El populismo penal es un mal que nos aqueja hace décadas; un flagelo lamentablemente transversal, cada vez más presente en todo el espectro, de izquierdas a derechas. Se desatienden los factores criminógenos, no se mejora la investigación y persecución penal (la probabilidad de pena), seguimos con un Código Penal del Siglo XIX y todo se reduce a leyes –que generalmente aumentan penas y llevan nombres propios— de pésima calidad, que generan expectativas que rápidamente se ven insatisfechas, desprestigiando a todas las instituciones del sistema, menos a los parlamentarios que usufructúan sonrientes, mientras sucumbimos en un espiral vicioso.
En estos días fuimos testigos de su máxima expresión, con el diputado Urruticoechea a la cabeza. Puede que su proyecto y sus dichos no sean “populares” (como algo masivo), pero sí se dirigen a feligreses que enardecidos celebran estas barbaridades. El honorable dijo que «la mayor cantidad de violaciones no se producen dentro del hogar, ocurren en las cárceles», con un dato evidentemente falso; “ojo tienen que ser violaciones reiteradas, para que una mujer quede embarazada”, sabiendo, supongo –aunque probablemente desearía que se enseñara la cigüeña en los colegios— que la procreación no tiene relación con la ausencia de consentimiento de la mujer; y que «una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola [sic]». Esto no tiene mucha originalidad, pues Yesli Vega dijo algo parecido luego de ganar unas primarias parlamentarias en Estados Unidos, minimizando las posibilidades de embarazo en una violación. Vega es Republicana de allá, y sabemos que las copias suelen ser malas. Pero no quisiera quedarme con la persona de paja; vamos a intentar refutar a una de hierro, asumiendo que es cierto lo que el honorable dice que busca.
Los polémicos dichos surgieron luego de que presentara un proyecto de ley junto a Harry Jürgensen para derogar el aborto en tres causales y sancionar más gravemente ciertas figuras (Boletín N° 15372-11). El proyecto, que busca hablarle a muy pocas personas, no tiene ninguna posibilidad de aprobarse, pero Urruticoechea escribió en Twitter, junto a una foto con la mano arriba, que seguirá “defendiendo la vida de los inocentes a pesar de los insultos baratos de los progres, de la militancia callejera del feminismo y de la ideología de género”. Entonces, sin insultos, vamos a asumir que esa es la intención de los honorables y a revisar algunas cuestiones del (no tan famoso) proyecto.
Prohibir el aborto no disminuye su práctica, como con razón publicó el Ministerio de la Mujer y equidad de género, y ya me he referido a que creo que un modelo como el uruguayo sería más efectivo en su disminución, pero dejaremos eso de lado para mirar la propuesta.
El proyecto deroga el aborto en tres causales aprobado con inmenso respaldo de los expertos en derecho penal. En su momento fue catalogado por 17 destacados profesores del área como el “sistema más conservador posible [dentro de los que regulan la interrupción del embarazo], esto es, se trata del sistema más protector del feto y restrictivo de la autonomía de la mujer que se conoce entre los sistemas relevantes en la regulación de esta materia”. Supongo que para los honorables la condena en Indonesia por abortar a una adolescente de 15 años violada por su hermano es un heroico acto de defensa por la vida. Veamos un poco más.
El proyecto fue realizado con más premura que reflexión y sus abundantes faltas de ortografía dan cuenta de ello, pero lo peor es su contenido. Comienza desde una premisa incorrecta, definiendo al aborto como una forma de homicidio. Si se refiere a la vida humana como objeto de protección tiene un punto, pero la norma de comportamiento exigida mediante la sanción del homicidio es distinta a aquella que funda la pena del aborto. El homicidio solo exige no matar; mientras que el aborto exige no matar y además no interrumpir el embarazo hasta su término, bajo amenaza de cárcel. Así, ya que los honorables incluso quieren castigar casos de abortos terapéuticos, el proyecto busca imponer una pena de hasta 10 años para la mujer que aborte para salvar su vida. Sería la imposición más gravosa del ordenamiento jurídico, incluso peor a que nos obligaran a entregar bajo amenaza de cárcel un riñón, un trozo de hígado o médula ósea para salvar a un inocente, pues en esos casos no se arriesga la vida.
