: “No es ni Trump ni Bolsonaro. Le falta el elemento polémico y eso tampoco corresponde al temperamento chileno. Al final, formaría un Gobierno conservador ‘normal’ y limitado en sus posibilidades con la mayoría existente. No veo que Pinochet vuelva al poder ni que el fascismo se levante en Chile”.
En términos gruesos el análisis es correcto. Para ser más precisos, en términos de la institucionalidad estatal político-partidista. Existen, sin embargo, cuatro aspectos a los que, a mi juicio, es necesario dar una mirada más profunda. Y si bien no se refieren a la posibilidad de implementar un régimen fascista, sí de asumir algunas de sus características o de generar condiciones para ello.
Es efectivo que quien salga electo quedará a merced de un Parlamento que le obligará a buscar consensos para legislar. Pero también lo es, y este es el primer punto, que se puede omitir legislar (como menciona Nolte), acentuando tendencias cuyas consecuencias, entre otras, pueden ser seguir aumentando la desigualdad y con ello las tendencias socialmente radicalizantes. La Presidencia de la República, sabemos, dispone de iniciativas legales exclusivas, como aquellas que implican gasto público. De modo que sin mayor problema se puede poner freno a una agenda progresista.
Un segundo aspecto es el amplio margen que tiene la gestión presidencial para actuar por la vía de actos administrativos, que le permiten soslayar al Congreso. Esto puede expresarse tanto en la continuidad como en la eliminación de políticas públicas. O en la supresión de reparticiones estatales (no servicios públicos) cuya función es, por ejemplo, mediar entre los más poderosos y los demás ciudadanos, o velar por que los primeros compensen los daños que sus iniciativas empresariales producen en la calidad de vida de los segundos. Por lo mismo, no se debe menospreciar esta vía como medio de transformación social.
Otro elemento que se puede deteriorar es la valorización de los derechos humanos y su fomento estatal. Con esto no me refiero a la vistosa negociación del candidato Kast con el excandidato Sichel, para mantener el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino a cosas no tan evidentes. Como, por ejemplo, continuar o no con las causas judiciales posteriores al 18 de octubre. No menos relevante es si se va a avalar o incluso fomentar la desmedida acción represiva policial. O qué postura se asumirá frente a la militarización y paramilitarización de La Araucanía.
Por último, también está la pregunta sobre qué sucederá con los adherentes de Kast que cometan actos de violencia, en el hipotético caso que lo hicieran. Racial, de género o similares. No hay que olvidar los dichos de un recién electo diputado, respecto de la violación de las mujeres y de la pertinencia de su derecho a voto. No quiero decir con ello que se vaya a incentivar explícitamente dichos actos: basta con extremar el discurso y luego no condenar los hechos o no perseguir culpables. No estaría de más recordar las tristemente famosas SA alemanas que, por la vía de la violencia civil, prepararon la llegada de Hitler al poder diez años antes que este asumiera.
En síntesis, el análisis de Detlef Nolte es, a mi juicio, correcto, para lo márgenes institucionales de la política partidista y los grandes marcos normativos de la política pública. Pero no basta con esa mirada. Es efectivo, como bien formula, que no se trata del regreso de Pinochet por la vía electoral. Como también lo es que no se puede asumir de manera mecánica que un gobierno de ultraderecha signifique la instalación del fascismo.
Pero no hay que perder de vista que sí puede radicalizar tendencias sociales y fomentar visiones totalitarias que deterioren aún más el ya enclenque Estado de Derecho, al punto que este tipo de opciones políticas tengan viabilidad en el futuro próximo.
