Opinión
Hoy vemos más que nunca el Derecho Real de Conservación (DRC) en campañas de marketing, y en el papel muchos tienen la deficiencia que comentan María José Kaffman y Constanza Gumucio en su columna, y otras como la falta de perpetuidad, poca rigurosidad, proyectos de subdivisión sin ninguna zonificación ambiental, entre muchas otras deficiencias.
Lamentablemente este mal uso perjudica a quienes impulsaron este modelo en Chile, y a quienes hoy lo están usando con un altísimo estándar con fines de conservación y ruralidad sostenible, donde lo que se genera son verdaderos parques rurales de conservación y no núcleos urbanos al margen de la planificación.
Sin duda que la problemática de la subdivisión de predios rústicos necesita una mirada integral y una mejor política pública, ya que no solo la industria inmobiliaria ha abusado del decreto 3.516, también el sector agrícola, forestal y ganadero, que, a través de prácticas extractivistas muchas veces excesivas, han degradado el ecosistema y han sido consideradas como algunas las industrias más influyentes en el calentamiento global, sequía y degradación de los bosques.
La tragedia del bosque nativo chileno no se puede negar, y esto viene muchísimo antes de la explosión de las subdivisiones prediales, sin hacer alusión a las legítimas prácticas de subsistencia.
Considero que no deberíamos caer en visiones estatistas, el Estado no debe ser siempre el garante último de la conservación. No olvidemos el reciente paro de los guardaparques, dado, entre otras razones, al bajo presupuesto para conservar las áreas protegidas, sumado a que solo un 21% del territorio nacional está preservado bajo este modelo, el cual, sin la donación de tierras que vino por parte de un privado (Douglas Tompkins) sería de una cifra aún más baja y débil. Un contexto que nos hace preguntarnos: ¿por qué debería ser únicamente quien lo garantiza?
La conservación estatal, purista y en manos de grandes grupos económicos claramente no da abasto, y necesita complementarse con una de las estrategias de protección más activas, la conservación privada, la cual nos ayudará a expandir la protección de la naturaleza por todo el mundo y a gran velocidad.
Y en lo que respecta a la planificación territorial, las nuevas políticas públicas deberían inspirarse en modelos internacionales que ya funcionan en nuestro país, donde las servidumbres de conservación, la restauración, la ruralidad regenerativa, las energías renovables y los diseños de conservación y paisajes son protagonistas.
