Memoria a 50 años del dramático golpe de Estado de 1973 (parte I)

El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de derecha que derroco al gobierno democrático y popular del Presidente Salvador Allende. Un golpe alentado y apoyado con acciones directas por parte de gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos, Brasil, Australia y otros, en el contexto de la Guerra Fría y la contención del comunismo. Uno que impuso 17 años de represión, terrorismo de Estado (incluyendo el internacional con los atentados a Carlos Prats, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, la Operación Cóndor, entre otros), campos de concentración, colonias “nazis” terroríficas visitadas continuamente por miembros de las FF.AA. y de personeros de derecha (ver El Mostrador, 12/06/2014), torturas, muertes (recientemente se conmemoró el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez) y detenidos que aún permanecen desaparecidos (las FF.AA. tienen un pendiente aquí). Uno que dictó extensas limitaciones de las libertades (ej., con algunas interrupciones el toque de queda, duró desde 11 de septiembre de 1973 al 2 de enero de 1987); favoreció el saqueo masivo del erario y empresas públicas con ventas por debajo del valor libro (entre otros negociados), en medio de su ortodoxia neoliberal y su principio de subsidiaridad; generó un insegurizante y sin precedente aislamiento internacional; dejó instalada una derecha autoritaria con capacidad de veto con los corsés de una Constitución “trucha” y blindada, entre otros oscurantismos propios de una prolongada dictadura personalista de derecha (pretoriana ideológica en esencia).

Al conmemorarse medio siglo de la irrupción de esta tragedia societal/humana para Chile, como lo relata un titular de una columna de Ariel Dorfman en el diario El País del 16/02/2023, Chile enfrenta una nueva batalla por la memoria en medio de un creciente relativismo y/o franco negacionismo, tanto discursiva como prácticamente, levantado por la derecha y la extrema derecha (ej., el senador Moreira, vocero de la UDI, dijo que Pinochet “salvó a una generación completa”; o el diputado De la Carrera con su controvertida frase “muy feliz 11 de septiembre a todos quienes queremos ver siempre a Chile libre del comunismo”) con la complicidad de sus medios de comunicación e instancia de enseñanza y de investigación (ej., Gonzalo Vial Correa, puntal cultural de la derecha, fue uno de los autores del Libro Blanco del Cambio de Gobierno, el que legitima el falso Plan Z y la represión que le siguió).

Una disputa hegemónico-cultural especialmente relevada tras el “Plebiscito Constitucional de Salida” (04/09/2022), evento donde la derecha y sus adláteres desplegaron una amplia artillería, legítima e ilegítima, en defensa de sus intereses. Además de declaraciones de varios parlamentarios republicanos y de la UDI, hay ejemplos prácticos de esta disputa, como las dificultades que ha puesto el alcalde UDI de La Reina, José Manuel Palacios (llamó a un plebiscito, fallido), para que se pusiera una placa recordatoria que el Aeródromo de Tobalaba, aeropuerto que se usó como sede del Comando de Aviación del Ejército y desde el cual se trasladaron entre 700 y 900 personas para ser posteriormente lanzadas al mar (asesinadas), o el Banco BCI que ofrecía en su página web una moneda conmemorativa del 11 de septiembre de 1973, en una de cuyas caras salía una estatua con la palabra “Libertad” y en la otra La Moneda con la leyenda “En el azul de septiembre se unieron cuatro espadas”, entre otros.

Como lo expresó Dorfman, “en Chile, como en el resto del mundo, la forma en que una nación entiende su pasado más traumático está determinando constantemente su identidad más profunda, el tipo de futuro que imagina para sus hijos”. Hoy ese futuro posible de un Chile más democrático e inclusivo, ese sueño que tenía el Presidente Allende y otros presidentes chilenos, está amenazado por fuerzas populistas y de extrema derecha que aprovechan las debilidades democráticas que presentan sociedades complejas. Precisamente, en ese contexto de reanclajes históricos y a pesar de que seguramente se escribirán cientos de artículos generales y específicos al respecto, además de otros formatos y actos, comparto algunas páginas muy resumidas de mi libro Navegando entre los claroscuros de una transición exitosa en Chile, de la Editorial Académica Española, con prólogo del Presidente Ricardo Lagos y basada en mi tesis doctoral dirigida con maestría por el profesor Patricio Silva.   

