Opinión
Si hablamos de reformas a la regulación minera, hagámoslas previo estudio de las distintas alternativas y de los efectos que tendrían. Y si lo que buscamos es ir hacia una minería más sustentable, comprometida con Chile y sus regiones y aumentar la contribución que ella haga al erario fiscal, deberíamos buscar una regulación que cumpla tal propósito.
Esta semana se efectuó la votación sobre el Estatuto Constitucional de los Minerales en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, de manera que tenemos el articulado completo que sobre la actividad minera se presentará al Pleno para que, por tercera vez, vote si lo aprueba o rechaza.
Si bien la mencionada normativa está redactada de forma distinta, tiene bastantes similitudes con la que ya ha sido presentada –y rechazada– por el Pleno, pero esta vez no contiene normas que implican directamente la expropiación de la minería, lo cual es un avance en el sentido correcto.
La regulación minera que se someterá a votación del Pleno este sábado 14 de mayo conllevaría una serie de cambios no solo a la actual normativa minera, sino también a la que ha sido la tradición minera chilena desde el siglo XIX. ¿Son los cambios algo negativo? En absoluto. Más aún, cambios a la legislación minera son deseables, entre otras razones, para dinamizar la propiedad minera. Pero debe considerarse que, en la minería, la certeza jurídica tiene una importancia similar al potencial geológico, y es ahí, en otorgar la certeza jurídica, donde la propuesta de Estatuto Constitucional de los Minerales no acaba de cumplir su misión.
La redacción propuesta podría aumentar riesgos e incertidumbres a quien quiere hacer minería. Por ejemplo, no solo se pone término al sistema de concesiones otorgadas por un ente independiente –los Tribunales de Justicia– para pasar a un sistema de autorizaciones administrativas de carácter temporal, que serán otorgadas por un órgano de la administración y que no otorgarán propiedad, sino que además se delega a futuras leyes el regular casi todos los aspectos de estas autorizaciones y de la actividad minera en general.
[cita tipo=»destaque»]En Chile tuvimos ya la experiencia con el salitre, por lo que deberíamos saber que el “reservar” minerales para futuras generaciones no necesariamente hace sentido.[/cita]
Por lo que sabemos, bastará para aprobar las leyes en la nueva Constitución una mayoría simple de los miembros de la Asamblea que reemplazará al actual Congreso. Esto implica que, mayorías ocasionales, puedan cambiar constantemente las leyes que regulan aspectos tan importantes como las sustancias que son susceptibles de explotación por privados, los requisitos que deberá cumplir el titular de una autorización para poder conservarla y el plazo que durará dicha autorización. Lo mencionado con anterioridad crea una incertidumbre jurídica que podría ahuyentar inversiones.
Se incluyen, asimismo, ciertas definiciones que van en sentido contrario de lo que debería ser una política minera que fomentara hacer más y mejor minería. Ejemplo de aquello es el precepto de que la futura regulación minera debe considerarla de carácter finito, no renovable y de interés público intergeneracional. Si aplicamos estos conceptos, debería reducirse la actividad minera para conservar minerales para las futuras generaciones. Sin embargo, los minerales que hoy son indispensables pueden dejar de serlo en un futuro no muy lejano y, de hecho, hay investigaciones avanzadas para, por ejemplo, sustituir el litio en las baterías por sustancias más baratas. Más aún, en Chile tuvimos ya la experiencia con el salitre, por lo que deberíamos saber que el “reservar” minerales para futuras generaciones no necesariamente hace sentido.
Si hablamos de reformas a la regulación minera, hagámoslas previo estudio de las distintas alternativas y de los efectos que tendrían.
Y si lo que buscamos es ir hacia una minería más sustentable, comprometida con Chile y sus regiones y aumentar la contribución que ella haga al erario fiscal, deberíamos buscar una regulación que cumpla tal propósito.
