Opinión
Más de 100 alcaldes han tomado el toro por las astas en el tema de suministro de gas licuado (GLP) y en buena hora, ya que ello ha contribuido a que por fin la autoridad anuncie que regulará este mercado.
Todo parte con un lapidario informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto al mal funcionamiento de este mercado y también el de gas natural. En él se recomienda la desintegración vertical del mercado de GLP y la apertura de redes de distribución de gas natural, lo que debiera resultar en aumentar la competencia y, por tanto, en una baja los precios.
El gas licuado que se utiliza en Chile es principalmente importado, solo alrededor del 20% se obtiene de las refinerías de ENAP. El gas que se importa llega por vía marítima a terminales especiales para estos fines, a los cuales pueden acceder exclusivamente las distribuidoras. Gasco, Abastible y Lipigas. Estas empresas también pueden hacerlo a los terminales que para estos fines tiene ENAP.
Lo más impresionante del informe de la FNE es que el margen de las distribuidoras ha oscilado entre el 50 y 55 por ciento del precio en los últimos años. Lo anterior no se condice con los costos involucrados en la cadena de producción de este combustible. Es así como su producción conlleva desde obtener las materias primas con las cuales se produce, esto es, petróleo y/o gas natural, desde pozos que por lo general alcanzan varios miles de metros de profundidad. Su elaboración continúa con procesos físicos y químicos para la separación de otros componentes de las materias primas y luego, en el caso de que la materia sea gas natural, debe someterse a altas presiones para licuarlo. En este estado líquido se transporta desde las refinerías de petróleo o plantas de procesamiento de gas natural, hasta las plantas de almacenamiento y distribución. Por su parte, la distribución corresponde solamente a almacenar, envasar, transportar y vender el gas en el territorio nacional. Es decir, en simple, los usuarios pagamos lo mismo por toda la compleja cadena de producción descrita que por la distribución y comercialización. Cabe destacar que el margen de las distribuidoras chilenas en más de dos veces el aquellas que operan en Estados Unidos.
Teniendo en cuenta que una gran parte de las viviendas de las regiones del centro-sur de Chile usan leña para calefacción y en algunos casos también para la cocción de alimentos con el consiguiente impacto ambiental por la contaminación ambiental, particularmente intradomiciliaria y el consecuente daño a la salud, bajar los precios del gas licuado implicaría aumentar su competitividad frente a la leña y otros combustibles más contaminantes, trayendo beneficios no solo a la economía de las familias.
Pese a que la idea de los alcaldes es loable, ello significa invertir recursos tanto de los municipios como de ENAP para viabilizar a iniciativa y conlleva riesgos de seguridad no menores. Probablemente la solución más rápida y de menor costo es mejorar la regulación.
Es lamentable que se haya tenido que llegar a esta situación para que la autoridad tome cartas en el asunto.
