Opinión
Ya que sabemos que la extracción de cobre no va a parar ni a corto ni a mediano plazo, es más importante que nunca alcanzar una minería responsable, creando conciencia sobre la necesidad urgente de que las empresas mineras y los reguladores tomen medidas más agresivas, como las que están naciendo en la ciudad de Antofagasta, para prevenir estos impactos negativos e incentivar más activamente cadenas de suministro de minerales responsables. No se trata de frenar el crecimiento económico, se trata de salir de una lógica exclusivamente utilitarista y rentabilista. [ACTUALIZADA: VER N DE LA R AL FINAL DE LA NOTA].
Los minerales y los metales juegan un papel central en la economía global y por ende la minería es una fuente importante de desarrollo económico en muchos países. Chile es uno de ellos. Si escuchamos los altos mandos políticos mundiales, como Joe Biden, al igual que los de la industria automotriz; Mercedes-Benz anunciado que será una marca completamente eléctrica para 2030 (y como ya los hemos subrayado en una columna anterior); el incremento de la producción de autos eléctricos va requerir de mucho cobre y la gran minería con sus empresas multinacionales lo saben perfectamente. Un auto eléctrico necesita entre 3 y 4 veces más del metal rojizo que uno que funciona con energía fósil. Así, la extracción de cobre en los próximos años y décadas va sin duda alguna intensificarse, y lógicamente, de la misma manera, todos sus efectos nocivos.
La “Responsible Mining Foundation” ( RMF), “Fundación Minería Responsable”, es un centro de investigación independiente que promueve la mejora continua de las cadenas de valor extractivas responsables. Últimamente, estableció un informe presentando los resultados de un estudio sobre los impactos negativos en materia económica, ambiental, laboral, social y política asociados a la actividad de las 38 compañías mineras más importantes del mundo. Dicho estudio muestra el rango de impactos que han sido informados públicamente por diferentes organismos y/o a veces por las mismas empresas, durante un período de un poco más de dos años, incluyendo informaciones de casos hasta el primer semestre de 2021.
Este informe muestra la gran gama de factores adversos que se han informado en relación con la actividad de esas empresas, con el fin de ilustrar los efectos nocivos de las actividades mineras en todo el mundo. El estudio investiga los impactos negativos siguientes: Contaminación del suelo / Contaminación del aire / Pérdida de acceso al agua/ Pérdida de fauna y flora / Enfermedades ligadas a la actividad profesional/ Muertes y lesiones graves de los trabajadores/ Problemas de salud en la comunidad/ Daño a los medios de vida locales/ Violaciones de los derechos de los pueblos autóctonos/ Destrucción del patrimonio cultural/ Ataques contra defensores de los derechos humanos y de la tierra/ Soborno y corrupción/ Delitos financieros/ Violación, agresión sexual y acoso/ Trabajo infantil y trabajo forzoso / Desplazamiento forzado/ Abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Este trabajo de investigación proporciona una verificación concreta que consagra como mayor conclusión la necesidad urgente de establecer prácticas mineras responsables que se deben estandarizar, en particular en lo que concierne a la prevención de daños medioambientales como el resguardo de la salud y vida de los propios trabajadores de las mineras como las de las poblaciones aledañas. El resultado final del estudio preconiza que la prevención de daños debe normalizarse y, si bien ya se han aprendido lecciones sobre qué medidas tomar, se necesitará un(os) liderazgo(s) valiente(s) para actuar sobre esas mismas lecciones y ampliar los esfuerzos de prevención. A todo nivel. Los sistemas de gestión de riesgos de las empresas deben implementarse de manera mucho más consistente en todas sus ramificaciones; situación que hoy, en Chile, no es el caso. Los gobiernos deben establecer y hacer cumplir marcos regulatorios que incentiven una acción más fuerte para prevenir daños. Porque hasta ahora, la casi totalidad de los actores de la gran minería se quedan solo en los discursos de buena intención y declaraciones de principios en sus informes corporativos. En esta área se necesita sí o sí fiscalización y activismo, y acá no nos referimos exclusivamente a las personas que participan en movimientos de tipo político o social, sino más bien a la metodología y métodos que se deben utilizar para llevar a cabo cambios significativos, poniendo énfasis en la posibilidad de hacerlo dentro de la institucionalidad ya existente para acrecentar cada vez más los cercos de intervención. Nos referimos al “activismo institucional”.
No se obtendrán avances importantes sin un activismo “político” determinado y continuo, desde la cúspide del poder hasta las autoridades de rangos regionales y comunales, como también en el mundo jurídico y de los sindicatos. El Presidente, Gabriel Boric, ha indicado en numerosas oportunidades su voluntad de priorizar y reforzar la protección medio ambiental. La actual ministra de medio ambiente, Maisa Rojas, es una física, climatóloga e investigadora, por ende sabe perfectamente la importancia de proteger nuestra fauna; tenemos a una ministra de Minería, Marcela Hernando, ex diputada de la región de Antofagasta, primera región minera de Chile y que representa el 15% de la producción mundial de cobre, que es médico y que debería, en teoría, dimensionar el daño que puede causar la actividad extractivista en la salud de una comunidad humana. Ambas fueron partícipes de la decisión tomada en relación con el proyecto Dominga.
Si hablamos de Antofagasta, actualmente unos de los diputados de la región, Jaime Araya, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ha empujado para que el Consejo de Defensa del Estado sea co-demandante en un caso que involucra, porque es afectada, la comunidad originaria de Conchi Viejo (Alto del Loa) en contra de la minera del Abra, propriedad de la multinacional estadounidense Freeport McMoRan, por daño ambiental y patrimonial.
