Reducción de hasta un 40% de las precipitaciones en los últimos diez años. Derretimiento de glaciares y subida progresiva del nivel del mar, en un país con más de seis mil kilómetros de costa. Incremento constante de las temperaturas y aumento desmesurado del número de incendios forestales. Fenómenos extremos, cada vez más frecuentes. La emergencia climática es una realidad apremiante e innegable, y en los últimos años, Chile se ha situado como uno de los países con mayor conciencia al respecto.
Cuatro de cada cinco chilenos considera que el cambio climático ocasionará un impacto grave o muy grave en el territorio en el que vive; uno de cada tres muestra su preocupación por la posibilidad de acabar convirtiéndose en refugiado climático, viéndose obligado a desplazarse y cambiar de residencia como consecuencia de los efectos del clima . El agua, por exceso o por defecto, es uno de los recursos en los que el cambio climático azota con mayor ferocidad. Y en el caso de Chile, la situación de escasez hídrica es especialmente complicada.
No en vano se encuentra entre los veinte países con mayor estrés hídrico del mundo, y hace apenas unos meses, la drástica reducción del nivel de precipitaciones y las mega-sequías prolongadas abocaron a que más del 50% de la población chilena se encontrase bajo decretos de escasez hídrica.
Implementar medidas que contribuyan a reducir el consumo, así como apostar por soluciones que hagan más eficiente el uso del agua resulta absolutamente clave.
La reutilización del agua es, sin duda, una de las alternativas que presenta mayor consenso, no solo por el alto nivel de desarrollo que han alcanzado las técnicas utilizadas para el tratamiento de las aguas residuales, y que permiten dotar de una segunda vida al recurso -agua regenerada-, sino también por el amplio abanico de actividades en las que puede ser utilizada: riego, limpieza de calles, sistemas contra incendios, recarga de aguas subterráneas, procesos industriales y agrícolas… Además en la actualidad, agricultura e industria, dos de los principales campos de aplicación del agua regenerada, abarcan en torno al 90% del consumo hídrico del país, y en Chile, el nivel de reutilización de agua consumida apenas roza el 3%, por lo que una apuesta decidida por esta alternativa desde el punto de vista tecnológico, regulatorio y desde el de la sustentabilidad en general permitiría, de manera inmediata, un amplio margen de desarrollo.
La desalinización es otra fuente alternativa útil para incrementar la disponibilidad de agua. Hasta el momento, los altos consumos de energía de estos sistemas constituían un obstáculo a su generalización, pero la tecnología ya está ofreciendo soluciones a través del desarrollo de sistemas alimentados con energías renovables, del mismo modo que se está avanzando de manera acelerada en la gestión de la devolución al mar de las salmueras, con proyectos, por ejemplo, de difusión controlada en zonas de elevadas corrientes, como fuente potencial de oligominerales o con el análisis de nuevos aprovechamientos.
Nos encontramos, en definitiva, en un momento decisivo en el que la urgencia ya está presente. Un tiempo en el que la búsqueda de soluciones a la cada vez más escasa disponibilidad de agua debe priorizarse, poniendo en valor los ciclos circulares, la optimización y la regeneración del agua.
Las herramientas tecnológicas nos ofrecen la oportunidad de apostar por soluciones que, a la par que aumentan la disponibilidad de agua, permiten sanear los ecosistemas y desarrollan procesos con los que logran devolver el agua a la naturaleza con un nivel de calidad mayor al que tenía cuando se captó -lo que se conoce como ‘agua mejorada’-. Contamos pues con la oportunidad de convertirnos en productores netos de agua dulce -en lugar de consumidores- y de hacerlo mitigando la contaminación de los ríos, mares, lagos y acuíferos. Hoy los avances de la tecnología nos brindan las herramientas para mejorar esas aguas, para darles una segunda vida mejorando su calidad, y en consecuencia, la vida de las personas.
Cuando en 2010, Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, y afirmó que el acceso a agua potable en cantidad y calidad suficientes, así como el acceso a saneamiento seguro, eran imprescindibles para la realización efectiva de cualquier otro derecho, arrancó un intenso proceso para determinar el modo de garantizarlo.
Desde entonces el asunto se convirtió en un tema de primera línea de debate social y político, que en el caso de Chile se ha vivido de manera especialmente intensa en los últimos meses como consecuencia del proceso constituyente.
Y es que es enorme el desafío que supone encontrar la mejor fórmula para incorporar este derecho en el ordenamiento jurídico, y conjugarlo dentro del complejo escenario que dibuja el cambio climático. El reto exige un abordaje desde múltiples perspectivas: política, regulatoria, tecnológica, social, ambiental… y la implicación de todos los agentes: gobiernos y administraciones, comunidades, academia, empresas y sociedad civil al completo.
Pero Chile ha demostrado que tiene la capacidad de anticiparse al duro escenario que presenta la escasez hídrica.
Y tiene además la oportunidad de hacerlo con soluciones conscientes e innovadoras, pues cuenta con los elementos para convertir el reto en oportunidad: una sociedad concienciada y comprometida en materia de sustentabilidad, un gobierno que declara abiertamente la necesidad de ensanchar los acuerdos y los consensos, académicos y científicos a la vanguardia que aportan soluciones hace poco inimaginables, compañías tecnológicamente avanzadas y con reconocimiento a nivel global. Y por encima de todo, el convencimiento de que es imprescindible encontrar una solución de consenso a la escasez y a la regulación de un recurso que se encuentra en la esencia misma del pueblo chileno.
El azul de la bandera de Chile representa los cielos y el océano Pacífico. El blanco, las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes. Azul y blanco representan, en la bandera, el agua en sus distintas formas.
El consenso es el camino más directo, que no el más fácil, para garantizar de manera efectiva el derecho humano al agua y al saneamiento. Para garantizar que se apuesta por soluciones que contribuyan a mejorar la disponibilidad de agua, a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, a mejorar la vida de las personas, al tiempo que se respetan y mejoran la salud de los ecosistemas. Consenso al que habrá de llegarse desde el punto de vista regulatorio, desde la perspectiva política y desde la vertiente social y empresarial. Pero el agua requiere de todo eso. De esfuerzos y de consenso. En Chile, el agua requiere de un gran Pacto Nacional.
