Opinión
La acción diplomática y el nuevo despliegue militar acompañan la ampliación del puerto de Ushuaia, desde el cual, sin contrapeso, Argentina gobierna el turismo marítimo antártico. Las naves que operan desde Ushuaia informan al pasajero la historia de la presencia argentina en la región polar austral, en la que, mientras tanto, Chile tiene presencia ninguna. Adicionalmente, mientras las bases chilenas envejecen, Fernández anunció el despliegue de nuevas bases antárticas.
Preocupación causaron declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, emitidas desde una base antártica (y trasmitidas por cadena nacional), en las que renovó las pretensiones de su país sobre el conjunto de la Antártica Americana (y los espacios marítimos circundantes). El mandatario explicó que el futuro de su país está vinculado a su marcha hacia el Sur, pues el “desarrollo nacional [argentino] depende de la defensa de sus componentes estratégicos”.
Según el señor Fernández, la presencia del Estado argentino en la Antártica es un acto de justicia con la historia y la identidad de su país, razón que justifica su viaje a la, en tanto, corolario de un diseño geopolítico mucho más amplio, y apuntado a “reconocer lo grande que somos”. ¡Notable! Argentina sí sabe lo que quiere: quiere ser grande.
El presidente ha recordado los 119 años de presencia continua argentina en la Antártica (base meteorológica en islas Orcadas del Sur donada por una expedición británica), aunque no sabe que la presencia chilena en esa región la iniciaron muchas décadas antes los cazadores de focas y ballenas magallánicos, cuyas actividades no se limitaron a una base, sino que se extendieron más allá del Círculo Polar Antártico.
Como sea (y por si hacía falta), las declaraciones del presidente Fernández reiteraron que para Argentina la cooperación polar es una herramienta de proyección, pues, según el mismo personero, la ciencia es soberanía.
En el pensamiento argentino la Antártica patrimonio común de la humanidad propugnado por el buenismo ambientalista (hoy en vogue en Chile), no tiene cabida. Por tal simple razón, se puede deducir que para Argentina el Tratado Antártico y su sistema normativo no tienen asegurada la continuidad más allá de 2048-2051.
Como parte de esa visión, Fernández recordó que “nuestros mapas [argentinos] muestran hoy el sector antártico en su real proporción, convirtiendo repentinamente a la Tierra del Fuego en el centro geográfico de nuestra Patria. Agregó que Argentina es un enorme país por su territorio y por su pueblo –y, relevante– que de nada servirían los millones de kilómetros cuadrados de nuestro mapa sin nosotros y nosotras habitándolos como una comunidad organizada”. En el siglo XIX se decía gobernar es poblar.
A diferencia de la idea del Estado centralista chileno que se agota en el estrecho de Magallanes (al Sur de este pasaje viven menos de 9 mil chilenos), el centro de la Argentina del siglo XXI se trasladó a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, cuya capital es el puerto de Ushuaia sobre el canal Beagle, en línea recta a más de 250 kilómetros al sur de Punta Arenas (o 250 kilómetros más cerca de la Antártica).
La superestructura que proporciona continuidad geolegal al diseño geopolítico anunciado por Alberto Fernández yace en el reclamo de plataforma continental extendida más allá de las 200 millas (2009). En la interpretación argentina, las fórmulas geocientíficas del Derecho Internacional del Mar permiten conectar las costas patagónica y fueguina con aquellas de la Antártica Americana. En ese dibujo, Tierra del Fuego está en el centro y conectada con las Falkland/Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y, desde estas, con las Orcadas del Sur, Shetland del Sur y la Península Antártica (hasta el Polo Sur).
El doble detalle es que esos tres últimos sectores se sitúan dentro del área de aplicación del Tratado Antártico de 1959 y que, al Oeste del meridiano 53º Sur, corresponden a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Si bien es cierto que, por razones meramente reglamentarias, después de constatar que los espacios submarinos adyacentes a las islas Falkland/Malvinas han sido igualmente reclamados por el Reino Unido, el organismo competente no se pronunció sobre la validez definitiva del reclamo argentino, no es menos cierto que Buenos Aires da por hecho que esto ha sido así.
Ese es el sentido trascendente de las declaraciones de Alberto Fernández en la Antártica y del mapa oficial que las encapsula, hoy por ley exhibido en todos los edificios públicos argentinos.
Para Chile, el problema resultante no es solamente legal o procesal: es político y geopolítico.
Junto con una insistente acción diplomática tercermundista para, victimizándose, socializar la causa de Malvinas, Argentina está reforzando su despliegue militar en la Zona Austral. Primero, aumentando sus aviones de combate en la Base Aérea de Río Gallegos (desde la cual LATAM mensualmente vuela a Port Stanley) y, enseguida, estableciendo un nuevo destacamento militar en Tolhuin, sobre el Lago Fagnano, Tierra del Fuego, cuyas aguas desembocan en el Seno Almirantazgo (aguas interiores chilenas). En febrero, el ministro de Defensa argentino Jorge Taiana explicó que la condición estratégica de dicho lugar asegura a sus militares un despliegue ágil y móvil. Saque usted sus conclusiones.
