Hace más de 6 años, con la promulgación de la ley de desarrollo profesional docente, el país asumió el compromiso de elevar los requisitos exigibles para estudiar pedagogía, tras un intenso proceso que reguló por primera vez en Chile la profesión docente. El compromiso fue hacerlo gradualmente y con sentido de equidad, sustentado en la evidencia de la importancia de seleccionar apropiadamente a los postulantes a carreras de pedagogía para incrementar las probabilidades de aprovechamiento de una formación con crecientes exigencias y contar con docentes preparados para satisfacer las necesidades del país. Esto significaba que desde el año 2017 se exigirían 500 puntos en la prueba de selección universitaria vigente, es decir, ubicarse en el percentil 50 de dicha evaluación, estar en la media, y que desde el año 2023 se exigirían 525 puntos, para luego llegar a 550.
Junto a esta decisión de política, se incorpora un criterio de equidad, entendiendo que en nuestro país existe un profundo problema de calidad de la educación obligatoria que afecta especialmente a los sectores desfavorecidos de la población. Así, para optar a carreras de pedagogía, se crean dos modalidades adicionales de acceso: el ranking de notas de enseñanza media, posibilitando postular a personas que hayan demostrado capacidades superiores a las de la media de sus compañeros, así como programas de acceso a pedagogía que involucran procesos de acompañamiento desde la enseñanza media.
Si bien, al inicio de la implementación de esta política, se observó un auspicioso incremento en el interés por estudiar pedagogía, luego el número de postulantes fue disminuyendo sistemáticamente dando paso a un contexto de déficit en distintas carreras de pedagogía para los próximos años.
En ese escenario, se han acelerado los pasos en el Congreso para extender por 3 años más las exigencias actuales para postular a pedagogía. Se esgrimen argumentos innegables como los efectos del estallido social, la pandemia, la nueva prueba de selección universitaria, y especialmente la disminución en las postulaciones, con la consecuente falta de profesores que se avecina. ¿Es ese el mejor camino?
Nos parece que en este escenario es prioritaria una toma de decisiones de política trascendente, no utilitaria y funcional, no reactiva, sino integral y de más largo aliento, basada en evidencia (no solo contingencia) y considerando múltiples variables y posibilidades, evitando decisiones simplistas y económicas.
Sin desconocer los factores que han remecido el escenario original en que se promulgó la ley 20.903, la medida parece poner en segundo plano la urgencia y prioridad de contar con profesores bien formados. Necesidad que es mayor, tras los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje de una amplia población escolar, y lo que hemos aprendido acerca de la sociedad tras el estallido y el proceso constituyente. Así, no parece razonable ceder a la presión de la difícil contingencia y renunciar al compromiso de elevar los requisitos gradualmente.
Se requiere complejizar la solución abordándola de manera multidimensional y considerar los efectos simbólicos (“estudiar pedagogía tiene pocas exigencias”) y prácticos (por ejemplo, asegurar titulación oportuna con desiguales perfiles de ingreso y nuevas competencias que demanda la profesión) de una medida como esta. Apostar a estrategias más estructurales y poner foco en otros elementos que han sido menos vigorosos en la ley, como los incentivos a estudiar pedagogía, mejorar las condiciones del ejercicio laboral, fortalecer la búsqueda de estudiantes de enseñanza media interesados en ser docentes, apoyar con mayores recursos técnicos a las carreras de pedagogía (y no sólo implementando políticas de rendición de cuentas y estandarización) en lugar respuestas que, quizás más inmediatas, comprometen el espíritu de las decisiones tomadas.
El país logró consensuar hace 6 años que elevar la calidad de los postulantes era clave, basados en la experiencia internacional y múltiples investigaciones. Por ello, mantener las actuales condiciones pareciera reflejar que es más importante contar con una cantidad de profesores apropiada, en lugar de profesores apropiados, una decisión que recuerda a la que antes se tomó con la proliferación de programas de regularización de las pedagogías de dudosa calidad, con el mismo fin y las nefastas consecuencias que ya conocemos.
Hoy sigue siendo igualmente clave, y urgente buscar mecanismos que nos permitan incrementar la disponibilidad de buenos profesores en el futuro y no solo de asegurar que sean suficientes. Los atajos no sirven, y ya los conocemos. Sabemos que los profesores menos preparados tienden a ejercer en escuelas más vulnerables. El objetivo no debería ser disminuir requisitos sino fortalecer los procesos formativos, aumentar los incentivos e impulsar un plan nacional para dar más legitimidad y valor social a una profesión que tiene tantas implicancias para el futuro de las actuales y próximas generaciones.
