Opinión
La figura del vicepresidente o vicepresidenta, diseñada para ser válvula de escape en caso de necesidad de reemplazo de la presidencia, en la propuesta actual está demasiado involucrada en la política cotidiana como para poder servir su propósito. Por este motivo, no es conveniente que pueda opinar en sesiones del Consejo Territorial.
Hay que celebrar que la Comisión de Sistema Político haya llegado a un acuerdo que destrabó la situación en torno de la unicameralidad, porque muestra la capacidad de las y los convencionales de escucharse, dialogar, y acercar posiciones. El avance fundamental que se dio es haber dejado atrás el proyecto unicameral en un país que pide descentralización y participación de las regiones en la toma de decisiones. Sin embargo, para conseguir este objetivo, la propuesta requiere algunos ajustes que deben pensarse en coherencia con el sistema presidencial de gobierno.
Podemos pensar en tres áreas, como mínimo, en la que los ajustes son imprescindibles. Primero, los y las consejeras territoriales no deben ser electas en una misma lista con las y los asambleístas regionales, ni pertenecer también a la asamblea regional. El mecanismo de elección es engorroso para la ciudadanía y su doble militancia generaría asambleístas de distintas jerarquías. Las y los consejeros territoriales pueden ser electos junto con las demás contiendas regionales y locales, pero son autoridades nacionales y la jurisdicción de sus decisiones es nacional.
[cita tipo=»destaque»]Corriendo el riesgo de ser demasiado literales, para tener un bicameralismo, por más asimétrico que sea, se necesita tener dos cámaras.[/cita]
Segundo, el Consejo Territorial requiere más atribuciones, porque así diseñado es poco más que decorativo, como bien expresó la Convencional Rosa Catrileo. Hay que expandir sus atribuciones, primero, para que no se lo pueda hacer desaparecer fácilmente en una reforma futura, posibilidad que denota lo vulnerable de su situación actual. Pero además para que cumpla con dar representación territorial igualitaria en el gobierno central. El diseño propuesto restringe tanto los asuntos que le competen, que peligra ser irrelevante. Para que los territorios ganen autonomía y puedan defender la dimensión territorial en el gobierno central es necesario que se expandan sus áreas de incidencia. Esto requiere que se lo habilite para decidir acerca de su participación misma en el gobierno. Es imperativo que el Congreso Plurinacional no pueda ni imponer urgencias, ni insistir en proyectos sobre leyes de acuerdo regional. En su ámbito específico de competencias, y únicamente en este ámbito, el Consejo Territorial debe poder imponerse a la otra cámara y a un eventual veto presidencial, por una mayoría mayor a la absoluta.
Tercero, la figura del vicepresidente o vicepresidenta, diseñada para ser válvula de escape en caso de necesidad de reemplazo de la presidencia, en la propuesta actual está demasiado involucrada en la política cotidiana como para poder servir su propósito. Por este motivo, no es conveniente que pueda opinar en sesiones del Consejo Territorial. Tener voto dirimente en ese consejo para intervenir en los infrecuentes casos de empate es razonable, pero no conviene pedirle mucho más.
Por último, en los otros ámbitos que no son de competencia del Consejo Territorial, el Congreso Plurinacional puede poner urgencias, aprobación tácita y mecanismos de insistencia. Pero el Consejo Territorial debería tener voz y voto. Corriendo el riesgo de ser demasiado literales, para tener un bicameralismo, por más asimétrico que sea, se necesita tener dos cámaras.
