Opinión
Chile es un país cuyo patrimonio vulnerable a los incendios forestales se encuentra cercano a los 40 millones de hectáreas, considerando los terrenos cubiertos por bosque nativo, por praderas y matorrales, por plantaciones forestales (monocultivos) y aquellos orientados a la agricultura. Frente a esta realidad, la protección y la prevención debe ser un tema central para el país, por cuanto tiene implicancias sociales, políticas, económicas y ecológicas de gran significación.
Socialmente, el sector forestal chileno provee de más de ciento veinte mil empleos directos a lo largo y ancho del territorio. Económicamente, el sector representa un volumen de exportación de más de US$ 5.000 millones anuales (US$6.184.8 el 2022), contribuyendo en forma importante al PIB nacional.
Ecológicamente, el sector forestal ostenta uno de los índices mayores de bosque per cápita, que, con sus dieciocho millones de hectáreas en parques y reservas forestales, catorce millones de hectáreas de bosque nativo y más de dos millones de hectáreas de plantaciones, constituye un patrimonio vegetal tal, que puede capturar significativas cantidades de CO2 de la atmósfera, contribuyendo de este modo a mitigar el grave efecto invernadero y el cambio climático que afecta al mundo.
Sin embargo, esta riqueza patrimonial se encuentra concentrada en las familias Angelini, Matte y el grupo Masisa S.A., implicando además serias trabas y trastornos para las Pymes y las comunidades donde se emplazan, limitando el abastecimiento que pudieran tener como pequeñas industrias de madera.
Esta concentración ha favorecido, los monocultivos que son un factor que influye en los incendios constituyéndose en un problema para las napas freáticas. Su homogeneidad del paisaje ha fomentado la propagación del fuego. Más aún, históricamente ha impactado la habitabilidad del sector rural.
Estadísticamente, el promedio de ocurrencia es de 7.095 incendios en el quinquenio 2018/2022 y la superficie promedio siniestrada alcanza a las 76.573 hectáreas cada temporada, las cuales se distribuyen en: 42.21% de praderas y matorrales, 14,4% de bosque nativo, 29,6% de plantaciones y 13,79% de otros. El 0.8% de la ocurrencia es mayor a 200 hectáreas, es decir, se trata de incendios catastróficos. La ocurrencia se concentra en las regiones V, VII, VIII y IX.
Desde el punto de vista de las causas, el 100% de los incendios forestales resultan de una inadecuada relación entre el hombre con su medio, la mitad de los cuales es intencional; el resto se produce por negligencia. Por lo tanto, reducir el problema pasa por lograr un cambio conductual en la población, de manera que esta tenga una actitud responsable respecto a la protección del ambiente.
El país gasta el 0.3% del PIB, España gasta en torno al 1% de su PIB en prevención de incendios
Cabe destacar que prácticamente la totalidad de los brigadistas de Conaf son trabajadores de temporada con un bajo salario y afectos al código laboral, por lo que se requiere estudiar un código especial para este trabajo, donde arriesgan su vida en cada incendio.
En cuanto a las causas judiciales por delito de incendio, sólo el 17% de los incendios son denunciados; el 0.5% de ellos termina en sentencia, el resto es sobreseído por distintas causas, tales como dificultades para determinar al autor material, por la escasez de recursos para investigar y el elevado nivel de penas, que inhibe su aplicación.
Los incendios forestales han destruido ciento de miles de hectáreas, con pérdidas económicas directas de millones de dólares anuales (maderas, instalaciones, ganado y otros bienes).
Sin embargo, las mayores pérdidas son las de carácter indirecto o intangible, que corresponden a los efectos ambientales y sociales que se provocan con posterioridad a los incendios, incluso en el largo plazo, y que se refieren a impactos ecológicos; pérdida de la vida silvestre, alteración de los cursos de agua; pérdida de la productividad de los suelos; iniciación de procesos erosivos; daños a la belleza escénica; disminución de fuentes de trabajo; contaminación de la atmósfera con sus consecuentes efectos en la salud pública y, en general, importantes limitaciones a la calidad de vida de las personas.
A partir de esta realidad es urgente y prioritaria la protección de los recursos forestales de los incendios forestales por medio de acciones como la prevención, un proceso formativo de las personas y definir una institucionalidad pública forestal, que debiera diseñar y proponer políticas y estrategias nacionales claras y adecuadamente formuladas, como invertir en investigación y desarrollo tecnológico en la protección de los recursos forestales y un nuevo modelo forestal entre las más urgentes.
Desde 1988 que existe un proyecto de ley para transformar la CONAF privada en el SERVICIO FORESTAL de Chile, que duerme y la clase política no se pronuncia ni tampoco el Ejecutivo.
En estas circunstancias es prioritario y urgente que tanto el Ejecutivo como el Parlamento den muestras de que los problemas ambientales, se deben solucionar con el fortalecimiento de la institucionalidad pública forestal (Subsecretaria de Bosques y Vida Silvestre) y esté a las alturas de los nuevos tiempos y se legisle teniendo presente los derechos laborales y previsionales de los trabajadores de CONAF y la sustentabilidad ambiental.
