CFT Estatales: eficiencia y justicia son compatibles

El 28 de enero se publicó en este diario una columna de opinión en la cual analizo la política de Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales. En este análisis, concluyo que sus problemas actuales provienen de errores de diseño. A su vez, refuto la idea de que los CFT del Estado fueron abandonados durante la administración anterior y puntualizo que, de no tomarse medidas adicionales, para solucionar problemas como la redundancia de la oferta académica, la situación podría alcanzar niveles mayores de gravedad.

Hace unos días, Ramón Rubio, rector del CFT estatal de la Región de Los Ríos, respondió a la columna que publiqué. En su opinión, los datos que cité son “parciales e imprecisos”, los juicios que emití son generalizaciones y ponen en duda “un trabajo serio y responsable”. A continuación, procederé a discutir los principales puntos de su respuesta:

El rector asevera que miles de personas pueden acceder, gracias a la existencia de los CFT Estatales, a estudios superiores técnicos. Asimismo, afirma que, sin los centros del Estado, sería imposible para esos individuos acceder. Pasa por alto el hecho de que: 1) ya existían becas de arancel destinadas a financiar estudios técnicos de nivel superior antes de que se instituyeran los CFT estatales –como la beca Nuevo Milenio–, que permitían el acceso, dentro de la región o fuera de ella, a estudiar en un centro privado; y 2) la redundancia de la oferta académica implica que, en muchos de estos casos, ya era posible acceder a estudios de dicho tipo, incluso en la misma comuna y horario.

También se nombra un grupo de comunas para ejemplificar sobre la eficacia de la política pública, asegurando que, a ellas, nunca antes había llegado la educación superior técnica. Los datos del Sistema de Información de Educación Superior (SIES), que utilizo y luego él mismo cita, muestran que en al menos cinco de ellas existía oferta privada de CFT (como, por ejemplo, en Angol y Los Andes). Sí se debe reconocer que, en el resto, la oferta llega de la mano de los centros estatales, algo que es destacable.

Luego afirma que “ver los territorios desde otra dimensión (…) permite comprender esta política pública”, y que es valioso conectar “la oferta formativa técnica” con las “necesidades locales”. En la misma línea, una de nuestras recomendaciones, en octubre de 2022, fue “situar la política de CFT estatales en una estrategia nacional a largo plazo, que considere la transición de la capacitación técnica al mercado laboral como elemento central de estos programas” (Acción Educar, 2022).

Un título de educación técnico profesional puede cambiarle la vida a una persona. Pero hay que precisar algo importante: buscar que cada chileno o chilena tenga las mismas oportunidades de alcanzar su pleno desarrollo personal y la eficiencia en el uso de los recursos fiscales no son objetivos incompatibles. Más bien, todo lo contrario. Por lo mismo, revisar (no eliminar) la política de CFT Estatales, atendiendo a su alta capacidad ociosa, redundancia de oferta académica y graves problemas financieros, es dar un paso hacia una política de educación superior técnica más justa y humana.