El socialismo democrático del Presidente Allende

Los tres años de la Unidad Popular (1970-1973) constituyeron tal vez la experiencia política más compleja de la historia republicana de Chile y una de las más expectantes a nivel mundial, como lo exponen muy bien Tomás Moulian y M. A. Garretón en su libro La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, de 1993. Salvador Allende era el primer Presidente socialista en llegar al poder mediante el voto en un contexto internacional caracterizado por la brutal disputa global que implicaba la Guerra Fría y en un sistema de partidos que se encaminaba a la extrema polarización. Para Kristian Gustafson, director del Master en Inteligencia y Seguridad de la Universidad de Brunel en Londres, “el hecho clave es la manera en la que Allende llegó al poder…No era un caudillo, no era un dictador que era remplazado por otro, era un líder socialista electo que estaba siguiendo la vía pacífica. Por eso fue más impactante y la desilusión más fuerte. Esa gran esperanza fue derrocada con un golpe”. El académico de la Universidad de Oxford Alan Angell concuerda con ello y agrega que “lo que estaba pasando en Chile desde 1970 estaba teniendo un enorme impacto en Europa, que estaba revisando el socialismo, y lo que Allende ofrecía era socialismo de manera constitucional, sin violencia. Eso era muy atractivo y hay que recordar también que muchos de los partidos chilenos tenían vínculos internacionales, que no era el caso con los de otros países latinoamericanos” (BBC Mundo, 06/09/2013).

Atinadamente el historiador Mario Góngora denominó este período el de las “planificaciones globales”, cuando diversas fuerzas políticas presentaban programas políticos de “refundación nacional”, sin estar dispuestos a establecer alianzas políticas con otras fuerzas fuera de su prisma ideológico para realizarlos. Esto no solo impidió la formulación de proyectos con mayorías políticas, sino que relevó las fracturas sociales existentes y polarizó el sistema de partidos. Así, desde 1970 en adelante, se produjo que el país viviera no solo un clima de polarización política creciente (estadio que habría alcanzado su máximo semanas antes del golpe), sino de hipermovilización e ingobernabilidad, agudizada por la existencia de un sistema electoral que no contemplaba la legitimación de la segunda vuelta (balotaje) en situaciones de mayorías relativas y por un presidencialismo que inhibía la nominación de un Jefe de Gobierno o Vicepresidente con mayoría en el Parlamento.

La Unidad Popular (UP) fue una coalición programática y electoral de partidos políticos de centroizquierda e izquierda que llevó a la Presidencia de la República a Salvador Allende con una legitimidad claramente mediatizada, a pesar de que su triunfo fue ratificado en el Parlamento. La UP se formó en diciembre de 1969 con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del Frente de Acción Popular (FRAP). Estuvo conformada por el Partido Radical (PR), Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), el Partido de Izquierda Radical (PIR) y la Acción Popular Independiente (API), incorporándose la Izquierda Cristiana (IC) en 1970 y el Mapu Obrero y Campesino (MOC) en 1973, a partir de una nueva escisión de la DC. Contó además con el apoyo de la Central Única de Trabajadores (CUT), principal y cuasihegemónica organización nacional de trabajadores (sus principales dirigentes eran en su mayoría comunistas y socialistas). Se postuló, sin la necesidad de contar con un partido único, la creación de una nueva fuerza hegemónica que operacionalizara un tránsito democrático hacia un socialismo distante del soviético y más próximo a países socialdemócratas como Suecia, aunque tensionado por la disputa entre posturas reformistas y radicales.

