Impuesto verde: cada vez menos verde si es que se devuelve

El año 2022 en nuestro país se cumplieron cinco años de aplicación del denominado impuesto verde, instrumento económico que debería incentivar a las empresas a la reducción de la contaminación local y global, el cual casi por completo (95,7%) es pagado por las empresas generadoras de energía. A pesar de que el espíritu de este gravamen tiene otra finalidad, el mecanismo de aplicación hace que en Chile se compense y devuelva parte de este tributo sucio a las mismas empresas contaminantes, generándose un real sinsentido, tanto para la sociedad como para los ecosistemas que este gravamen supuestamente busca resguardar.

El impuesto a las emisiones de fuentes fijas (industrias) y fuentes móviles (vehículos) que forman parte del llamado “impuesto verde”, tuvieron su origen en 2014 como parte de la reforma tributaria de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, mediante la Ley N° 20.780, gravamen que el año 2020 experimentó algunas modificaciones, las cuales parcialmente entrarán a regir este año 2023 con la creación del sistema de compensaciones de emisiones y el 2025 con la modificación del umbral de afectación técnico, permitiendo de esta forma que otras industrias puedan estar afectas al impuesto y que estas, utilizando distintos mecanismos, tengan la posibilidad de compensar la totalidad o parte de sus emisiones.

Esta ley que establece la existencia del impuesto anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de Material Particulado (MP), Óxido de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO₂) y Dióxido de Carbono (CO₂), contrario a lo que se pudiese pensar, no es considerada en la determinación del costo marginal instantáneo de la energía. Dicho de otra manera, el sistema de despacho económico –que es donde se despacha la electricidad disponible desde la más barata a la más cara–, al no adicionar este gravamen a su cálculo (aun cuando en la práctica es parte de los costos), por ejemplo, en un momento de alta demanda del sistema, una unidad a carbón puede ingresar primero al sistema de despacho que una central a gas, produciéndose entonces una distorsión al generarse energía con combustibles más sucios solo porque aparentemente es más económico. Siendo, entonces, los usuarios los principales afectados de este traspaso posterior de costos por este tipo de impuestos.

Si lo anterior no fuera suficiente, adicionalmente existe un mecanismo de cálculo y pago de compensaciones para aquellas unidades generadoras que cumplan con ciertos requisitos descritos en la normativa vigente. Es importante mencionar que un gravamen como el impuesto verde debiese cumplir dos objetivos: el de recaudar, por un lado, y también el de corregir una externalidad negativa, por otro.

En otras palabras, como instrumento económico usado para contribuir a la gestión ambiental, tiene como propósito valorizar económicamente las externalidades ambientales negativas que un individuo o empresa pueda realizar, como sería en este caso la contaminación del aire. Una vez que las empresas contaminantes han asumido el daño o deterioro que le producen a la sociedad, deben decidir si prefieren pagar el impuesto, por lo cual es importante que sea un tributo alto, en vez de reducir las emisiones o reducir sus emisiones y disminuir el impuesto a pagar. Entonces, si consideramos que, aparte de ser un impuesto bajo (US$ 5 por tonelada) a pagar, parte de él además es devuelto a la empresa generadora, se provoca un verdadero desincentivo para cambiar su conducta. Por lo tanto, este impuesto verde en nada estimula o promueve la protección del medio ambiente, la salud de las personas o el uso de tecnologías más limpias.

En el Informe ”Balance Preliminar de Compensaciones”, publicado en el mes de mayo del 2022 por el Coordinador Eléctrico Nacional, se menciona que, a abril de ese año, ingresaron a las arcas fiscales un total de $146.654 millones provenientes de este impuesto a las fuentes fijas –ya que la recaudación para fuentes móviles se contabiliza en forma separada–, de los cuales un 95,7% correspondía a pagos realizados por empresas generadoras, lo que es solo reflejo de lo contaminante que sigue siendo nuestra matriz eléctrica. Lo interesante al desmenuzar esta cifra es que, una vez que se aplica el mecanismo de compensación, un 18% del total del impuesto pagado por las empresas generadoras les es devuelto, donde, por ejemplo, a empresas que aún poseen en su portafolio unidades generadores a carbón, como el caso de AES Andes (ex AES Gener) o Engie, se les devuelve el 15 y 25 por ciento de lo pagado, respectivamente.

Si bien, dentro de los objetivos de la reforma tributaria presentada en julio del año 2022 por el actual Gobierno, se mencionan los impuestos correctivos como el impuesto verde, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con las carteras de Energía, Economía y Medio Ambiente, en la actualidad se encuentra realizando un proceso de diálogos con expertos, organizaciones empresariales y centros de pensamiento para abordar el diseño del proyecto. Además, el mismo Ministerio de Hacienda encargó un informe al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual realiza un diagnóstico del actual sistema de impuestos verdes y que, dentro de sus recomendaciones de ajuste, sugiere que se debe aumentar el valor del impuesto a las emisiones de carbono, dado que los US$ 5 por tonelada de CO₂ lo considera como “bajo” para los estándares internacionales.

Además, enfatiza que se deben “corregir las distorsiones” que genera el impuesto en el sector energético, de manera que el costo total del gravamen sea incluido en el costo variable de las plantas de generación consideradas para el despacho económico, lo que permitiría distinguir entre plantas más contaminantes y las más eficientes en términos medioambientales.

Es por esto que, en un contexto de crisis climática donde urge una disminución real de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, que hoy contribuyen al calentamiento global e impactan en la salud de la población y de los ecosistemas, desde Fundación Terram nos preocupa que siga sin incorporarse este gravamen como parte de los costos de los combustibles utilizados para el orden del despacho de las centrales, así como que una parte les sea devuelto a las empresas.

Finalmente, realizar correcciones a este gravamen en un Gobierno que dice ser “verde”, será de vital de importancia si queremos dar las señales correctas en cuanto a incentivar realmente a las empresas a contaminar menos, de manera que una empresa que quiera ser considerada como verde esté realmente implementando acciones o pagando impuestos que le permitan al Estado paliar los efectos ambientales negativos de esta.