Opinión
En los treinta años de democracia no había sucedido que la política exterior generara tanta controversia. Destacan la escandalera por la revisión de los tratados de libre comercio, en particular sobre el TPP11; la crítica de un embajador a los 30 años de la transición, que causó inusitada molestia y, lo más reciente: un audio conocido por la prensa, sobre una reunión privada de la canciller con su entorno inmediato.
En el caso del audio, se destacan opiniones críticas, poco delicadas y procaces, que tocan al embajador argentino, Rafael Bielsa, aunque, de paso, también al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Jaime Quintana, e incluso a la misma subsecretaria de Relaciones Exteriores (RR.EE.).
Los ataques por el desaguisado no se hicieron esperar. Desde luego las fuerzas opositoras, y de sus amigos de la prensa, quienes no perdonan el más mínimo desliz al Gobierno. Pero, también, se conocieron duras críticas de exconcertacionistas y, en particular, de exministros de RR.EE., algunos que se dicen partidarios del Gobierno.
Los calificativos abundaron: amateurismo y desprolijidad, con bochorno para la política exterior chilena. Pero, más allá de insinuaciones, en este caso la responsabilidad no corresponde a los jóvenes del Frente Amplio, sino a una canciller madura, de larga experiencia en asuntos internacionales y de asesores, diplomáticos-socialistas, de carrera funcionaria, junto a la periodista Lorena Díaz, de trabajos conocidos en círculos de La Moneda, el Parlamento y la propia Cancillería. En este caso, los jóvenes están exentos de culpa.
El descuido del audio que terminó en los medios fue un hecho tonto y cuestionable; pero no de la gravedad que se le asigna. Porque hay hechos, muchos más graves que el del audio, que en años pasados han ensuciado la política exterior chilena y, sin embargo, no han producido el escándalo que conocemos hoy.
En efecto, el propio presidente argentino, Alberto Fernández, con sabiduría, desestimó la gravedad de la filtración y aseguró que no le asigna «ninguna relevancia», incluidos los comentarios críticos de los funcionarios de la Cancillería al embajador trasandino, a propósito del rechazo al megaproyecto minero Dominga.
Es que los argentinos son menos complicados que nosotros y, además, nos quieren. Nosotros los queremos menos, pero amamos las callecitas de Buenos Aires. Además, Rafael Bielsa no es ningún loco (como se dijo en el audio) y, si lo es, es un loco lindo, igual que su hermano Marcelo.
Así las cosas, se ha impuesto de hecho el perdón y se cierra el capítulo sobre el asunto Dominga porque no es algo dramático para los argentinos, y los chilenismos, tan propios de nuestros hablar, pueden pasar de largo. La tragedia ha terminado.
En realidad, hay asuntos mucho más graves que lo del audio en nuestra relación con Argentina, a los que no se les atribuyó gran importancia en el pasado, probablemente por ese “consenso de los 30 años”, que guió la economía y la política nacional, y generó completa complacencia sobre la política exterior.
En efecto, es difícil olvidar, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el nombramiento como embajador en Argentina del abogado pinochetista Miguel Otero. El desatino del Presidente Piñera lo instala en Buenos Aires y lo primero que hace Otero es defender abiertamente al régimen de Pinochet, negando las violaciones a los derechos humanos. Sus dichos fueron un golpe al corazón a las Madres de la Plaza de Mayo y al propio canciller argentino de la época, Jorge Taiana, torturado por los esbirros del dictador Videla, homónimo de Pinochet en la represión a los demócratas. Piñera debió retirarlo. Esto es bastante más duro que las malas palabras contra el embajador Bielsa.
Por otra parte, durante el Gobierno del Presidente Lagos, y en medio de la salida de la crisis económica argentina, después del Gobierno de Menem, abundaron los cuestionamientos velados, y a veces explícitos, de políticos y economistas chilenos ligados al Gobierno chileno, frente a la política económica heterodoxa de Néstor Kirchner. Pero, peor que ello fueron las opiniones de Ignacio Walker, vertidas extensamente en diversos papers, donde acostumbraba a calificar, con liviandad, de fascismo al peronismo. Su nombramiento como canciller (quizás equivocado), lo obligó a pedir disculpas al Gobierno argentino.
Finalmente, y quizás lo más grave de todo, se produjo durante el mismo Gobierno de Lagos, en noviembre de 2003, cuando dos miembros de la inteligencia chilena de la Región Militar Austral ingresaron al Consulado de Argentina en Punta Arenas e intentaron sustraer información confidencial. El cónsul adjunto de Argentina descubrió a dos agentes que estaban violando una caja fuerte en el intento, frustrado, de llevarse los documentos clasificados que estaban en su interior, el que incluso debió forcejear con ellos para proteger la información. Nos perdonaron los argentinos.
Nada nuevo bajo el sol cuando se trata de desaguisados. Por cierto, siempre es bueno mantener la compostura, cuidar las formas y evitar afectar a nuestros vecinos. Es válido discutir sobre “los 30 años” o sobre el impasse con el embajador israelí y las controversias con el embajador Bielsa.
