Opinión
En 2013, la opinión pública chilena se conmocionaba ante el embarazo de una niña de 11 años a causa de una violación sistemática de su padrastro. El Presidente, Sebastián Piñera, decidió visitarla, ocasión donde la niña “decidió” continuar con su embarazo, lo que fue calificado por el Mandatario como una decisión “profunda y madura”. Sin embargo, diversos especialistas afirmaban que la decisión de la niña era irracional, puesto que veía la situación como un juego y a su bebé como una muñeca. Tampoco el círculo familiar de la menor, que era de escasos recursos tenían alguna opción, ya que por ese entonces el aborto era penalizado bajo toda circunstancia y el Estado hacía cumplir la ley.
En 2011, presenciamos como las marchas estudiantiles y la creciente ola de organizaciones sociales feministas, comenzaron a poner en la palestra una discusión que hasta ese entonces estaba controlado aún por institucionalidades como la derecha chilena, las universidades católicas y la iglesia, que influían en un modelo conservador como mantener la penalización del aborto, basado en el derecho fundamental a la vida.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet asumía en 2014 y pese a que por esos años sólo en cinco países del mundo, el aborto aún estaba prohibido a todo evento, había una promesa de campaña que prometía reivindicar uno de los derechos de la mujer que en el Chile moderno aún no estaba legislado… la despenalización del aborto en tres causales.
Las nuevas autoridades en 2014, en el entonces Servicio Nacional de la Mujer, cerraron la oficina de “Mujer y Maternidad”, reemplazándola por la de “Derechos Sexuales y Reproductivos” para llevar adelante el proyecto de ley que prometía garantizar que cualquier mujer ante una violación, inviabilidad del feto o peligro de su vida, pudiera interrumpir su embarazo sin ser penalizada por el Estado.
El vocero que tuvo la oposición al proyecto por aquel entonces, fue el rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien, con el apoyo de la derecha además de sectores de la DC, lograron instalar en las indicaciones finales que cualquier médico o institución de salud de la Universidad Católica puedan negarse a practicar un aborto, aduciendo “objeción de conciencia”, aunque se cumplan las tres causales. Pese a que el Estado es laico y la UC una entidad que recibe aportes del fisco, la moción fue aprobada con esa condicionante en 2017, quedando como ley.
Esta introducción sobre la primera legislación en Chile en torno a la interrupción del embarazo, es relevante para comprender la evolución y los cambios valóricos de la percepción ciudadana sobre el aborto. Por ejemplo, la encuesta Bicentenario de la UC, desde principios del 2000 marcaba una tendencia muy conservadora en la materia. El muestreo en 2006, mostraba que más del 52% no apoyaba el aborto bajo ninguna causal y una aprobación de sólo un 6% para el procedimiento a toda instancia. Quedaba de manifiesto que Chile por esos años era un país aún muy conservador.
Sin embargo, ya la última versión de esta encuesta en 2019 (no se ha vuelto a realizar) arrojó que un 52% aprueba a que una mujer tenga derecho a hacerse un aborto en algunas circunstancias y un 19% que está de acuerdo que una mujer pueda interrumpir su embarazo a todo evento, frente a un 26% de los que piensan que bajo ninguna circunstancia. La brecha disminuyó ostensiblemente, si la comparamos con los resultados del mismo muestreo en 2006.
Casos de connotación pública como el descrito al inicio, sumado al cambio generacional de las personas que respondían esta encuesta, que tienen un pensamiento más liberal en lo valórico y los disruptivos movimientos feministas en las calles, son tres variables que explican el cambio en las cifras y aún hay más…
El estallido social, acompañado de la interpretación “un violador en tu camino” por parte de “Las Tesis” y que recorrió todo el mundo, fue un aliciente a que ahora ya se esté discutiendo la ley que despenaliza el aborto a todo evento que, aunque no se haya aprobado el último trimestre de 2021 en el congreso, ya es un viaje sin retorno de la próxima administración. Además, la encuesta IPSOS de septiembre de 2021, mostró que el 73% de chilenos y chilenas, están a favor del aborto, donde el 41% piensa que debería aprobarse de manera libre. Estas últimas señales de legitimidad ciudadana, indican que es cosa de tiempo para que la interrupción del embarazo a todo evento, pase a ser ley en nuestro país. Chile sin duda cambió o estamos presenciando el inicio de esos cambios que la historia presintió.