Desde 1952, la izquierda chilena se había propuesto como una meta la posibilidad de alcanzar el poder del Estado por la “vía electoral”, para ello le fue necesario aceptar y someterse a las reglas del juego democrático (más allá de que fue una práctica histórica de la izquierda/progresismo nacional condicionada por el legalismo de la cultura estratégica nacional), factor que se expresa con claridad en el programa de gobierno de Allende, al afirmar la absoluta voluntad de respetar la institucionalidad y legalidad vigentes. Sin embargo, y como también se sostiene en este programa, su fin último era lograr una nueva institucionalidad que permitiera márgenes mucho más amplios y acordes con una sociedad socialista, particularmente con mayor presencia del Estado. Para, ello el principal paso era tener una nueva Constitución Política que le sirviera de marco legitimador de las transformaciones.

Los comienzos de esta experiencia de “empanadas y vino tinto” fueron difíciles, ya que la conspiración para impedir que la izquierda y los sectores populares con el Presidente Allende a la cabeza llegaran al poder, empezó mucho antes de que asumiera (primera mitad de la década de los sesenta). Un documento desclasificado, fechado en julio de 1975 y titulado “Agency Covert Action Operations in Chile Since 1962”, revela “un programa de acción política a largo plazo” implementado por EE.UU. para apoyar a un partido como una alternativa a la izquierda y la candidatura de Allende. Así, por ejemplo, este informe constata que en abril de 1964 un grupo de la Central de Inteligencia Americana (CIA) aprobó la primera entrega de un programa de tres millones de dólares para apoyar a la Democracia Cristiana, con el propósito de parar que un gobierno marxista asumiera el poder en Chile.

Peter Kornbluh, en un artículo reproducido por Ciper (15/09/2022), relata que el 15 de septiembre de 1970, durante una reunión en la Casa Blanca (a la que asistieron también el Asesor de Seguridad Nacional estadounidense Henry Kissinger y el Fiscal General John Mitchell) “… el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA fomentar un golpe de Estado en Chile”. Según notas escritas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, Nixon entregó instrucciones explícitas para prevenir que Salvador Allende asumiera su mandato en noviembre. O para crear condiciones para derrocarlo si lo hacía. “Una oportunidad en 10, tal vez, pero salvar a Chile”, “No le preocupan los riesgos que involucre”, anotó Helms en sus notas mientras Nixon exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. Ordenaba un “Trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tenemos”, “Hacer que la economía grite”, etc. Este documento desclasificado en 1975, como dice Kornbluh, es “el único registro conocido de un presidente de EE.UU. ordenando el derrocamiento encubierto de un líder extranjero elegido democráticamente”.

En este marco y antes de que el Presidente Eduardo Frei Montalva traspasara el poder al Presidente Allende, un grupo paramilitar de ultraderecha, con el apoyo de algunos militares chilenos y de la CIA, intentó impedir ese proceso secuestrando al comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, con el fin de provocar una crisis política. El plan fracasa al morir el general Schneider tras intentar evitar su rapto. Posteriormente, estas fuerzas plantean el “gambito” en el Congreso (elegir a Alessandri, para que renunciará de inmediato y Frei tuviera una nueva oportunidad), cosa que fracasa y al final se plantea la desestabilización, recibiendo dinero de la CIA con aprobación del Comité de los 40, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional y Patria y Libertad y gremios como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile de León Vilarín (miembro de Patria y Libertad) y El Mercurio, entre otros (Ciper, 09/11/2017). Heredero del Grupo Especial (1964) y del Comité 303 (1969), el Comité de los 40 era presidido por el asesor presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional, el subsecretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el director de la CIA, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, y tenía como propósito fijar políticas y procedimientos frente a asuntos considerados amenazantes: en este caso el gobierno popular y democrático de Allende.

El 4 de noviembre de 1970 y tras ganar con una mínima mayoría, relativa (36.6% versus el 34.9% de Jorge Alessandri y el 27.8% de Radomiro Tomic) y tener que ser ratificado por el Congreso, como lo estipulaba la Constitución (con el voto DC tras un acuerdo básico de garantías democráticas, por cierto), el Presidente Allende inició su gobierno en medio de un proceso conspirativo que continuaría su curso en forma creciente hasta el golpe de Estado de 1973, como lo refleja bien y tempranamente (1974) en The New York Times el reportaje del periodista  Seymour Hersh. Como lo dijo Kornbluh, “Pinochet nunca habría llegado al poder sin apoyo de EE.UU.” (El País, 11/09/2016) ni se habría mantenido sin este apoyo –ahí está el informe de la CIA “Psych Warfare General: Country Chile, February 1973-1974”, referido a operaciones y esfuerzos mediáticos que hizo esa agencia en Chile y en otros países para presentar al nuevo régimen de Pinochet bajo un sello positivo; en octubre de 1973, lideres democratacristianos como Enrique Krauss, Pedro Jesús Rodríguez, Juan Hamilton y Juan de Dios Carmona, financiados por la CIA, viajaron a Europa para defender la necesidad del golpe de Estado (Ciper, 09/11/2017)–.