Luego el proyecto aumenta las penas de ciertos abortos. Este delito se puede clasificar según quien realice la conducta: puede ser cometido por un tercero no profesional de la salud; por un tercero facultativo; o por la mujer, sea que lo cause o sea que lo consciente. Luego, su gravedad se distingue según diversas hipótesis, por ejemplo, si es que se realiza con o sin violencia, con o sin el consentimiento de la mujer, etc.
Pues bien, el proyecto de Urruticoechea y Jürgensen aumenta la pena en dos figuras: para la mujer que causa o consciente un aborto y para el facultativo que lo causare o cooperare en su realización. Los problemas están en lo que busca establecer y en lo que no considera.
Por un lado, aumenta solo esos dos casos y no considera el más grave de todos. Pues, nadie, absolutamente nadie, está a favor de la despenalización de todo aborto. Por supuesto que todos creen que se debe sancionar el supuesto más reprochable: el causado por un tercero, con violencia y sin consentimiento de la mujer; como el provocado por un hombre que apuñala a su pareja. Este supuesto se castiga actualmente con una pena de 5 años y 1 día a 10 años. ¿Y qué proponen los diputados? Proponen mantener esa pena igual y castigar a la mujer que consiente en realizarse un aborto, incluso luego de una violación, con la misma pena: 5 años y 1 día a 10 años. Como la pena es la medida de gravedad del delito, para ellos es lo mismo. O sea, la violencia contra la mujer y su ausencia de consentimiento da lo mismo. No suma gravedad, no suma reproche. El principio de proporcionalidad es un límite básico del poder punitivo. Cualquier estudiante de pregrado lo sabe desde penal 1, pero supongo que los defensores de la vida no tuvieron tiempo de asesorarse mínimamente.
Luego el proyecto no atiende a uno de los verdaderos problemas que podría haber con la protección de la vida dependiente: no se castigan las lesiones o la muerte (aborto) imprudente, conforme a la jurisprudencia y doctrina muy mayoritaria. Ejemplos simples: si alguien manejando a exceso de velocidad atropella a una mujer embarazada que cruzaba correctamente con luz verde, solo responde por las lesiones que le provoque a ella y no al feto; o si una negligencia médica provoca la muerte del feto, tampoco hay delito: no existe el cuasidelito de aborto. Pensaría que quienes dicen que penalizando se defiende la vida atenderían este asunto, pero nuevamente no es considerado. Entonces, el proyecto es hipócrita, porque en realidad solo finge aspirar a sus fines; o es ignorante, pues desconoce lo que debería ser importante para sus fines.
Finalmente, el proyecto crea un nuevo delito que sanciona la difusión de servicios de “abortorios”. Esto, y nada más, en 5 páginas mal escritas, es el mejor trabajo que pueden hacer, cuales Batman y Robin, autodenominados defensores de la vida. En todo caso, los tres artículos dejan espacio para algo más anecdótico.
Si uno busca en el diccionario de la RAE la palabra “abortorio”, no existe; como tampoco existe “desviolar”, y pese a eso Urruticoechea las usa. Es curioso. Esta misma dupla parlamentaria hace un tiempo presentó otro proyecto, de reforma constitucional, que buscaba prohibir el lenguaje inclusivo en la educación. En la fundamentación de la moción, que no les debe haber quitado el sueño con tanto trabajo, nos declaraban colonia lingüística, afirmando que la RAE era el “organismo encargado de velar por el correcto uso del lenguaje y de mantener la unidad del ámbito hispánico”. Entonces yo me imaginaba al honorable molesto porque las profesoras decían amigues o presidenta, pero feliz de que les enseñaran a en la básica a decir murciégalo o crocodilo, porque están aceptados por su alteza RAE, pese a que Word me lo subraye en rojo. No debería usar esas palabras que no existen y deforman el lenguaje, según sus términos.
En fin, es muy fácil autoproclamarse mesías, pero uno esperaría más de quien actúa haciéndose llamar defensor de la vida. Sr. Diputado, esfuércese un poco: su proyecto es malísimo.
Si no, solo parece populismo para barras bravas.