La acción diplomática y el nuevo despliegue militar acompañan la ampliación del puerto de Ushuaia, desde el cual, sin contrapeso, Argentina gobierna el turismo marítimo antártico. Las naves que operan desde Ushuaia informan al pasajero la historia de la presencia argentina en la región polar austral, en la que, mientras tanto, Chile tiene presencia ninguna. Adicionalmente, mientras las bases chilenas envejecen, Fernández anunció el despliegue de nuevas bases antárticas.
Nuestro país carece de un concepto geopolítico equivalente. Es más, nuestros políticos y diplomáticos se encargaron de avalar la causa de Malvinas, sin reflexionar (o simplemente evitando entender) que relativizan y lesionan nuestra tradición antártica, mucho más extensa y diversa que la argentina.
Junto con una mención específica a la causa de Malvinas, desde los años 90 las rutinarias declaraciones presidenciales agregan un aval chileno al reclamo argentino por los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur y el Mar Austral Circumpolar. En la acepción argentina, ese reconocimiento debe aplicarse a la plataforma continental que, como queda dicho, en el método geocientífico de nuestros vecinos conecta Sudamérica con la Antártica (Antártica Chilena). Increíble.
Incluso más. Bajo la premisa de que la plataforma continental argentina de 2009 tiene importancia ninguna sobre nuestra integridad territorial, hasta 2020-2022 Chile no priorizó la fijación de sus límites exteriores submarinos al sur del Cabo de Hornos.
Por más de una década el diseño geopolítico chileno fijó la prioridad en el área de la isla de Pascua, región en la que no enfrentamos amenazas. Cómodo, ¿no es cierto?
Por lo mismo, hasta 2021 Argentina entendió que, por razones reglamentarias (cierto plazo de 10 años), por omisión Chile reconocía la validez de sus aspiraciones geopolíticas en la Antártica y el Mar Austral.
La opinión pública está al tanto de que el problema no termina aquí. En 2009 Argentina también reclamó circa 9 mil kilómetros cuadrados submarinos al sur del área delimitada por el Tratado de Paz y Amistad (Punto F), pretendiendo instrumentalizar el Derecho del Mar para resucitar el principio bioceánico, que restringe la proyección chilena al oeste del meridiano del cabo de Hornos.
Según ese mismo principio, Chile carece de proyección directa hacia la Península Antártica.
De allí la frustración argentina que refiere el reciente audio de la Cancillería (Chile no informó la actualización de los límites de su plataforma continental). No obstante que se trata de un hecho fundamental para el interés del país, el audio deja entrever cierta comprensión de funcionarios de la Cancillería con la frustración argentina. Otra vez: increíble.
El gesto político hacia Argentina que divulgó el caso del buque inglés en el estrecho de Magallanes vuelve a poner en evidencia nuestra falta de reflexión respecto de los efectos contrarios al interés nacional derivados del apoyo a la causa de Malvinas: en este caso, la relativización de la neutralidad del estrecho de Magallanes, a la que Chile y Argentina están obligados por los Tratados de 1881 y 1984.
Ese tragicómico episodio es, por lo mismo, doblemente ilustrativo: primero, confirma la ausencia de concepto geoestratégico para aquilatar la magnitud del desafío que Argentina nos plantea en el Mar Austral y la Antártica y, segundo, revela un ideologismo simplón y vacuo, que oculta que enfrentamos una nueva disputa territorial impuesta por nuestros vecinos.
Por el norte, el proyecto nacional argentino está limitado por la barrera infranqueable del Brasil. Por el sur, en cambio –en el análisis del vecino–, Chile es un obstáculo superable. Más aún, si nuestro país carece de un concepto respecto de para qué sirven el Mar Austral Chileno y la Antártica Chilena.
Es evidente que la contraparte ha evaluado que la diplomacia chilena está teñida no solo de color turquesa, sino que de un ideologismo universalista voluntarista y autoflagelante, que no entiende (porque no puede, porque no le gusta o porque no le importa) la nueva disputa territorial que nos impone (sin informarnos) Argentina. No hay que equivocarse: este es un desafío fundamental para la política exterior de los próximos años.
En el Chile de 2023 predomina la percepción de que el método del error es políticamente aceptable, y que lesionar una política de Estado y/o el interés permanente del conjunto del país no tiene consecuencias ni responsables.
Esto es ontológicamente equivocado.
Por ello, junto con la readecuación de nuestra política exterior a las circunstancias de un sistema internacional afectado por una creciente pugnacidad, resulta urgente desarrollar una respuesta clara, documentada y firme al proyecto geopolítico argentino en el sur más lejano del mundo. Chile debe contar con un análisis prospectivo y una política de Estado para enfrentarlo. No basta con que el Presidente Boric viaje a la Antártica.
El proceso constitucional que se avecina ofrecerá la oportunidad para iniciar ese camino. El nuevo texto fundamental deberá establecer la obligación de todos los gobiernos, todas las instituciones y todos los funcionarios del Estado, de velar por la intangibilidad del territorio que nos legaron nuestros padres y abuelos. Deberá, asimismo, especificar sanciones concretas para aquellos que, por error o intencionadamente, afectan el interés permanente de todos los ciudadanos.
En el peor de los casos, nos asiste el mismo derecho que alega el presidente argentino: queremos (porque podemos y tenemos mejores títulos) ser grandes.
