Opinión
Este decreto con fuerza de ley demuestra el profundo desconocimiento del Gobierno y de la clase política en general de qué es la disuasión, para qué son las FF.AA. y cómo se las emplea. Una cosa es la polivalencia de las Fuerzas Armadas, donde pueden volcar sus capacidades a labores de superación de emergencias y catástrofes, apoyo a la comunidad o vinculación y desarrollo de zonas aisladas, es decir, áreas de misión donde no está implícito el uso de la fuerza. Otra cosa muy distinta es disponerles tareas donde está implícito el uso de la fuerza, pero impedirles que la usen de una forma adecuada.
En medio del Festival de Viña del Mar con su dosis diaria de humoristas y a pocos días de que se cierre el primer año de este Gobierno, cuando el sur está en llamas y los culpables de nuestros males son los conejos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estaba en una carrera frenética por poner, lo antes posible, a las Fuerzas Armadas a cargo de las fronteras en el norte del país. Esta carrera contra el tiempo ha implicado “desprolijidades” en la tramitación de los decretos que han obligado a retirarlos antes que la Contraloría General de la República los objete o rechace. Lo que resulta incomprensible, y particularmente grave, son las instrucciones dadas a las FF.AA. contenidas en el DFL1 de 2023 para materializar el control de fronteras.
En reiteradas oportunidades se ha debatido respecto del control civil de las FF.AA. en Chile. Hay algunos que estiman que nuestras Fuerzas Armadas gozan de una determinada autonomía y otros que creemos que nuestra legislación y reglamentación son más que suficientes para ejercer el control y el mando de las instituciones de la Defensa siempre y cuando exista la voluntad política y la capacidad de hacerlo. Eso sí, mandar a las FF.AA. de Chile en el siglo XXI no es tarea fácil, ni lo puede hacer cualquiera. Fuerzas Armadas profesionales, capacitadas, con experiencia internacional, reconocidas por su competencia entre sus pares y respetadas, queridas y declaradas confiables por la ciudadanía del país durante años en innumerables encuestas, requieren de mandos políticos capaces, preparados y profesionales.
Lamentablemente, el caso del DFL1 de 2023 deja de manifiesto que no existen en el Gobierno la preparación, el conocimiento ni el entendimiento para dirigir de la mejor forma a nuestras Fuerzas Armadas, calificaciones que en alguna manera también son extensivas a todos los colores políticos o instituciones políticas, no siendo un atributo exclusivo del Gobierno actual. Tanto el Senado como la Cámara aprobaron las modificaciones constitucionales por amplias mayorías, permitiendo con ello al Ejecutivo seguir adelante con sus planes.
Analicemos por qué.
Bastaría un somero análisis para determinar algunas variables claves que nos permitan entender el problema que queremos resolver. En primer lugar, es necesario establecer lo obvio señalando que la gente que trata de ingresar a nuestro país busca una vida mejor que la que tenía. Nadie pasa las vicisitudes de un migrante ilegal para quedar peor que como estaba antes de realizar el esfuerzo. Por lo tanto, en el origen mismo del problema está la existencia de regímenes políticos totalitarios, donde se han aplicado teorías fracasadas que han empobrecido y subyugado a la población, obligando a muchos a buscar mejores condiciones de vida en países libres, en orden y con economías que funcionen.
La segunda variable dice relación con la Ley 21.325 del 20 de abril de 2021 que entró en vigor con la publicación de su reglamento el 12 de febrero de 2022. La ley de inmigración y su reglamentación asociada genera un foco de atracción para cualquier persona que quiera establecerse en nuestro país por su permisividad y los derechos que otorga. En algunos casos otorga derechos que ni siquiera los chilenos tenemos, como recibir servicios por el solo hecho de haber puesto un pie en el territorio nacional sin haber pagado nunca un peso de impuestos al Estado.
