Opinión
Es terreno común en diversos comentaristas de la contingencia nacional expresar con contundencia y claridad los avances que Chile tuvo durante los últimos 30 años en la reducción de la pobreza. Este punto argumental, en los últimos meses, ha servido como base para replantear la crisis social de los últimos tres años y, en un matiz un tanto nostálgico, buscar la reparación del conflicto semántico que el país ha vivido respecto de su modelo de desarrollo económico y social.
Pese a la severidad y contundencia que parecen tener estas aseveraciones, el problema de la estimación de la pobreza es uno bastante más complejo de lo que aparenta ser en las voces de estos personajes públicos. El trabajo de investigación de Claudio Ramos Zincke, en su libro La producción de la pobreza como objeto de gobierno, nos muestra, con un nivel de detalle único, las idas y vueltas que ha tenido la discusión político-técnica en relación con la encuesta Casen y los análisis de estimación de la pobreza tanto en un entendimiento únicamente monetario (lo que se llama usualmente pobreza por ingresos) como también uno más integral respecto de las vivencias de las personas (denominado técnicamente como multidimensional).
La mirada técnica economicista que primó en la fase final de la dictadura militar y en la instalación de los gobiernos de la Concertación se tradujo en mediciones estrictamente materiales que, sobre la base de ciertos parámetros y umbrales, genera puntos de corte para estimar quiénes son caracterizadas y caracterizados como personas pobres o no. Claudio Ramos en esto es claro: existieron diversos casos de decisiones técnicas arbitrarias que, de modificarse en base a las recomendaciones de distintos organismos y comisiones, habrían hecho variar drásticamente las tasas de pobreza del país, tal como las conocemos. Por cierto, este tipo de decisiones no implican una completa distorsión de lo que ha ocurrido en el país. En efecto, independientemente de los criterios con los que se defina la Canasta Básica de Alimentos o si se actualiza o no el Coeficiente de Orshansky (respecto de la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos), la pobreza por ingresos en Chile ha disminuido en estas tres décadas, aunque la magnitud de dicha baja sea metodológicamente discutible.
Pero el problema mayor resulta ser otro. Y es que dentro de la discusión internacional respecto de qué es lo que consideramos pobreza, las miradas de cómo teorizar y luego medir el fenómeno son variadas y responden a diversos elementos variables como las visiones de ser humano, idiosincrasias, intereses políticos, modelo económico, entre muchas otras.
El economista de la India ganador del Premio Nobel, Amartya Sen, irrumpió a finales de los años 70 en la escena internacional de su disciplina problematizando la manera en que entendemos la pobreza y el desarrollo. En palabras sencillas, para Sen esta condición es visible, en lo fundamental, en los campos de libertad de decisión con los que cuentan las personas dentro de sus entornos sociales. Es decir, con qué espacios de oportunidades de desarrollo contamos, cómo nos asociamos y con qué recursos concretos contamos para nuestro despliegue dentro de nuestros propios contextos. Estos desarrollos desde lo que se denomina el Enfoque de Capacidades para la medición del desarrollo de los países, siguió tomando forma en distintas comisiones y organismos internacionales, lo que, en conjunto con una innumerable lista de otras y otros aportantes, han llevado a la creación de herramientas cada vez más completas en lo que se refiere a la medición de fenómenos como la pobreza, la desigualdad y el bienestar.
En primer término, la medición multidimensional de la pobreza llevada a cabo en la Encuesta CASEN (versiones oficiales en 2013, 2015 y 2017) resultaron ser un paso adelante respecto de lo que podemos decir de las condiciones en las que viven las personas en Chile. Tomando indicadores de acceso a salud, trabajo, educación y vivienda, las cifras de pobreza multidimensional en cada una de las versiones de la encuesta nos han mostrado números muy por sobre los que exponían los indicadores de ingresos. Esto ha permitido establecer que, contrario a lo que se supuso respecto de los niveles de vida dentro del país, las condiciones de precariedad y carencia sí se manifiestan en partes importantes de la población.
Pese al avance que significó esta estimación, el mismo ejercicio no estuvo exento de polémicas. Volviendo a la investigación de Ramos Zincke, el comité a cargo decidió, en 2013, desestimar el uso de una dimensión adicional relativa a entorno y redes que implicaba temas de seguridad pública, calidad del medioambiente en el barrio o localidad, equipamiento comunitario y social y, finalmente, redes de apoyo. En esta investigación, las estimaciones muestran que esta dimensión es la que presenta mayores carencias y, de haberse incluido en la Encuesta CASEN, habría implicado un alza significativa en los niveles de pobreza multidimensional del país.
Más allá de las recriminaciones técnicas y políticas de este tipo de decisiones, un punto importante a rescatar aquí tiene que ver con la información que tenemos de los habitantes del país y las consecuencias que ha tenido, para nuestra organización política y ciudadana, el no tomar con la importancia que se debe los indicadores de precariedad que escapan a lo monetario.
Son numerosos los estudios que, desde principios de la década de 2000, han hecho esfuerzos por medir ámbitos del compartir social que escapan a las dimensiones estrictamente económicas. Desde el PNUD y los Informes de Desarrollo Humano y Desiguales, a los numerosos libros y documentos de trabajo de diversas ONG del país con foco central en la pobreza, al Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES y los varios cientos de estudios empíricos de investigadoras e investigadores chilenos que tocan estos temas generales de convivencia, la pregunta recae más bien en la influencia del conocimiento producido, más que en el volumen en que este se genera.
Concluyendo ya el año 2022, el país aún carece de integraciones satisfactorias de este tipo de estudios en pos de mejores políticas públicas. Como es sabido dentro del mundo académico, muchas de estas investigaciones no logran permear la discusión pública y circulan solo en ambientes de alta especialización. Lo que resulta claro, es que la suma de estos conocimientos respecto del bienestar de las personas en las distintas zonas del país comienza a ser urgente para problemas cada vez más complejos.
Los procesos de cambio laboral e incremento en la complejidad tecnológica amenazan a las personas con menores niveles de educación; la crisis climática amenaza a miles de familias tanto por las condiciones generales de vida como por el cambio dramático en sus hábitos de producción; la crisis de legitimidad del sistema político y las instituciones ha erosionado la calidad de la discusión pública y la confianza; el ciclo de pandemia y la crisis económica han significado y significarán enormes retrocesos en la integración laboral de mujeres. La lista de amenazas es larga y continuar con una omisión de las condiciones en las que viven las personas dentro del país puede seguir teniendo costos muy altos.
Requerimos de mayores puntos de encuentro e influencia que permitan conducir a respuestas integrales en este tipo de urgencias, y abrir con intención una relación entre las elaboraciones técnicas y las respuestas de solución para la ciudadanía.
