Opinión
Las Agregadurías Agrícolas cumplirán muy pronto 30 años, desde que empezaron a operar bajo la gestión del entonces ministro de Agricultura, Emiliano Ortega. Gran iniciativa en ese entonces. A través de los años han crecido en número, y sus objetivos y actividades han sido revisadas en más de una ocasión. Nos parece que ahora ya es el momento de pensar en el conjunto de la institucionalidad que deberíamos tener para un efectivo, rentable y sostenible comercio agroalimentario.
En la actualidad, hay 10 Oficinas Agrícolas y su dependencia técnica es de “Asuntos Internacionales” en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. No obstante –por diversos motivos– formalmente, algunos Agregados Agrícolas han sido “Agregados Presidenciales” y otros, funcionarios de la Direcon (hoy Subsecretaría de Relaciones Internacionales) que ha significado formas de trato laboral diversos de los nominados. Durante mis años como Agregado, primero en la Unión Europea, pero principalmente en los EE.UU., me correspondió desempeñarme bajo ambos sistemas. Como mínimo es confuso y a veces altamente discriminatorio. Administrativamente, los Agregados han dependido de ProChile / Direcon / Subrei. Muy complejo y complicado de operar y, más aún, de explicar.
El sistema actual de Agregadurías Agrícolas ya cumplió con éxito su primera etapa de negociaciones de tratados comerciales TLC(s), pero ahora es necesario reformular sus objetivos y funciones, nombramientos, dependencia técnico-política y administrativa, y el financiamiento, así como el número y la ubicación geográfica de sus oficinas, y su concurrencia. El sistema tiene una institucionalidad poco clara e incluye todo tipo de complejidades administrativas, y una debilidad estructural que no permite dar respuesta de manera efectiva a las necesidades presentes. Los años como Agregado Agrícola, director y encargado de administrar el sistema, y como usuario o cliente, me han dejado con la impresión de que puede ser mejorado considerablemente.
En el Ministerio de Agricultura, la tarea principal es desarrollar la institucionalidad que permita “albergar” adecuadamente a los Agregados y, al mismo tiempo, profesionalizar el sistema, y organizar una carrera funcionaria que incluya la capacitación y formación de los próximos Agregados. No más cuotas de partidos políticos o representantes de grupos de poder. Junto a la revisión y reformulación de objetivos y actividades, esta institucionalidad debe incluir la creación de la Dirección de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, “potente” y que dependa directamente del ministro. Entre sus funciones principales, además de reorganizar el sistema y asegurar la formación y capacitación del personal que pasaría a integrar las Agregadurías Agrícolas, deberá ser parte del equipo que asesore a las autoridades del Ministerio de Agricultura y los represente ante sus pares en otros Servicios, en el ámbito de los varios temas internacionales que afectan la formulación de políticas de fomento de la producción y un comercio agrícola y alimentario sustentables.
Pero esto no es suficiente. La creación de una nueva institucionalidad en el Ministerio de Agricultura, debe llevar aparejada necesariamente la actualización y modernización de otros Servicios con los cuales se debe interactuar y coordinarse en el ámbito del comercio silvoagropecuario y alimentario, incluyendo la posible actualización de los acuerdos comerciales existentes. Se debe contar con una institucionalidad que permita actuar coordinadamente, desde las bases y más allá de las respectivas jefaturas. Por lo general, esta coordinación, en particular entre las Oficinas Comerciales y Agrícolas -con algunas notables excepciones- ha sido precaria y debe ser mejorada.
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei) del Ministerio de Relaciones Exteriores debería reexaminar también sus objetivos, institucionalidad y funciones en el campo del comercio agroalimentario y los recursos naturales. Es sorprendente que en un país en el que el comercio de productos agroalimentarios y forestales representan un tercio de las exportaciones nacionales, no exista una institucionalidad claramente identificable en la Subrei, que sea responsable de defender los intereses de Chile en estos temas. No estoy sugiriendo que las Direcciones Generales de Asuntos Bilaterales y Multilaterales no realicen esta tarea. Por el contrario, pero lamentablemente para este importante sector de nuestra economía, estas Direcciones Generales cuentan con poco personal calificado para el desempeño de esas funciones. En resumen, quiero sugerir acá –como ocurre en muchos de los países de la OECD– la necesidad de contar con una Dirección General de Asuntos Agrícolas, Alimentos y Recursos Naturales fuerte, y a la par de las otras dos Direcciones, que sea responsable del manejo coordinado de los temas de acceso a mercados, sanitarios, regulatorios y desarrollo sustentable, correspondientes a este sector. Esto debería verse reflejado también, en el personal de las embajadas, donde deberán existir representaciones integradas y coordinadas de la Subrei, Agricultura y ProChile.
ProChile tampoco puede quedarse atrás en estos esfuerzos tendientes a reformar y modernizar los Servicios responsables del comercio internacional, que –al menos en lo relativo a los sectores agrícola y de la industria de alimentos– pueden ser mejorados considerablemente en términos de la carrera funcionaria y profesionalización de los servicios. El ProChile de hoy luce, sin duda, muy diferente al de 30 o 20 años atrás con nuevos temas de trabajo, como género y mujer exporta, pueblos originarios, comercio electrónico, industria 4.0, industria creativa, servicios, gastronomía y otros asomando como prominentes. Así, en el proceso, la agricultura y alimentos casi han desaparecido. Tampoco es fácil encontrar un contacto para las pymes y agricultura campesina. Y el Concurso Silvoagropecuario continúa sin cambios sustantivos. Acá quisiera insistir en un tema planteado en otras columnas: la necesidad de contar con un Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, bajo el cual se alberguen las principales actividades y funciones correspondientes al fomento de la producción, desarrollo sustentable, la inspección, y la exportación de productos agroalimentarios y forestales. La negociación de estos temas comerciales, como se mencionó arriba, deberá estar bajo una nueva Dirección General de Asuntos Agrícolas, Alimentos y Recursos Naturales en la Subrei. En resumen, estoy sugiriendo aquí que el nuevo Ministerio de Agricultura debería asumir la funciones que hoy cumple ProChile en la promoción de las exportaciones silvícolas, agropecuarias y alimentos, y recuperar control del Fondo del Concurso Silvoagropecuario. Transforma Alimentos y su Programa Estratégico Nacional también deberían estar bajo el alero de Agricultura.
Por último, para concluir, no debemos olvidar la importante contribución que pueden hacer los consulados en la transformación de la institucionalidad de nuestro comercio. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería considerar la activa participación de las Oficinas Consulares en la promoción de la “Imagen de Chile” y sus exportaciones. Estas oficinas tienen la oportunidad de exhibir gratuitamente ante miles de personas al año información, imágenes y muestras de nuestros productos, con ocasión de las visitas que se realizan a las representaciones diplomáticas de Chile.
