Opinión
Las recomendaciones para afrontar integralmente el asunto de la violencia en el sistema educativo, no pueden limitarse a suponer que la formación de docentes, para docentes y estudiantes en convivencia escolar va a resolver los problemas de violencia, eso es un error, si bien estas actividades son imprescindibles, no obstante son complementarias al desarrollo y fortalecimiento de la democratización de la gestión educativa mediante los Consejos Escolares previstos por la legislación vigente, conformados por los sostenedores, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados de cada institución educativa, para lo cual estos Consejos deben ser dotados de competencias deliberativas, resolutivas y vinculantes para las partes, de lo contrario se convierten en meras instancias informativas.
La tematización de la violencia escolar ha estallado nuevamente luego de dos años de suspensión de las actividades educativas presenciales debido a la pandemia del Covid 19, esta vuelta a clases ha estado marcada por las protestas estudiantiles de la enseñanza media y universitaria en contra de los abusos sexuales que padecen las y los estudiantes por los docentes, paradocentes y sus propios compañeros, también han protestado por el mal estado y descuidado mantenimiento de los establecimientos escolares, por los exiguos montos de las becas de alimentación para los universitarios, y otras demandas, aquello ha sido sazonado con recurrentes imágenes de golpizas entre estudiantes, incluidos el empleo de armas corto punzantes, con participación de docentes y apoderados, así como variadas amenazas de masacres contra los establecimientos educativos.
La violencia escolar ha sido precursora de los movimientos sociales y preludio del estallido social, como aconteció en las vísperas del 18 de octubre del 2019. Ya entre los años 2005 y 2007 la encuestadora Adimar GFK por encargo del Ministerio del Interior había realizado dos encuestas nacionales midiendo la violencia escolar, constatándose entre ellas una disminución del 41,8%, de un 45,2% al 26,3% de la violencia física y psicológica, lo verificable es que entre esas fechas, el gran acontecimiento anunciador de la historia presente fue “la marcha de los pingüinos”, en el año 2006, que esos mismos actores, como estudiantes universitarios, replicaran en el año 2011, aquel proceso participativo en las calles, a no dudarlo, fue la determinante de la salud mental, de los trastornos del ánimo, que hizo disminuir tan significativamente la violencia instalada en las instituciones educativas nacionales.
[cita tipo=»destaque»]Lo que se tematiza aquí son dos modelos de interpretación y gestión de las causa de la violencia escolar: para una, la falta de autoridad, para la otra, la falta de participación.[/cita]
En las vísperas del estallido social, el 18 de octubre del 2018, en julio de ese año con relación a los graves sucesos del Liceo de Aplicación dos importantes sostenedores de la educación pública, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), y el de la Comuna de Independencia, Gonzalo Durán (PS), opinaron frente a frente sobre como asumir los daños causados por las tomas estudiantiles de los establecimientos educativos. El Alcalde Alessandri evalúa como el impacto más grave de las tomas escolares a: “la pérdida de respeto hacia la autoridad, la normalización de la violencia y la legitimación de la destrucción de mobiliario y recursos públicos como elemento de protesta”. Para confrontar este problema desarrolla el concepto de: “el Rompe-Paga. Dos palabras que sintetizan el sentido común y la máxima fundamental de una sociedad democrática basada en los derechos y deberes”.
Por su parte el Alcalde Durán tienen un enfoque del asunto completamente distinto, plantea que: “No podemos hablar de tomas estudiantiles sin poner en contexto de que se trata, porque ellas son la expresión de que se ha quebrado el diálogo”…entonces: “cómo generamos mejores y más eficientes mecanismos de diálogo con los actores sociales”. Ante lo cual establece que: “Las tomas sólo se pueden evitar en la medida en que se trabaje con y para las comunidades escolares…”. El Alcalde Durán concluye definiendo su proyecto de intervención así: “Por ello es que en nuestra comuna hemos apostado por dar relevancia a los consejos escolares (órganos en el que participan académicos, estudiantes, apoderados, directivos y asistentes de la educación)”.
Lo que se tematiza aquí son dos modelos de interpretación y gestión de las causa de la violencia escolar: para una, la falta de autoridad, para la otra, la falta de participación. Para una la solución está en castigar a los infractores, para la otra el asunto se resuelve escuchando y dialogando con las partes.
Al terminar las fiestas patrias del año 2018 el Presidente Piñera presentó su proyecto de ley “Aula segura” al Parlamento, afirmando que esta tiene por propósito expulsar a “delincuentes y violentistas disfrazados de estudiantes”. Días después en una reunión de un equipo de trabajo sobre este tema, un dirigente estudiantil de un emblemático liceo de la capital nos manifestó que estaban agotados y desgastados con las tomas y las intervenciones intrusivas de las fuerzas públicas, que por lo tanto se irían a actuar en el Metro, el resto es el presente.
Las recomendaciones para afrontar integralmente el asunto de la violencia en el sistema educativo, no pueden limitarse a suponer que la formación de docentes, para docentes y estudiantes en convivencia escolar va a resolver los problemas de violencia, eso es un error, si bien estas actividades son imprescindibles, no obstante son complementarias al desarrollo y fortalecimiento de la democratización de la gestión educativa mediante los Consejos Escolares previstos por la legislación vigente, conformados por los sostenedores, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados de cada institución educativa, para lo cual estos Consejos deben ser dotados de competencias deliberativas, resolutivas y vinculantes para las partes, de lo contrario se convierten en meras instancias informativas.
