Opinión
La pregunta de una institucionalidad preparada, pareciera que es algo que aún sigue pendiente de reforzar y trabajar. No existe, por ejemplo, un fondo de emergencia para la reconstrucción total o parcial de un establecimiento siniestrado por catástrofes, o un mecanismo amigable y eficiente que permita el aporte de privados para dicha tarea. Sería interesante conocer si existe una evaluación a los Planes Integrales de Seguridad Escolar que cada colegio debe contar como una herramienta de gestión del riesgo y articuladora de diversos programas de seguridad.
Pareciera que ya es común que cada cierto tiempo alguna zona de nuestro país sufre una catástrofe o emergencia. Esto conlleva a que se vean afectados miles de hogares, paralizando la cotidianidad de las familias para enfrentar la situación y muchas veces cambiando el rumbo de sus vidas. Desde el año 2005 hemos vivido al menos 23 catástrofes, entre ellas, fuertes sismos —algunos llegando a ser terremotos—, erupciones de volcanes, aluviones, incendios y hasta mega sequías. La mayoría de estas emergencias se producen en cualquier momento y la institucionalidad chilena ha buscado avanzar y así prepararse para dar una oportuna respuesta. No obstante, surge la pregunta de si ha ocurrido lo mismo con los establecimientos educativos. ¿Están preparadas las escuelas y comunidades para cambios repentinos y de emergencia?
En los incendios de las últimas semanas que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, tuvo su estreno el nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo que vino a reemplazar a la tradicional Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Desde el Ministerio de Educación, la Unidad de Reducción de Riesgos de Desastres creada el año 2017, cumple la función de asesorar, informar, coordinar y ser contraparte técnica de Senapred, para que el sistema educativo pueda enfrentar de mejor manera una emergencia. Sin embargo, al ver cómo este ha dado respuesta a las diversas contingencias los últimos años, la pregunta principal sigue latente.
Una situación excepcional y nunca antes vista, fue la vivida en marzo de 2020 y a sólo días de iniciado el año escolar. Producto de la pandemia y del confinamiento, de un momento a otro, profesores y estudiantes se vieron obligados a dar un giro en 180° en la forma de hacer clases y pasar los contenidos mínimos. Las primeras respuestas fueron rápidas e improvisadas. Luego surgieron orientaciones ministeriales, es decir, medidas que buscaban dar algún grado de certeza y, en cuanto se pudo, la señal de que los colegios debían abrir, a pesar de voces infundadas que se oponían.
No se trató de daño o destrucción de la infraestructura, sino más bien de ajustes en la forma de enseñar. La pandemia demostró lo poco preparado que está el sistema educativo para adaptarse a circunstancias anormales, quedando a la buena intención y trabajo de los equipos docentes y directivos. Se identifica la rigidez del sistema y el exceso de burocracia y rendiciones como factores limitantes a la hora de tomar decisiones eficientes y oportunas para dar respuesta a una contingencia determinada.
Ante problemas de infraestructura por un sismo, incendio o inundación, actualmente, el sistema educativo no cuenta con líneas de acción claras para enfrentar una emergencia o eventual reconstrucción. Si bien las medidas temporales logran cubrir los primeros meses, como las escuelas modulares, éstas no pueden ser las definitivas. El caso icónico de ello es el Colegio Robinson Crusoe de la Isla de Juan Fernández que, tras el terremoto del 2010, la burocracia chilena se ha encargado de trabar la construcción de un edificio definitivo.
En cuanto a la prevención, no hay que ser injustos con el esfuerzo que han hechos los colegios, por ejemplo, después del “27F”, con los planes de evacuación escolar conocidos como “Operación Deyse”. O el caso de escuelas rurales que, junto a CONAF, hicieron trabajos de prevención ante los incendios forestales.
Volviendo a la pregunta de una institucionalidad preparada, pareciera que es algo que aún sigue pendiente de reforzar y trabajar. No existe, por ejemplo, un fondo de emergencia para la reconstrucción total o parcial de un establecimiento siniestrado por catástrofes, o un mecanismo amigable y eficiente que permita el aporte de privados para dicha tarea. Sería interesante conocer si existe una evaluación a los Planes Integrales de Seguridad Escolar que cada colegio debe contar como una herramienta de gestión del riesgo y articuladora de diversos programas de seguridad.
Ante contingencias y emergencias, los ciudadanos esperamos apoyo y respuesta de una institucionalidad sólida y preparada, así como de la virtuosa colaboración público-privada que juega un rol relevante en estas circunstancias. Los estudiantes y sus familias esperan de lo necesario para concurrir a clases y desarrollarse. He ahí la importancia que el sistema educativo no les falle.
