Opinión
Los incendios a lo largo de la historia han tenido múltiples usos, pero también han develado ciertas problemáticas cuando estos afectan a los territorios, a los ecosistemas y a las comunidades, siendo un factor protagonista en diversas catástrofes que han enlutado más de alguna vez nuestra memoria.
En Chile los incendios en general no son naturales, el 99,7% de los focos tienen un origen antrópico, ya sea por causas intencionales o accidentales (Conaf, 2009), y su propagación dependerá de múltiples condiciones, tales como las territoriales, ambientales, orográficas, climáticas y características de la habitabilidad.
Algunos de los impactos negativos de los incendios forestales son la desaparición de hábitat, cambios del ciclo hídrico, degradación del suelo y contaminación atmosférica, entre otros. En este sentido, la vegetación nativa vendría siendo la más perjudicada en comparación con las plantaciones forestales de pino y eucaliptos. De acuerdo a los datos disponibles de Conaf, de un total nacional de 211.320 incendios ocurridos entre 1984 y 2020, con un total de 2.629.745 hectáreas de vegetación afectada, el 69% corresponde a vegetación natural y el 31% corresponde a plantaciones forestales.
La zonas centro y sur del país son las más afectadas en cuanto a los incendios forestales, no olvidemos el “Gran incendio de Valparaíso” ocurrido en el año 2014, considerado el mayor incendio urbano de la historia de Chile, que afectó también a la vegetación nativa y a las plantaciones forestales; y la “Tormenta de Fuego” ocurrida en el año 2017, que casi elimina por completo la localidad de Santa Olga en la Región del Maule, entre otras catástrofes.
En cuanto a las principales causantes de los focos de incendio, se relacionan, principalmente, con dos áreas de la economía. Por un lado, la actividad silvoagropecuaria, que a través de la tala y quema “controlada” permite su expansión en el territorio, mediante el despeje y mejoramiento de los pastos para alimentación de ganado. Y, por otro lado, donde nos enfocamos en esta columna, incendios vinculados con la actividad inmobiliaria, que conquistan suelos muchas veces en sectores desregulados, fuera de los límites urbanos y/o en las zonas de interfaz urbano-rural o urbano-forestal, y que exponen a las comunidades y ecosistemas a causa de una normativa e institucionalidad nacional que son deficientes en relación con la prevención y mitigación.
Por lo tanto, son relevantes las iniciativas legales expuestas por la Cámara de Diputados y Diputadas entre los años 2020 y 2021, con el proyecto que modifica la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Forestal, el cual fusiona diferentes iniciativas legislativas. El texto del proyecto de ley refundido fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente en el mes de mayo de 2021, pero aún falta su votación en particular para ser votado en Sala.
A modo de contexto, la actual Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, en su primer artículo, habla de proteger, recuperar y mejorar los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, sin embargo, no legisla frente a la amenaza de incendios forestales en áreas rurales ni en las zonas de interfaz urbano-rural, por lo tanto, estaría siendo insuficiente en su objetivo principal de protección y preservación del bosque nativo.
Con esta propuesta de Ley de refundido de la Cámara de Diputados y Diputadas, hay nuevos artículos para la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283). Se propone una mayor precisión, ya que considera modificaciones que permiten que se protejan los bosques y suelos siniestrados por incendios forestales. Precisa conceptualmente e indica temas relevantes que no están evidenciados en la ley actual, como, por ejemplo, que el Estado debe propender a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, velando por la seguridad de la población, resguardando también los ecosistemas naturales y velando por su conservación, algo que debió haber estado estipulado desde la creación de la ley.
Asimismo, señala algunas prohibiciones en el Art. 46, por ejemplo, que se realicen actividades diferentes al uso establecido previo al siniestro, o que sea incompatible con la recuperación vegetacional; también de “cambiar el uso de suelo en conformidad con el Art. 5 de la L.G.U.C.”; y conceder permisos de construcción, la ampliación de caminos u otras obras de urbanización. Además, establece que se debería recuperar la biodiversidad y las funciones ecosistémicas del área siniestrada con acciones de conservación y restauración, con especies nativas que cobran especial importancia en el contexto actual del cambio climático.
En cuanto a la actual Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C.) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.), dicha iniciativa legislativa plantea incorporar artículos donde se considera la zona de interfaz urbano-rural forestal, áreas de riesgo por desastres naturales y antrópicos, prohibiciones y medidas señaladas en otros cuerpos legales tales como el límite urbano. Es necesario mencionar que, actualmente, algunos instrumentos de planificación territorial se encuentran desactualizados, por lo tanto, los proyectos inmobiliarios se expanden hacia terrenos que no tienen características para habitar/urbanizar, incluso presionando el límite urbano. Es por ello que es de suma importancia que, en los instrumentos de planificación y regulación del uso de suelo, estén definidas estas áreas y que sean actualizadas periódicamente en los instrumentos de escala regional, metropolitana y comunal, ya que, si no existe una planificación sustentable del territorio y el medioambiente, ni preventiva, desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastres, las inmobiliarias tienen todo a su favor para seguir desarrollándose, traduciéndose en una amenaza latente para las comunidades y ecosistemas.