El otro diputado de la misma región, de la bancada del Partido Liberal, Sebastián Videla, ha multiplicado las acciones en contra de las empresas mineras culpables de daños medioambientales, apoyándose igualmente sobre la Seremi de salud de la zona, Jéssica Bravo.
En los hechos, el diputado Videla logró movilizar y llamar la atención de diversos ministros y otros seremis para que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dictará 12 medidas urgentes y transitorias contra la minera Capstone Copper, titular del proyecto “Mantos Blancos”, ubicado a 45 kilómetros al noreste de la ciudad de Antofagasta. La compañía es propiedad de la corporación y firmas de inversiones; respectivamente canadiense, inglesa y estadounidense; Capstone Mining Corp., Audley Mining Advisor Limited y Orion Mine Finance Group. Las medidas aludidas fueron dictadas porque, a los ojos de la SMA, existe un riesgo grave o inminente hacia el medioambiente y la salud de la población que utiliza la Ruta 5 Norte, debido a que se han constatado filtraciones de los depósitos de relaves del titular, las cuales constituyen un riesgo de daño en la infraestructura circundante a la autopista. Un verdadero peligro público. La misma empresa Capstone Copper enfrenta numerosas denuncias, prontas a judicializares, por llevar una política sistemática de despido de trabajadores enfermos; enfermedades que tendrían, en muchos casos, relación con la actividad laboral que desempeñaban, y en otros incluso, se aplicaría idéntica vulneración, frente a enfermedades comunes. Debemos forzosamente constatar que el caso acá indicado, en discusión este año y en la región de Antofagasta, corresponde a la realidad de una praxis de las empresas extractivas que despiden sistemáticamente trabajadores con enfermedades profesionales y/o comunes, dejándolos a la merced de su suertes y que el informe de la RMF, Fundación Minería Responsable, indicó en su página 10, cuando recuerda que las empresas deben respetar, en los países que han ratificado el tratado, el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en las minas de 1995, un texto internacional destinado a remediar los efectos más nocivos para los trabajadores de las minas.
El diputado Videla igualmente ha comunicado acerca de la irresponsabilidad de la Minera Escondida*; perteneciente mayoritariamente a BHP; de dueños australianos, ingleses y japoneses; que a pesar de disponer de la mina a tajo abierto que más cobre produce en el mundo, no ha logrado obtener, en varios años ya, los permisos de cierre de una piscina de relave donde personas entran a robar material y sobretodo donde ya se rompieron las membranas, lo que produce una filtración nociva hacia los suelos y subsuelos. Esa inminente contaminación del cerro Jarón está ubicada a 10 kilómetros al sur de Caleta Coloso, que es una zona de pescadores y a menos de 10 minutos de Playa Escondida.
En la misma línea, Videla se opuso al proyecto minero Comahue, propiedad de la empresa chilena NextMinerals, que se instalaría a 22 km del centro de Antofagasta, afectando a la Reserva Nacional de la Chimba, poniendo en riesgo el hábitat natural de más de 350 especies nativas, sin mencionar los otros riesgos que eso conlleva estando tan cerca de la ciudad; unos 10 minutos en auto. Desde una concejala de Antofagasta del Partido de los Trabajadores hasta una consejera regional independiente de derecha, Kathy San Martín, varias autoridades criticaron tal situación, obteniendo que este 16 de febrero la Comisión de Medioambiente del Gobierno Regional, consciente de todos los riesgos que comporta ese proyecto, se pronunciara desfavorablemente ante la solicitud de agenda complementaria del proyecto minero Comahue.
Tales reacciones e iniciativas son indispensables frente al relativismo mortífero que ha existido ante la actividad de la gran minería y ojalá represente el inicio de un tipo de acción por partes de los actores políticos ya que el mundo de las ONG locales no llega aún al nivel de lo realizado, por ejemplo, en Indonesia, donde la comunidad autóctona Papú, en una página de internet, denuncia periódicamente los daños hechos al medio ambiente, y por ende a los derechos humanos, por la empresa Freeport McMoran, igualmente presente en Chile, en el Alto del Loa, y que afronta actualmente una demanda por daño ambiental.
Frente a la gravedad de los hechos, imperativamente los gobiernos y las autoridades, en general, deben apoyar el espacio cívico para que la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar el importante papel que les corresponde, monitoreando y denunciando los daños realizados, reduciendo así los desequilibrios de poder que con demasiada frecuencia dejan a los ciudadanos desprotegidos y poco empoderados.
Ya que sabemos que la extracción de cobre no va a parar ni a corto ni a mediano plazo, es más importante que nunca alcanzar una minería responsable, creando conciencia sobre la necesidad urgente de que las empresas mineras y los reguladores tomen medidas más agresivas, como las que están naciendo en la ciudad de Antofagasta, para prevenir estos impactos negativos e incentivar más activamente cadenas de suministro de minerales responsables. No se trata de frenar el crecimiento económico, se trata de salir de una lógica exclusivamente utilitarista y rentabilista. Considerando que existe un galpón de acopio en pleno corazón de la capital minera del país, que pertenece a la familia Luksic, uno puede medir la tarea que queda por realizar. Es titánica. Y no somos nosotros los que lo indicamos… sino el informe de la “Fundación Minería Responsable”. Un ideal aún muy lejos de alcanzar. Porque la avaricia de solo algunos; que viven lejos de las zonas de extracción e inclusive lejos de Chile; ponen en peligro la vida de la gran mayoría.
*N de la R 20/02/2023: Debido a un error del columnista, en la publicación original se señaló a Minera Collahuasi como parte de BHP. En este acto se corrige por Minera Escondida.
