Opinión
Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior -PAES-. Con gran alegría las comunidades extranjeras destacaban en redes sociales el esfuerzo y resultado de jóvenes migrantes que alcanzaron el máximo puntaje en la evaluación matemática.
Sin duda la educación superior es una herramienta que permite a las familias mejorar su situación socioeconómica, y a las personas, desarrollarse personalmente, pero también es fundamental para la inclusión social y para la formación de profesionales y técnicos que serán parte de la construcción del país que queremos y necesitamos. Por ello se han desarrollado diferentes esfuerzos desde la legislación y la política pública buscando mejorar en calidad y accesibilidad.
En el ámbito migratorio, esto se ha traducido en la consagración del derecho a acceder a la educación, presente en la Constitución como garantía para todas las personas sin distinción de nacionalidad, y en la nueva ley de migraciones como una garantía explícita de acceso en igualdad de condiciones que los nacionales.
Sin embargo, esta igualdad de acceso se está reduciendo crecientemente en lo formal, especialmente si analizamos esta situación desde el contexto de personas en flujos migratorios de alta vulnerabilidad social y económica o situación de irregularidad migratoria. A través del trabajo de nuestros equipos, hemos constatado una serie de trabas que sitúan a los y las estudiantes migrantes en una situación desigual.
Es más, de acuerdo con datos obtenidos a través del Ministerio de Educación, la matrícula de estudiantes migrantes en educación superior para el período 2014-2021 se ha mantenido constantemente por debajo del 2% (desde 1,4% a 1,9%) de la matrícula total, si comparamos el crecimiento de matrícula del sistema escolar para el mismo período que creció de 0,6% a 6,6%, lo que también contrasta con el crecimiento demográfico neto.
En esta ocasión nos queremos referir principalmente a los casos de alumnos que ingresaron al sistema educativo chileno siendo menores de edad y están buscando ingresar al sistema educacional superior en Chile. Si bien hay un avance importante a través del Identificador Provisorio Escolar en lograr una inserción en el sistema educacional básico y medio chileno y en la accesibilidad a rendir la prueba PAES, para acceder a la mayoría de los beneficios estatales de la educación superior, en particular para acceder a la gratuidad, los jóvenes migrantes requieren la visa de residencia definitiva o haber cursado toda la enseñanza media en Chile y contar con una visa temporaria. (art. 8°, inc. a del decreto 333), lo que es una barrera de particular complejidad para todos los y las migrantes.
En este sentido, es importante recordar que el proceso de obtención de un permiso de residencia definitiva dura al menos dos años, muchas veces más, dada la excesiva dilación en dar respuesta por parte del Servicio Nacional de Migración, y requiere de vínculos con chilenos o con extranjeros con residencia definitiva. Además, si bien hay un mecanismo de regularización para niños, niñas y adolescentes dispuesto a través del art. 41 de la Ley 21.325, su implementación es reciente, llegando a 961 permisos entregados a julio 2022, lo que es un número bajo teniendo en cuenta que solo entre enero y julio se registraron 6.521 NNA en situación de irregularidad, y en términos prácticos condiciona el acceso a la educación superior a la capacidad de los padres de dar cumplimiento a los requisitos de documentación, aun cuando es de público conocimiento que para ciertas nacionalidades tal requisito básico se hace imposible, dado el funcionamiento de sus consulados.
Lo problemático de lo anterior es que se supeditan las trayectorias educativas y la continuidad de estudios de jóvenes migrantes a una serie de factores, como la situación migratoria de sus padres, los tiempos de respuesta del Estado a los procesos de regularización, la capacidad de los consulados, entre otras. Hoy vemos cómo esta primera versión de la prueba PAES, cuyo horizonte es seguir democratizando el acceso a la educación superior, deja fuera a gran cantidad de estudiantes, que cuentan con las condiciones y la intención de seguir desarrollándose y participar de nuestra sociedad a través de sus intereses y habilidades.