También se plantea modificar el D.L 2.565 que sustituye el D.L 701 de 1974, se propone un artículo sobre los incendios en terrenos forestales y la prohibición de desafectar un terreno declarado forestal en un período de tiempo de 30 años. Otra modificación, que es clave para crear una planificación sustentable y una población más resiliente frente a los efectos del cambio climático y los actuales riesgos que se viven diariamente, es la modificación a la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medioambiente, donde se incorporan artículos sobre educación, programas de concientización y sensibilización para la prevención de incendios forestales, el cuidado al entorno y los ecosistemas naturales. Además, se plantea llevar a cabo, a escala local, la realización de obras y actividades sustentables en las áreas siniestradas, que contribuyan al desarrollo de las comunidades y que no afecten de manera negativa a las especies nativas.
Para constatar la situación de los incendios y los cambios de uso de suelo, a modo de ejemplo analizamos el Área Metropolitana de Valparaíso (AMV), en este territorio los focos de incendios intencionales se ubican en general en la Zonas de Extensión Urbana ZEU (zonas normadas por PREMVAL, 2014), en la interfaz urbano forestal, y/o cercano a estas zonas.
En dichos territorios existe una alta densidad de focos de incendios forestales intencionales, con un aumento de 19,23% desde el año 1985 a la temporada 2020 –según data de Conaf–, concentrándose la mayor densidad de incendios en las áreas periurbanas, quebradas, cerros de las comunas de Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana principalmente, y en algunas comunas fuera de la AMV, como San Antonio y Cartagena.
En el AMV se aprecian cambios en las características del suelo a causa de las particularidades del proceso de urbanización, desarrollo inmobiliario, al avance de la agricultura y silvicultura, y por las áreas siniestradas constatadas en los últimos 20 años, las que afectan las condiciones ambientales y territoriales. Para dimensionarlo, comparamos dos imágenes de los años 2001 y 2021 (Imágenes 1 y 2), en las cuales se aprecian cambios sustanciales en la última década: la constante pérdida del bosque esclerófilo (verde oscuro); disminución y/o desaparición de los cuerpos de agua (negro), cuyo caso más grave es el retroceso de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, que pasó de 1.108 hectáreas en el año 2001, a solo 88 hectáreas para el mes de enero año 2021 (Imagen 2, zoom a Placilla de Peñuelas y Quilpué); y la gravedad de la afectación territorial de un incendio, como el que sucedió en enero 2021 (rojo).
Imagen 1: Comparativa cambio uso suelo por incendio 2001-2021
Imagen2: Comparativa cambio uso suelo por incendio 2001-2021, Placilla de Peñuelas y Quilpué
Los focos de incendios intencionales tuvieron un especial protagonismo en diciembre de 2020 y enero de 2021, con el último gran incendio que sucedió en las comunas de Valparaíso y Quilpué, el cual se originó al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Zona Núcleo RB), sector “La Engorda R.N.L.P.”, y que mantuvo en alerta roja a ambas comunas.
Podemos visualizar una comparativa de imágenes del mes de diciembre 2020 y otra de enero 2021 posincendio (Imagen 3). En este evento, la superficie siniestrada estimada fue de 4.000 hectáreas en la comuna de Quilpué y 30 hectáreas en la Hacienda las Palmas, Placilla de Peñuelas, comuna de Valparaíso.
Este incendio no solo afectó a las plantaciones forestales –sino que también y lo más grave– a lo que queda de bosque esclerófilo, avanzando hacia viviendas, y dando paso a la evacuación de la población. Sectores donde además en los últimos 10 años han crecido y avanzado notablemente los proyectos inmobiliarios. Y que incluso, podría dar luz verde a nuevos anteproyectos en sectores siniestrados y/o cercanos, a pesar de la presión ejercida por las comunidades de que se protejan como áreas de interés ambiental.
Imagen 3: Incendio Forestal diciembre 2020, enero 2021 (post incendio), comunas Valparaíso y Quilpué
Por último, a partir de las constataciones reveladas para el caso del Área Metropolitana de Valparaíso, y de la necesidad de actualizar la normativa vigente, tanto en la protección de la vegetación nativa como en materia urbana, vemos necesario que el proyecto de ley siga avanzando en los trámites legislativos, antes de que sea demasiado tarde para la nueva temporada de incendios que se avecina, la cual está enmarcada en una crisis hídrica y climática que no da tregua.
Además, porque esta iniciativa legislativa viene a mejorar, tanto la normativa vigente para proteger nuestros bosques nativos y ecosistemas como para restringir y regular el avance inmobiliario hacia suelos en terrenos siniestrados, ya que es una realidad que existen focos de incendio intencionales que conquistan suelo con dichos fines, incluso en zonas con condiciones de riesgo socionatural y desreguladas.
Por lo tanto, hacemos el llamado a que se legisle en esta materia, para proteger a los territorios, prevenir los siniestros con estos fines, y por constituir una amenaza para la vida de las personas y de los ecosistemas.
