Opinión
Hace unos días, el diario español El País publicó una carta al director en la que se describía el caso de un joven que -en situación de absoluta angustia y con alto riesgo de suicidio- confió su urgencia a un hospital público. ¿El desenlace? Un tratamiento farmacológico de efecto tardío y una derivación al servicio psicológico que, con toda seguridad, llegará tarde. En su desesperación, la autora de la carta se pregunta: “¿Alguien piensa hacer algo?”. Para su tranquilidad, la respuesta es sí.
En noviembre de 2022, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con casi 50 organizaciones, movimientos y sindicatos, coorganizó una conferencia de 4 días en Santiago de Chile llamada “Nuestro futuro es público: De las desigualdades globales a la justicia social, económica y climática”. El escenario en este país del sur global fue particularmente importante dada su lucha constitucional en curso para derrocar el neoliberalismo tras el levantamiento social de octubre de 2019. A través de la reunión de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, la conferencia buscó desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos para la realización de los derechos humanos. El principal resultado de esta conferencia es la Declaración de Santiago, que exige el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, transformadores del género y equitativos como base de una sociedad global justa y equitativa.
En un mundo en el que la creciente comercialización de los servicios públicos y la mercantilización de todos los aspectos de la vida han aumentado las desigualdades y las disparidades de poder, los costos y perjuicios los sufren desproporcionadamente los usuarios de los servicios, los trabajadores y las comunidades, donde el joven de la carta es -lamentablemente- sólo uno de muchos ejemplos.
Este “peligroso abandono” de los servicios públicos tiene sus raíces en una mentalidad y un enfoque que sirven a los intereses de las corporaciones por encima de las personas, a la minoría más rica por encima de la mayoría global. Prácticas como las normas fiscales que favorecen injustamente a las corporaciones ya los ricos permiten grandes desigualdades y la acumulación y concentración de ingresos, riqueza y poder dentro de los países y entre ellos. Este desplazamiento de poder también socava la democracia al reducir la transparencia y la oportunidad de una participación pública significativa y una debida rendición de cuentas.
Ofrecer respuestas de calidad a las necesidades de las personas -como salud, educación y energía- exige rediseñar un futuro público en el que se prioricen los derechos de las personas y el bienestar ecológico y social. Pero también uno en el que haya justicia económica y de género, es decir, en el que las estructuras económicas funcionen al servicio del bienestar de las personas y de la naturaleza, deshaciendo así siglos de explotación y transformando los desequilibrios de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia.
La buena noticia es que hay mucha gente planeando y haciendo algo. La Declaración de Santiago sólo refleja una parte de la acción de cientos de personas que unen sus fuerzas a través de sectores, regiones y movimientos para formular y proponer un nuevo contrato social global. También retrata la audaz acción colectiva nacional que está siendo posible gracias a las experiencias compartidas y a la conexión de agendas sectoriales como la salud, la educación, los cuidados, la alimentación y tantas otras en soluciones públicas transversales.
Por nuestra parte, estamos haciendo posible un futuro público a través del fortalecimiento de los servicios públicos como medio para alcanzar la justicia económica y de género.
Mientras la Declaración de Santiago sigue abierta a las firmas , ¿te unirás al movimiento?
