Opinión
A tres meses del plebiscito de salida de la propuesta constitucional, y ante un nuevo acuerdo para redactar una nueva Constitución, vale la pena una reflexión distanciada del resultado para invitar a que sean incluidas en este nuevo esfuerzo. El nuevo acuerdo, que incluye expertos y controles técnicos a los contenidos de la propuesta, responde más a las aprensiones de la elite central que a las causas del rechazo del texto constitucional por parte de habitantes rurales.
A partir de dos años de trabajo de campo con el equipo del proyecto Fondecyt 1210331 sobre ciudadanía rural, identificamos 3 razones para el triunfo del Rechazo: estructurales, procedimentales y territoriales. En términos estructurales, el voto Rechazo en territorios rurales refleja la profundidad y extensión del sujeto neoliberal y de las lógicas extractivistas predominantes en dichos territorios; en términos procedimentales, en la brecha de mecanismos y espacios de diálogo, difusión y vinculación entre el texto y constituyentes y las comunidades rurales; y en términos territoriales, la distancia entre los contenidos del texto y las demandas y visiones de mundo predominantes en las ruralidades.
Entre las razones estructurales, consideramos la profundidad con que el proyecto neoliberal ha calado en la racionalidad y prácticas ciudadanas de quienes habitan las ruralidades extractivistas en Chile. Se desprende de las conversaciones con habitantes rurales, las narrativas de meritocracia, donde se ha valorado el logro individual por sobre el trabajo colectivo, el protagonismo de la figura del emprendedor, por sobre el trabajador como actor económico protagonista de la interacción con el Estado, y sus consecuencias sobre la configuración y sentido de pertenencia a una clase social, se suman al trauma histórico que retuvo la memoria colectiva sobre lo que fue el periodo dictatorial y la contrarreforma. En este sentido, la figura de expertos es inherente a esta lógica meritocrática, pero perpetúa el paternalismo sobre la capacidad de habitantes rurales como expertos sobre su territorio, lo que abre la pregunta sobre el conocimiento y comprensión de las problemáticas rurales en el texto constitucional que saldría de esta nueva instancia.
En segundo lugar, las razones procedimentales. A nivel nacional se ha argumentado que parte del Rechazo se fundamenta en la performance de los convencionales; a nivel rural, se observa un elemento cultural importante al momento de evaluar esta performance. En los mensajes sobre el nuevo mecanismo hay un énfasis en evitar “los errores” de este tipo, pero cabe preguntarse si la señal a enviar es perpetuar la distancia entre espacios de decisión de las comunidades, cuando una de las bases del malestar ha sido ser excluidos de las decisiones que les afectan. El problema fue la performance, no la participación, y si bien las comunidades y habitantes rurales son más conservadoras que las urbanas en términos de valores, existe una demanda por acceso a estos espacios importante, que queda en el limbo con el mecanismo propuesto. En otras palabras, los espacios de participación ganados por pueblos originarios, organizaciones territoriales, se pierde.
Desde el punto de vista territorial, los argumentos del Rechazo desde lo rural apuntan al contenido del texto y sus vacíos. Tres hitos del texto fueron relevantes en la discusión nacional, pero cuya bajada en territorios rurales adquirió otros matices. Estos tres hitos son la plurinacionalidad, las autonomías regionales y el medio ambiente. Estos puntos están contenidos en los denominados “bordes” constitucionales ya definidos, pero su consagración y manifestación territorial en medidas que transfieran autonomía a regiones y zonas rurales queda aún por verse.
En el primer tema, la plurinacionalidad, es importante tener los siguientes antecedentes presentes. El porcentaje de población indígena que vive en territorios rurales es de 24,7% (IWGIA.org). A partir de la creación de la Ley Indígena (1993) y sus instrumentos, se ha producido un crecimiento de asociaciones y comunidades indígenas que han reconfigurado los territorios rurales, de manera heterogénea. El eje crítico de relación entre comunidades-Estado-empresas sigue siendo el acceso y control de recursos naturales, pero la estrategia de interacción es distinta. Este detalle no es menor, puesto que mientras algunas comunidades han preferido prácticas de negociación, otras, se encaminan hacia prácticas separatistas. Los llamados bordes no resuelven el fondo de discriminación subyacente en el voto Rechazo, y el carácter de sujeto político de los pueblos indígenas, que debiese traducirse en mecanismos de incidencia territorial para estos y un nuevo trato con las empresas que existen en sus territorios.
En el segundo tema, autonomías regionales, algunos elementos a considerar: por una parte, el peso del centralismo histórico ha desempoderado la articulación de elites locales que le den sustento y realidad a la propuesta formulada. Es más, la experiencia concreta de regiones con gobernadores y consejeros regionales electos dista de ser satisfactoria, por lo que, nuevamente, es un caso de evaluar lo propuesto a contrapelo de lo vivido, sumando a ello la incertidumbre generada por los vacíos en las funciones de gobiernos regionales. Por otra parte, existía confusión sobre la superposición de estas autonomías con las figuras asociadas a la plurinacionalidad, sin embargo, el declarar a Chile un país “unitario y descentralizado” no aclara un camino hacia regiones más empoderadas de su desarrollo.
En síntesis, de las narrativas de los propios habitantes rurales se desprende temor, al cambio y a lo desconocido, lo que se constituye en un desafío de cara a un nuevo proceso constituyente. Del acuerdo, no queda claro si estos temores serán mitigados por los mecanismos de control establecidos, pues estos apuntan más a los miedos de la elite que a las demandas de habitantes rurales.
