El pasado 1 de octubre se ha cumplido el mandato de Jorge Abbott como tercer Fiscal Nacional en la historia del Ministerio Público, marcado por una importante falta de legitimidad y altos niveles de burocratización interna en el funcionamiento de la institución. Algunos de los hechos que explican este diagnóstico están dados por los acontecimientos sobre el financiamiento ilegal de la política que rodearon su designación y la consolidación de la endogamia institucional, dada por el nombramiento casi exclusivo de funcionarios internos en cargos de fiscales adjuntos.
El ciclo que se abre plantea un conjunto de desafíos para modernizar y reposicionar al Ministerio Público como un actor central en la vida social de Chile. En concreto hay tres áreas en las que la próxima gestión podría concentrar sus esfuerzos para avanzar en este sentido.
En primer lugar, quien sea designado como Fiscal Nacional debe ser alguien que garantice autonomía respecto a los intereses internos y externos de la institución. Esto debe traducirse en que se trate de un perfil cuyos antecedentes y acciones durante el proceso de selección aseguren que no existirán compromisos de ninguna índole que puedan condicionar su actuación.
Un segundo punto a considerar es la necesidad de que el Ministerio Público defina claramente los objetivos prioritarios de persecución penal que se fijarán para cada año, estableciendo en qué tipo de fenómenos criminales concentrará sus esfuerzos y cómo alcanzará las metas que se proponga. Junto a ello, superar la idea burocrática de la cuenta pública como una instancia de resumen del trabajo hecho y reemplazarla por una verdadera rendición de cuentas que esté asociada a datos concretos sobre criminalidad y acciones específicas que se implementarán para reducirla.
Tercero, el Ministerio Público debe asumir que su función es gestionar los intereses de los grupos victimizados. La institución aún se concibe como un órgano que representa intereses sociales abstractos, lo cual la ha alejado profundamente de la sociedad. Es tiempo de reconocer y orientar el trabajo de la Fiscalía hacia las comunidades mediante una política de persecución penal que las escuche, integre en la formulación de las políticas desde sus realidades y las conciba como aliadas en la búsqueda de respuestas que tiendan a la pacificación y reconstrucción del tejido social.
La Corte Suprema y la clase política tienen una oportunidad histórica. El Ministerio Público es una institución joven, de 22 años, que ha envejecido demasiado rápido. La etapa que se abre es una ocasión propicia para desburocratizarla y modernizarla en la persecución de los delitos.
