En las próximas semanas se llevará a cabo la votación en el Senado del proyecto de reducción de la jornada laboral, para dejarla en 40 horas semanales. Sin duda, las razones para la presentación de esta iniciativa son absolutamente loables y tienen que ver con la reducción de las largas jornadas a las que muchos trabajadores se ven expuestos constantemente. Esta reducción debería significar un mayor tiempo libre, dedicado a la familia, al ocio o al esparcimiento.
Sin embargo, es lícito hacerse la pregunta: ¿es el momento el adecuado? Para comenzar a responderla, lo primero es situar a Chile dentro del contexto de la OCDE. Dentro de ese grupo, el 70% de los países tiene jornadas de 40 horas o menos. A nivel latinoamericano, la mayor parte de los países, dentro de los cuales están Colombia, Argentina, Perú y México, tienen jornadas de 48 horas semanales. En el rango siguiente, están Chile y Ecuador con 45 horas semanales y cierran Brasil y Ecuador con 44. En ese sentido, en caso de aprobarse la medida, Chile quedaría a la cabeza a nivel regional con la menor cantidad de horas semanales.
Por otro lado, para complementar el análisis, se hace necesario cruzar esta información con el nivel de productividad de cada trabajador. A nivel de la OCDE, el aporte al PIB por hora trabajada es, en promedio, de un poco más de US$70, con Irlanda encabezando con un aporte por hora de US$110. A nivel nacional, este indicador está en torno a US$30 por hora, menos de la mitad del promedio de la OCDE. Desde este punto de vista, no sería apropiado hacer la rebaja, toda vez que la lógica sería rebajar la jornada, igualando al resto de los países OCDE, pero con niveles de productividad similares.
Por otro lado, la situación económica tanto a nivel nacional como internacional, con Estados Unidos en una recesión técnica, la alta tasa de desempleo nacional, harían de este un mal momento para una medida de esta naturaleza, considerando también las medidas en torno al control de la inflación, que eleva las tasas y reduce la inversión privada y, por ende, las contrataciones.
Por tanto, considerando los aspectos positivos de la idea, la reducción se debería hacer con gradualidad, como lo han indicado algunos parlamentarios, centrada en las grandes empresas, con más recursos para hacer frente a este mayor gasto y con apoyo a las pymes, que son las que, porcentualmente hablando, otorgan más empleo a nivel nacional. Está en manos del Legislativo analizar y evaluar los aspectos técnicos del proyecto y no tan solo los efectos políticos de esta medida.
