Opinión
La alimentación es fundamental y esencial para el desarrollo y seguridad tanto humana como del Estado, por lo que se sugiere considerar lo expuesto en el proceso constitucional y para la anticipación estratégica que se requiere con urgencia para una política pública y estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria.
El derecho a la alimentación se ha validado y consensuado transversalmente, considerando que este derecho, es un derecho básico y humano, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; conforme lo establece su artículo 25, sin embargo, el cuestionamiento se ha producido en como garantizarlo, si es a través de la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria.
El concepto de seguridad alimentaria surgió de la Primera Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en 1996 señalando que: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.
Esta definición fue confirmada en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009, en la que se utilizó por primera vez la referencia a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria (disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y utilización biológica de los alimentos) y en cuya declaración final se reforzó, además, el aspecto nutricional.
La soberanía alimentaria, surge en el contexto internacional de las políticas agroalimentarias en 1996, de la mano del movimiento campesino internacional La Vía Campesina, que lo propuso como alternativa al de seguridad alimentaria.
En estos más de veinticinco años, el concepto o paradigma de la soberanía alimentaria ha estado en constante evolución, al estar sometido a un proceso permanente de redefinición por las propias bases que lo promueven.
Esta constante mutación del concepto de soberanía alimentaria y una aparente falta de consistencia son algunas de las principales críticas que aparecen en la bibliografía analizada. Si bien, hay que precisar que las sucesivas definiciones no han sido en general contradictorias, sino que han ido afinando el concepto al incorporar matices respecto a un núcleo que se ha mantenido invariable: “que las comunidades tienen el derecho de definir sus propias políticas de agricultura y alimentación”.
Aunque su concepto continúa evolucionando, se ha podido entender en términos generales como un llamado a que las personas tengan una mayor capacidad de garantizar que las políticas agrícolas, de pesca, laborales y de tierras sean apropiadas para los diversos contextos sociales y ecológicos en los que ocurren.
El concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria, sino complementario. Tal como se ha planteado por la FAO, los dos enfoques tienen un papel que jugar frente al desafío de la erradicación del hambre y de todas las formas de malnutrición recogido en la Agenda 2030
La propuesta Constitucional de Chile, actualmente en proceso de armonización, ha consignado que será: “Deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables” (Borrador Nueva Constitución, 321.- Artículo 17)
Propone además, el: “Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Adicionalmente, fomentará una producción agropecuaria ecológicamente sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal, y promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país” (Borrador Nueva Constitución, 289.- Artículo 21)
Así también, define que “El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución. El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley. El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular” (Borrador Nueva Constitución 331.- Artículo 32)
Estos artículos consignan aspectos relevantes para el desarrollo del sistema agroalimentario, pero contrastan en sus priorizaciones con la condición productiva que tiene Chile.
De acuerdo con el Word Resources Institute, se espera que Chile sea el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040, ubicándose en el lugar 18 de riesgo en comparación a los 164 países analizados, debido a los efectos del cambio climático. Actualmente, el 76% de la superficie chilena está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, derivando esta condición en 53,2% de comunas en escasez hídrica, afectando al 47,1 % de la población total nacional y al 65,8 de la población rural
En cuanto a la superficie silvoagropecuaria de Chile, los datos del VIII Censo Agropecuario y Forestal realizado el 2021, muestra una caída de 8% en la superficie de uso agrícola, con disminuciones en prácticamente todos los rubros, salvo la fruticultura, que crece 23% entre 2007 y 2021
La superficie total declarada bajo riego en el censo 2021 fue de 902.158 has., lo que representa un 18,6% menos que en el censo 2007, año que la misma superficie bajo riego fue de 1.108.559 has.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta un ítem denominado “Terrenos productivos no trabajados en el año agrícola” entregando una cifra de 1.114.193 has no cultivadas, entre las cuales están las 508.109.- has no cultivadas con los principales rubros.
Entre las 508.109 has no cultivadas se encuentran: -57 mil has en trigo; -22 mil en leguminosas y tubérculos, -20 mil en cultivos industriales, -33 mil en hortalizas, -30 mil has de viñas, entre otros. La actual menor producción de alimentos básicos no se explica por una reconversión a otros rubros más rentables de exportación. El incremento de sólo 72 mil has a frutales demuestra que las tierras quedan sin ser cultivadas y, de ahí entonces, que hay más de un millón de hectáreas agrícola productivas no trabajadas.
A los datos anteriores, se suma la pérdida de cultivos de trigo provocados por los atentados incendiarios en la Región de La Araucanía. De las 240.000 hectáreas estimadas que se cultivan de trigo en Chile, cerca del 50% se produce en la Región de La Araucanía. Estos atentados, no solo afectan gravemente a los agricultores de esta zona, sino a toda la nación, aumentando las brechas de vulnerabilidad en esta región y en el país; debido a los efectos que implica en la disminución de la producción de cereales de consumo nacional
Esta situación hídrica y agroalimentaria del país no es temporal sino estructural, lo que dificulta una total autonomía productiva para satisfacer nuestro consumo, determinando nuestra necesidad de mantenernos en el sistema global de mercado, sin descuidar por cierto, el fomento productivo nacional, en particular de aquellas especies que son esenciales y estratégicas para el desarrollo y seguridad de la nación. En consecuencia con esta realidad país, es necesario fomentar la pequeña agricultura y la agricultura familiar campesina, sin embargo, no hacer lo mismo con el sistema agroexportador es grave y riesgoso.
Es fundamental considerar en estas definiciones de seguridad y soberanía alimentaria para Chile, que el desarrollo del sector agrícola y el significativo incremento en la producción, exportación de frutas y otros commodities, han sido un importante impulsor del crecimiento económico nacional, lo que se debería fortalecer, asimismo, es necesario atender, que la disminución de la producción interna de ciertos cultivos está ampliando la vulnerabilidad del país en caso de existir alguna perturbación importante en la producción o venta internacional de dichos productos, como así se ha evidenciado durante la pandemia y en la actual guerra de Ucrania y Rusia.
La FAO, por su parte, ha alertado que la oferta alimentaria interna de Chile se podría ver afectada en el mediano plazo por variaciones súbitas en los flujos globales de alimentos, por ende se hace urgente mantener abiertos los canales de cooperación internacional y a su vez desarrollar estrategias que garanticen una soberanía alimentaria.
Frente a este panorama, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile AG, ha impulsado el propender a un desarrollo productivo sustentable bajo los principios del desarrollo sustentable declarado en 1987 en el Informe de Brundtland, el que define la sustentabilidad en base a tres dimensiones, cada una de igual importancia: viabilidad económica, ambiental y social, la que debe incluir además, a juicio del Colegio Gremial, una gestión de alta eficiencia que garantice la existencia de agroecoecosistemas con fines nacionales y de exportación, afianzando nuestra participación en el sistema global de mercado, bajo los preceptos de la libertad de emprendimiento y la importancia de la ruralidad, para enfrentar el desafío de cubrir las necesidades de alimentos tanto interna como las que deberemos aportar a nivel global debido a las demandas proyectadas por el aumento de la población mundial, así como por los efectos derivados del cambio climático y del mercado internacional.
La alimentación es fundamental y esencial para el desarrollo y seguridad tanto humana como del Estado, por lo que se sugiere considerar lo expuesto en el proceso constitucional y para la anticipación estratégica que se requiere con urgencia para una política pública y estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria.
