Opinión
La Corte Suprema al resolver la judicialización de las Isapre, ha decidido hacer el trabajo del poder legislativo y el ejecutivo; que, en el caso del uso de tablas de riesgo, ya había sido parcialmente resuelto por el TC en dictamen del 2010 y sobre el cual las isapre no actuaron proactivamente, acumulando descontento, descrédito y mayor judicialización.
Sin embargo, los referidos dictámenes han sido, en forma inédita en el sector, de aplicación general y efecto retroactivo, produciendo incerteza jurídica, efectos financieros y sociales potencialmente catastróficos al dejar en “vilo” la estabilidad y existencia del sistema y dejar su destino en manos de la autoridad reguladora.
Ahora es el turno de la Superintendencia de Salud (SIS) y del Gobierno resolver este problema dada la inestabilidad financiera, y tienen la opción de aplicar a rajatabla el dictamen de la Corte sin contemplar en su ejecución el delicado estado financiero de la industria y los costos sociales para miles de personas, principalmente enfermos y/o de mayor edad, los cuales al quebrar las Isapre deberán pasar a Fonasa, bajando su cobertura actual, la disponibilidad de prestadores en convenio y arriesgando la continuidad de sus tratamientos y con un potencial mayor costo fiscal. En este escenario, el Gobierno podría escudarse en la Corte Suprema para “imponer a la fuerza” su reforma de salud fundada en un seguro único estatal, cuyo marco ideológico ya fue rechazado en septiembre por un 62% de la población.
Alternativamente, la SIS podría diseñar una estrategia para cumplir el fallo que considere la situación financiera de las Isapre y los riesgos sanitarios de más de 3,2 millones de personas, ejerciendo su rol regulador con soluciones que viabilicen las isapre en el corto plazo y, de común acuerdo con el tribunal, precisen un período de prescripción de la devolución de los pagos en exceso, se fijen plazos para ejecutar las devoluciones y aplicar la tabla de riesgos definida en 2019 y contemple en los ajustes de precios futuro el impacto de estos cambios.
Paralelamente para dar certeza jurídica, debieran enviar una reforma legal a las Isapre en cuatro materias: a) definir un plan de salud obligatorio garantizado; b) fijar un modelo de precios que no seleccione por edad y sexo y permita libre movilidad con fondo compensatorio de riesgo; c) obligar a redefinir la relación con los prestadores hacia la compra de paquetes, soluciones en red y compartir riesgo; d) e instalar un modelo de atención integral preventivo y con gestión de riesgo para pacientes crónicos y tercera edad.
Hoy, la SIS tiene el dilema de optar entre destruir la industria y avanzar en una reforma que la población ya rechazó en septiembre o cumplir con sus funciones de regular técnica y profesionalmente sin sucumbir a sesgos ideológicos y, junto con ello, estimular cambios en beneficios de los afiliados con perspectiva de largo plazo, mientras se desarrolla una reforma integral al sistema de salud que demorará años.