La tercera variable dice relación con el principio de autoridad. Durante años un segmento político de nuestro país se ha dedicado en forma deliberada y sistemática a demoler el principio de autoridad del que estaban investidas nuestras policías, especialmente Carabineros de Chile, institución que al ser uniformada podía actuar por presencia visible, en forma disuasiva. Gritos en la cara, paseos en bicicleta alrededor, bombas molotov, golpizas y hasta asesinatos han terminado por hacer poco útil la presencia de Carabineros en situaciones complejas de control del orden público. Ninguna de estas variables da origen a un problema militar ni tiene una solución militar.
Es un problema cuya solución implica el uso de la fuerza abrumadora que proveen las FF.AA. El conductor político tiene que evaluar la naturaleza del objetivo que está en disputa y determinar el valor que le asigna a ese objetivo. Para resolver el conflicto tiene una serie de herramientas que van desde la negociación, la asociación, las alianzas, las querellas en cortes nacionales o internacionales, la diplomacia, las sanciones económicas, las crisis y, finalmente, como “última ratio”, el empleo de la fuerza militar. Una vez reflejada la voluntad política de emplear el instrumento militar, se le debe entregar los elementos de conducción necesarios y coherentes con el valor asignado al objetivo en disputa. Esos elementos de conducción o riendas políticas del empleo de la fuerza materializan la conducción política y se manifiestan en las reglas de enfrentamiento y reglas del uso de la fuerza. Las FF.AA., por principio, aplican fuerza abrumadora, concentrada en el centro de gravedad del adversario y tienen por propósito quebrar la voluntad de lucha de ese adversario, logrando así su derrota.
La disuasión no es una acción. Es un efecto. La disuasión es el efecto que se produce en la mente de una persona al tomar conocimiento de que puede recibir un daño muy grande si actúa de determinada forma. No existen las fuerzas de disuasión, ni el despliegue disuasivo. Lo que existe son FF.AA. con capacidades demostradas y demostrables que permiten causar un daño muy grande si son mandadas con la voluntad política adecuada. Son esas capacidades que integran material, con personal, con entrenamiento, con doctrina y con logística, guiadas por una voluntad política resuelta e inquebrantable, las que producen un efecto disuasivo.
Todo lo contrario. Designa a las Fuerzas Armadas para solucionar un problema que no es de naturaleza militar ni se resuelve con el empleo de la fuerza. Impide que las FF.AA. puedan usar la fuerza abrumadora que quiebra la voluntad de lucha del adversario y las obliga a utilizar un concepto de “respuesta proporcional”, que, siendo muy válido para la defensa personal o para las policías, es ridículo y antinatural para las Fuerzas Armadas. Este decreto con fuerza de ley demuestra el profundo desconocimiento del Gobierno y de la clase política en general de qué es la disuasión, para qué son las FF.AA. y cómo se las emplea.
Una cosa es la polivalencia de las Fuerzas Armadas, donde pueden volcar sus capacidades a labores de superación de emergencias y catástrofes, apoyo a la comunidad o vinculación y desarrollo de zonas aisladas, es decir, áreas de misión donde no está implícito el uso de la fuerza. Otra cosa muy distinta es disponerles tareas donde está implícito el uso de la fuerza, pero impedirles que la usen de una forma adecuada.
Al dar a conocer en forma pública las reglas de uso de la fuerza y los principios rectores de la actuación de las FF.AA. en el control de fronteras, el Gobierno les está dando a los coyotes que trafican personas, contrabandistas y narcotraficantes todos los elementos que necesitan para diseñar sus procedimientos para burlar los controles, poner un pie en territorio chileno, exigir los derechos que le otorga la ley de inmigración y dejar a las Fuerzas Armadas en un estado de imposibilidad de cumplir con su consigna, lo que está penado en el Código de Justicia Militar. Se acabó la disuasión.
El DFL 1 de 2023 es un espantapájaros mal hecho, mal diseñado y con tanta torpeza que los pájaros se van a posar sobre él.