Creo, sin embargo, que hay algo más importante y muy preocupante en los cuestionamientos a la Cancillería: los ataques generalizados al ámbito económico de la política exterior y a los esfuerzos del subsecretario de RR.EE., José Miguel Ahumada, por desplegar nuevas iniciativas en las negociaciones económicas internacionales, cumpliendo así con los compromisos programáticos del Gobierno de Boric.
Sorprendentemente, los ataques no solo provienen del gran mundo empresarial, de la derecha y de sus medios de comunicación, sino también de personeros de la ex Concertación, probablemente ignorantes del papel de la política exterior para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo; o, quizás, porque simplemente el establishment, de derecha y centro, está satisfecho con el modelo exportador de recursos naturales vigente en nuestro país.
Pero el país y el mundo han cambiado. Y la elite debe entender que el Gobierno actual no es de continuidad, sino precisamente de transformaciones y no solo sociales, sino también productivas.
El programa del Presidente Boric ha comprometido una transformación del modelo de desarrollo en curso. Declaró la necesidad de un cambio productivo en favor de la industrialización, que permitiera superar la pura exportación de recursos naturales. Y, ello, obliga a modificar la política exterior seguida hasta ahora, en particular, algunos componentes de la apertura económica al mundo, ya sea por la vía unilateral o en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Es lo que intenta Ahumada; y, lo hace contra el establishment económico y político del país.
La política de relaciones económicas internacionales de las últimas décadas en Chile ha sido funcional a la lógica neoliberal imperante y a los intereses de las transnacionales. Y la apertura indiscriminada al mundo eliminó toda protección a los bienes, servicios, inversión y a los flujos del capital financiero. Esto se hizo primero de forma unilateral y luego a través de los TLC. Así, el capital se dirigió a la explotación de recursos naturales y se cerraron las puertas a la indispensable diversificación productiva que exige el desarrollo. Es lo que se necesita modificar.
Es preciso modificar la política de inserción económica unilateral al mundo y revisar los TLC por las preocupaciones transformadoras del nuevo Gobierno, y también por el emergente proteccionismo en el mundo. Así se podrán superar las restricciones que imponen los TLC, entre otras cosas, por los requisitos de desempeño, los excesos de protección de la propiedad industrial, las restricciones a la transferencia de tecnología y los regímenes de resolución de controversias. Es lo que abrirá las puertas para que la inversión, nacional y extranjera, transiten desde la extracción de materias primas hacia nuevas actividades productivas.
Precisamente, en esta misma línea de preocupación, los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos se reunieron, el pasado 9 y 10 de enero, para impulsar una iniciativa de sustitución de importaciones para reindustrializar sus economías con el fin de que América del Norte sea más autosuficiente. Se trata de un manifiesto desafío a la globalización, característica de los últimos treinta años. Esto no es más que una continuidad del planteamiento, que iniciara Trump años atrás y que encuentra acogida en varios países de Europa.
La frágil matriz productiva chilena está afectando a la economía, en condiciones además en que la globalización cierra sus puertas. El PIB potencial se ha reducido, la productividad está estancada y la competitividad internacional se ha perdido.
La matriz productiva existente es la que impide mejorar la productividad. Agregar valor a los recursos naturales, procesar bienes o generar servicios avanzados es por cierto más complejo, pues exige una creciente innovación e incorporación de nuevas tecnologías. Además, requiere mano de obra más calificada y, por tanto, la elevación de la educación para el conjunto de la sociedad. Ello explica que entre 1970 y hoy día el sector manufacturero haya pasado de representar el 25% del PIB a menos del 10%.
Entonces, es correcta la propuesta del Gobierno de ir más allá de la extracción de recursos naturales y por ello intenta potenciar el hidrógeno verde, agregar valor al litio, al cobre y también a otros recursos naturales. Este es un compromiso programático con la ciudadanía, que además resulta fundamental para generar nuevas fuentes de trabajo, que terminen con la insoportable informalidad que recorre las calles de nuestro país. Más y mejor trabajo, recuperar la productividad y el crecimiento son los propósitos de la transformación productiva.
Sin embargo, la elite no acepta modificar el modelo de desarrollo. No quiere cambios. Se defiende para impedir cambios al modelo neoliberal, porque al gran empresariado, y a sus economistas, no les resulta cómodo trasladarse de la explotación de los recursos naturales al trabajo más arduo que significa agregar valor a los bienes y servicios.
Sin embargo, la elite económica, sus medios de prensa y los políticos que la apoyan deben entender que el cambio del modelo de desarrollo y una política exterior que lo acompañe resultan determinantes no solo para generar nuevos negocios y dinamizar la economía, sino también para generar condiciones decentes de empleo, educación, avance tecnológico y sobre todo estabilidad social. El audio ha sido una tontería, pero lo grave es el cuestionamiento comercial a la política exterior.
