El problema es que, siendo esta industria completamente consciente de sus impactos, al no estar sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no asume ninguna responsabilidad, a través de medidas de mitigación, reparación, compensación, ni de planes de prevención de contingencias y emergencias. Aspectos considerados en la legislación.
Hoy nadie puede discutir el rol que la producción forestal juega y seguirá jugando en la economía chilena. Tampoco se puede discutir que es necesario sancionar sin contemplaciones a quienes provoquen intencionadamente incendios.
Pero lo que sí deberíamos estar discutiendo es la urgente necesidad de regular la industria forestal. Con esto no estoy hablando de fijar cuotas de producción o precios, sino de algo más simple y que otras industrias, de mucho menor incidencia, han asumido responsablemente hace años: ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Con más de tres millones de hectáreas plantadas entre Maule y la Araucanía, y un avance desbocado hacia el sur de Chile, sería iluso pensar que ésta no genera impactos ambientales. Al contrario, se están generalizando.
Algunos de los más relevantes son la erosión de los suelos, la disminución del agua, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la temperatura ambiental, la reducción de la humedad, la alta contaminación por uso intensivo de pesticidas, el detrimento del valor del paisaje y la afectación a los sistemas de vida de las personas.
Ni hablar de las épocas de cosecha: con un tránsito estimado de 16 camiones por hectárea, no sólo la calidad de vida de quienes habitan en los alrededores se deteriora, sino que caminos y puentes de zonas rurales sufren importantes daños.
El problema es que, siendo esta industria completamente consciente de sus impactos, al no estar sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no asume ninguna responsabilidad, a través de medidas de mitigación, reparación, compensación, ni de planes de prevención de contingencias y emergencias. Aspectos considerados en la legislación.
A lo anterior debemos agregar que el pino y el eucaliptus son especies pirófitas. Es decir, afines al fuego: lo requieren para su fortalecimiento o reproducción. Por lo mismo, el avance del fuego en estas plantaciones puede alcanzar de 23 a 28 metros por minuto.
No hay que ser muy agudo para deducir que esta condición, unida a su amplia distribución, al deterioro de los cursos de agua, a la reducción de la humedad y al aumento de la temperatura, genera las condiciones óptimas para los mega incendios.
Insisto, esto no significa culpar a la industria forestal de que ellos se produzcan. Eso sería injusto. Pero sí se les puede culpar de generar las condiciones óptimas para que ocurran y de no asumir un rol relevante en su prevención. Cuestión a que estaría obligada si ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por estas razones resulta fundamental integrarla a él, pero también generar una regulación específica para evitar estas catástrofes. En otras palabras, que se exija la construcción de cortafuegos cada cierto número de metros plantados, de cordones de seguridad en torno a los sectores habitados, del resguardo de infraestructura crítica, de acopios de agua para incendios, de caminos internos para el avance de bomberos y cuadrillas, y, sobre todo, de disponer de un sistema propio de la envergadura necesaria para combatir estos incendios.
Al sector de la construcción no se le pide que ayude a recoger los escombros luego de producido un terremoto, se le exige el uso de normas antisísmicas en sus edificaciones, de modo que no colapsen cuando estos se produzcan.
De igual modo, no basta con pedirle a la industria forestal que concurra a apagar los incendios, ni que clame llorosamente un castigo ejemplificador para los culpables.
Es fundamental que asuma la parte de la responsabilidad que le corresponde y se modernice, adecuándose a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático (en el que ella tampoco es inocente), ingresando al Sistema de Evaluación Ambiental.
De ningún modo es aceptable que se siga plantando extensivamente con subvenciones fiscales, se eluda todo tipo de responsabilidad ambiental, se cargue a los contribuyentes el precio del deterioro de la infraestructura vial y del combate a los incendios. Y, sobre todo, se actúe de manera indolente ante la destrucción de viviendas y de los sueños de miles de personas.
Llegó la hora de regular.