Debate Isapres: el plan E

En carta publicada el 22 de diciembre, el exsuperintendente de Isapres y actual director del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Héctor Sánchez, plantea que la propuesta de rescate de los beneficiarios de isapres que hemos venido trabajando con varios parlamentarios, entre ellos el Dr. Tomás Lagomarsino, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja, tendría “varios problemas por resolver y aclarar”. Como he sido quien propuso inicialmente esta fórmula, me hago cargo del desafío.

1. Lo primero es que la propuesta tiene como foco el resguardo de los beneficios ante la quiebra de una o más Isapres, manteniendo sus coberturas financieras de prestaciones de salud y licencias médicas, y también el que lo puedan seguir haciendo en los prestadores privados que han escogido. Esta propuesta se anticipa a otras propuestas que lo que buscan es rescatar a las empresas Isapres, no a sus beneficiarios, dando un perdonazo que recuerda el largo, inédito y costoso ejercicio de salvataje que se dio a la banca durante la dictadura.
2. La carta afirma que esta propuesta deja de manifiesto “que un sector de los partidos de Gobierno no tiene interés en buscar una solución verdadera para cumplir el fallo de la Corte Suprema sin quebrar el sistema”. La verdad es que desconozco lo que opinan oficialmente los partidos de gobierno sobre este tema, pero quiero ser bastante claro en que esta propuesta se hizo pública bastante antes del fallo que señala el señor Sánchez, ya que la crisis financiera que pone en riesgo el incumplimiento de estándares legales obligatorios para estas empresas privadas y, como consecuencia, puede llevar a la quiebra de una y más Isapres, se viene incubando en sus síntomas más críticos desde el año 2021, cuando otra coalición de gobierno estaba en La Moneda. No es la solución que proponemos lo que podría hacer quebrar una Isapre, sino que, ante la quiebra de una de ellas, ofrecemos una solución a sus beneficiarios.
3. Califica la propuesta que hacemos de “volador de luces para disfrazar una estatización forzada de la salud”, y señala que esta “estatización” se provocaría por “el cumplimiento del dictamen”. ¿Quiere proponer el autor de la carta que no se dé cumplimiento al dictamen de la Corte Suprema? O, ¿qué se flexibilice el dictamen judicial o se acomode su forma de cumplimiento a los intereses de las empresas? Si es así, el cuestionamiento del autor de la carta debería ir contra el fallo de la Corte Suprema, más que contra una propuesta que es anterior, como ya dijimos, y que solo busca que las personas que se vean afectadas por la insolvencia de las Isapres no sufran repentinamente la falta de cobertura y protección financiera. En otras columnas el autor también ha calificado la propuesta de “caballo de Troya” y otros calificativos.
4. En la letra c) de su carta, el autor deja en evidencia un desconocimiento total de la propuesta que se está trabajando. Plantea que “un plan E de Fonasa reemplazaría los cientos de planes de personas que tienen diferente precio y cobertura” y luego caricaturiza con el calificativo de “el milagro” y se interroga sobre cómo podrá hacerlo Fonasa si las Isapres no pueden sustentarlo hoy. 

La propuesta que hacemos no sustituye los contratos que cada afiliado tiene con la Isapre que eventualmente quiebra, sino que, ante esa crisis, pone al Estado, a través de Fonasa como responsable de otorgar las coberturas pactadas de prestaciones y licencias médicas en los mismos prestadores privados, sin desarmar tales contratos. Es decir, cambia un titular en quiebra por otro titular que es el Estado. ¿No es lo mismo esto que lo que se hace en la banca cuando una institución financiera no puede responder ante sus clientes? ¿Quién más sino el Estado puede ser, en última instancia y en forma excepcional, el que asuma una responsabilidad de este tipo?