La UP no fue una coalición mayoritaria, aunque fue aumentando su apoyo con el paso del tiempo, como se aprecia en las elecciones municipales de 1971, al alcanzar 44%, y en las parlamentarias del 1973, con el 44.6%, donde aumentó sus senadores y diputados. A pesar de no disponer de mayoría en el Congreso y haber ganado por mayoría muy relativa, como se expresó, y consciente de estas debilidades, el Presidente Allende lanzó un ambicioso plan de transformaciones económicas que buscaban iniciar el “camino hacia ese socialismo a la chilena” y responder a los clivajes fundamentales, en particular el de la relación capital-mano de obra, tal como lo expresó el Mandatario Salvador Allende en la madrugada del 5 de septiembre de 1970 desde el balcón de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). Entre otras cosas, dijo: “La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente, que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular… Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria… Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo… Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir…”.

Como lo expresaron bien Josep Reniu y Adrian Albala (2012), en esta época “la tradición política en Chile radicaba en una polarización muy fuerte… (más aún) con su paroxismo tras la elección de Salvador Allende en 1970. El sistema político de aquella época, muy fraccionado, hacía que el pacto más votado fuera elegido, por lo que se observaron muchos gobiernos minoritarios o muy minoritarios, y hacían por ende los gobiernos y alianzas muy frágiles”.

El programa “refundacional” del Presidente Allende y la UP de “Las Primeras 40 medidas del Gobierno Popular”, entre otras, incluía la “supresión de los sueldos fabulosos” y mejorar los salarios, cuatro medidas vinculadas a temas previsionales: “jubilaciones justas, no millonarias”; “descanso justo y oportuno”; “previsión para todos” y “pago inmediato y total a los jubilados y pensionados”; garantizar mejores estándares nutricionales (ej., política del medio litro de leche), acelerar y profundizar la reforma agraria iniciada por el Presidente Frei Montalva, participación (cogestión) de los trabajadores en las empresas, nacionalización de las industrias estimadas estratégicas, como el cobre y los bancos. Salvo en el caso del cobre, donde se logró un acuerdo nacional en el Parlamento (proceso iniciado por Frei Montalva con la “chilenización”), muchos de estos procesos se hicieron a través de los llamados “resquicios legales” que la Constitución permitía (muchos de ellos eran legados de la República Socialista de los 12 días), pero sin pasar por el Poder Legislativo (Garretón-Moulian 1993, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile). La UP, en todo caso, prometió la continuidad de la empresa privada, sobre todo las medianas y pequeñas entidades y, en general, de todas aquellas empresas estimadas no monopólicas.

A estas alturas ya estaba instalado en la arena política un juego de suma cero entre el Ejecutivo y el Parlamento dominado por la oposición, y que iba más allá de la crisis de doble legitimidad de los poderes que trae el presidencialismo. Juan Linz (1990) tipificaba esto último diciendo que “no hay ningún principio democrático que pueda resolver las disputas entre el Ejecutivo y la legislatura acerca de cuál de los dos representa la voluntad del pueblo”.

