Los gobernadores regionales, electos hace más de un año después de vencer las fuertes resistencias de las elites políticas e intelectuales santiaguinas (o avecindadas allí), enfrentan hoy enormes dificultades para cumplir con sus programas de gobierno e, incluso, para gastar los escasos recursos de que disponen. La buena noticia es que ellos ya disponen de mecanismos de cooperación regional para gobernar más eficaz y eficientemente la región y que esa innovación pública depende fundamentalmente de su liderazgo.
Seamos justos, los gobernadores han debido enfrentar un escenario nacional extremadamente adverso con una máquina técnico-administrativa preparada para un propósito distinto de gobernar la región, tarea para la cual ellos fueron electos por primera vez por su ciudadanía.
Consecuentemente, cabe preguntarse (como ya lo hizo hace dos décadas el exministro Germán Correa) si mayores atribuciones y recursos ayudarán a los gobernadores a cumplir su tarea. La experiencia internacional y la propia Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional de 2014 son claros y contundentes: ¡No!
Para que el nuevo sistema descentralizado funcione adecuadamente, es imprescindible acompañar ese proceso administrativo y financiero con un fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales. Sin embargo, sería ilusorio que los gobiernos regionales y sus sociedades esperen que sea el gobierno nacional (que ya tiene suficientes problemas de gobernabilidad) el que los ayude a mejorar sus capacidades.
Recordemos además que la tendencia permanente del Estado central es autopoiética, de autoproducción y que los centros de pensamientos santiaguinos han sido contrarios a la elección de gobernadores regionales. Por cierto no pocos ya argumentan que estaban en lo cierto al ver los actuales niveles de ejecución presupuestaria del FNDR (35% a agosto 2022 versus 50% en 2020).
Es, por tanto, el momento en que los gobiernos regionales adopten iniciativas urgentes destinadas a prepararse para acceder a nuevas competencias y recursos. Y la sorpresa es que muchos de ellos sí poseen herramientas a su disposición para hacerlo. En los hechos, los últimos 5 años configuraron un sistema de nuevos incentivos regionales para diseñar y ejecutar mejores políticas públicas, principalmente (pero no exclusivamente) con el apoyo de las universidades estatales regionales (Ley 21.094 del 5 de junio de 2018).
La primera tarea, que por obvia parece cumplida, es disponer de un acabado diagnóstico para la gestión pública y la gobernanza territorial (no para la publicación académica) que pueda ser actualizado y enriquecido. La experiencia internacional muestra que, sin un robusto sistema de análisis de datos territoriales y capacidades de asesoría en estrategias de desarrollo, la planificación opera en la oscuridad y se limita a rituales presupuestarios. Si no existe una adecuada decodificación del territorio y sus dinámicas, las políticas públicas no pueden ser evaluadas en sus impactos y consecuentemente no podemos saber si el gasto público es efectivo y eficiente. Y lo más importante, ese conocimiento debe ser fruto de un diálogo estructurado con los principales agentes del desarrollo y la ciudadanía para construir una visión compartida del territorio (una “identidad proyecto” en la acepción de Manuel Castells), que es la base de la gobernanza de la región.
Adicionalmente, las secretarías ministeriales y servicios públicos regionales requieren de apoyo técnico y científico para mejorar su desempeño, en especial para adaptar los instrumentos y programas centralizados a la realidad de sus territorios. Eso significa que deberán definir y dimensionar su demanda de conocimiento y buscar asesoría permanente y cercana. Reforzar el sistema de financiamiento regional de ciencia y tecnología para el desarrollo es también esencial.
Las universidades regionales pueden cooperar en ese esfuerzo de innovación de la gestión pública bajo la condición de que se pongan a disposición de las agencias de gobierno respectivas para responder a estas demandas y no a sus propios intereses académicos. Existen excelentes experiencias en Brasil de este tipo de innovación pública que han permitido una respuesta rápida y efectiva incluso frente a emergencias (como ha sido la pandemia) y una mayor eficiencia en el gasto fiscal.
Como nos enseñó nuestro añorado maestro, Sergio Boisier, las regiones más exitosas en el nuevo escenario de la globalización serán aquellas que reaccionen más rápido frente a los desafíos del entorno, las más ágiles. Y para esa tarea las comunidades regionales escogieron a sus líderes, los gobernadores.