Esto puede hacerlo Fonasa, sin costo fiscal neto, ya que la propuesta transfiere al Fonasa las obligaciones de cobertura y también le permite cobrar lo mismo que la persona paga en su plan de Isapre (cotización obligatoria y voluntaria). Seguramente, el razonamiento del autor es que, si las Isapres tienen pérdidas hoy, es imposible que lo haga Fonasa sin más gasto fiscal. Ese razonamiento parece desconocer la realidad. En 2021 las Isapres abiertas tuvieron una Ganancia Bruta, que es la diferencia entre los ingresos y sus costos (prestaciones de salud y licencias médicas) positiva de $97.421 millones, pero con unos gastos de administración y ventas de $314.182 millones. Hasta septiembre de 2022, las Isapres abiertas tuvieron una Ganancia Bruta positiva de $41.627 millones que fueron consumidos y generaron pérdidas, ya que sus gastos de administración y ventas ascendieron a $262.488 millones. Al eliminar o disminuir drásticamente los gastos de administración y ventas del sistema Isapre, considerando que Fonasa tiene un gasto de 1% y no 10% o 12% como tienen las Isapres, la propuesta es plenamente viable y neutral para las arcas fiscales.

5. Lo planteado en la letra d) de la carta queda contestado en el punto anterior. Sin embargo, aquí hay 2 aspectos adicionales. Lo primero, es que el autor se contradice con el argumento de la “estatización forzada”, ya que dice que “los jóvenes sanos buscarían otra solución”. Efectivamente esta propuesta permite varias cosas que no pueden ser consideradas una “estatización forzada”, por ejemplo, que alguien decida no ir al Fonasa en estas condiciones y opte por golpear la puerta de otra Isapre y contratar un nuevo plan de salud privado. La pregunta allí es: ¿será en las mismas condiciones de precio, cobertura financiera y acceso a los mismos prestadores privados que tenía en el contrato original; el mismo que Fonasa respetaría? También está la posibilidad de que alguien opte por irse al Fonasa con las coberturas del régimen general y las GES, y que, utilizando su cotización voluntaria, contrate una póliza de seguro complementario. La pregunta es: si ¿la cobertura total que obtendría será mejor que la cobertura que Fonasa se obligaría a mantener?

El otro aspecto tiene que ver con que, desde el año 2015, muchas de las prestaciones de alto costo son financiadas por el Estado, con recursos fiscales, en prestadores públicos, privados o de FFA y Carabineros, para todos los beneficiarios de los sistemas Fonasa, Isapres y FFAA-Carabineros, a través de la Ley Ricarte Soto. El alto costo en Chile es financiado por el sistema público de forma universal. Si eso es así hoy día, ¿por qué dejaría de serlo con esta propuesta?

6. En la letra f) de la carta plantea que los prestadores privados entrarían en crisis financiera a causa de que Fonasa pagaría otros precios, a menos que se subsidien los precios para los beneficiarios de Isapres que entren en quiebra. Lo primero, es que la crisis financiera de los prestadores privados, derivada de la crisis de liquidez de algunas Isapres, está ocurriendo hoy por la postergación de pagos de estas, el no reconocimiento de las garantías suficientes para el pago de deudas, y se agrava con la liberación sistemática de garantías por parte de la Superintendencia de Salud (¡la bola de nieve!). Lo segundo, es que la propuesta no considera subsidios fiscales, ya que los afiliados mantendrían la obligación de pagar los precios de sus planes, lo que, como ya mostramos, permitiría financiar las prestaciones de salud y las licencias médicas, si no existiese el altísimo gasto de administración y ventas de las Isapres. 

Finalmente, creo que el foco de este debate debe estar en cómo se protege a los beneficiarios, especialmente a los que tienen más necesidades, frente a una situación financiera que ya era crítica antes del fallo de la Corte Suprema, y ahora frente a la ineludible obligación de cumplir una sentencia de la justicia. Es inaceptable un perdonazo a una industria que en las últimas tres décadas transfirió utilidades a sus accionistas por más de 1,3 billones de pesos, unos US$ 1,685 billones.