Pese a la furiosa crítica de que fue objeto el Presidente Allende por parte de la oposición, la libertad de prensa, de expresión y la existencia de todos los diarios y radios adversos al gobierno fueron rigurosamente respetadas, como lo expresa Augusto Varas en su texto “La dinámica política de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular”, de 1997. Incluso, por ejemplo, el propio Primer Mandatario Allende le contestó al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Germán E. Ornes –de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un instrumento gremial usado en el contexto de la Guerra Fría–, una carta publicada por El Mercurio (28/11/1971): “Como excepcional demostración de tolerancia, doy respuesta a su cable, a fin de poner término a la campaña difamatoria emprendida por la SIP y su único defensor en Chile, El Mercurio, contra nuestro país y su gobierno. He sostenido públicamente que la nacionalización de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en nada afecta ni afectará a la libertad de prensa de que, con exceso, se disfruta en Chile. Por el contrario, he dicho y lo reitero, tanto la Asociación Nacional de la Prensa como a los periodistas estarán debidamente representados en el organismo que efectúe la distribución de papel de diario. Asimismo, he sostenido que la planta elaboradora de dicho papel podría separarse del resto de la empresa y, aún más, he afirmado en conferencia de prensa que se podría otorgar crédito a los propietarios de órganos periodísticos para que establezcan, si lo desean, una planta para la fabricación de papel. En consecuencia, todo lo que se diga en contrario, es una flagrante e inaceptable falsedad…”.

De este modo, el Presidente Allende cumplía su promesa hecha al país (en particular a la DC) de mantener las instituciones chilenas y de abrir el camino a una nueva sociedad, no a través del modelo cubano o soviético, sino siguiendo un camino propio “con empanadas y vino tinto”, como le gustaba decir. Pero conciliar la amplitud de esas medidas, las que atentaban en contra de la esencia del poder de la clase empresarial y del capital extranjero, con un ambiente pacífico y apegado a las normas institucionales, era buscar una ecuación imposible en un contexto nacional e internacional extremadamente conflictuado con las disyuntivas polares de “blancos y negros” de la Guerra Fría y que hacía que algunos de sus partidarios tironearan más de lo debido, favoreciendo una oposición intolerante y destructiva.

La oposición, para julio de 1972, había formado la Confederación de la Democracia (CODE), que reunía a los partidos políticos de la derecha reagrupados en el Partido Nacional (PN), y a la DC (ya se había alejado de su condición de centro y de su nueva condición de posible “partido bisagra”), a la que se sumaban dirigentes gremiales, como los comerciantes con Rafael Cumsille como presidente de la Confederación del Comercio Detallista de la época, camioneros que posteriormente serían recompensados por Pinochet con la demolición del sistema ferroviario nacional y algunos colegios profesionales. Su principal objetivo era unir a los opositores de la UP, optimizar la obtención de votos y escaños en pro de lograr la mayoría parlamentaria y, con ello, obtener por los menos dos tercios de los diputados. Su plataforma proponía: a) restablecimiento de la libertad y respecto de los derechos gremiales; b) establecimiento del derecho de información y expresión; c) que el proceso de cambios se encuadre en la Constitución y las leyes; d) término de la violencia; y, e) necesidad de normalizar la situación política del país. Su pretensión era cambiar por completo la fisonomía del gobierno o terminar con él a como diera lugar.

A pesar de que en el CODE existían dos visiones contrapuestas (el Partido Nacional y la Democracia Radical por derrocar, y la DC y otros por controlar), se organizó una campaña de desestabilización que incluyó huelgas (la de los camioneros en octubre de 1972 fue muy importante) y acciones económicas como la del mercado negro y el acaparamiento de mercaderías, factores que provocaron escasez de bienes esenciales y atizaron el descontento de una parte importante de la población. A todo ello se sumó el bloqueo financiero de Estados Unidos, que negaba los préstamos que habitualmente se concedían a Chile. Además, algunas medidas económicas del propio gobierno agravaron la situación. Así y empeñado en hacer justicia social y en estimular el consumo, por ejemplo, Allende concedió alzas salariales importantes que, si bien generaron euforia y mayor capacidad adquisitiva en muchos sectores, en el contexto del acaparamiento y otras limitaciones también desataron una espiral inflacionaria que entre 1972 y 1973 llegó a 300% y que colaboró aún más con la escasez. El manejo y complot en el ámbito económico no logró ser derrotado por el crecimiento y políticas como “la batalla por la producción” o la redistribución de alimento por las JAP (Junta de Abastecimiento y Precio), como lo expresa en un libro Stefan De Vylder (1976).