Opinión
Mientras Chile arde producto de los incendios forestales en el centro-sur, interesa constatar cómo reacciona ante las situaciones sustantivas de orden ambiental-ecológico sobre los océanos, en específico, respecto del espacio marítimo donde tiene jurisdicción territorial-soberana, bajo las definiciones de la Convención del Mar (CONVEMAR), entidad perteneciente al sistema ONU, que contribuye con la generación de regulaciones internacionales para materias oceánicas. Por derivación, se encuentran los desafíos que implica la plataforma continental extendida, donde Chile, además, tiene intereses diversos en algunos puntos de su expresión tricontinental e insular (Antártica y Rapa Nui).
El ordenamiento del territorio, en cuanto expresión de la naturaleza humana en sus complejidades económicas-productivas, habitacionales, culturales y sociales (entre muchas otras), en su permanente producción y reproducción, nunca ha estado circunscrito solo a lo continental, sino que también a lo marítimo-oceánico y sobre todo a su influencia recíproca. La historia corta y larga da cuenta de ello. No solo es estratégico por las posibilidades de transporte que permite al comercio internacional en su actividad, o, por ser funcional al desarrollo de conflictos armados, como tampoco solo lo es por las coberturas de la conectividad internet 5G, o bien por la extracción de recursos ictiológicos, o por los minerales diversos (plataformas petrolíferas), y así, un largo etc. Ahora, producto del calentamiento y cambio climático global asociado, se hace todavía más relevante, ya que redetermina climas, cuando sus niveles suben por derretimiento de los hielos, impactando las regiones costeras continentales e insulares (por ejemplo, con pérdida de playas), dependiendo de la geomorfología costera. Por descontado, se agrega la contaminación (plástico, desechos petroleros, otros), la que afecta negativamente la biodiversidad oceánica.
Tradicionalmente, fue la geopolítica la que se preocupó de estas problemáticas (lo sigue haciendo), definiendo las valoraciones que se debían realizar desde los Estados Nacionales para determinar las políticas de seguridad nacional (exterior e interior), pasando por la de defensa de los mismos (en los hechos, del modelo de desarrollo). En esta perspectiva, este ordenamiento territorial marítimo-oceánico, como de costumbre, tuvo en las potencias globales un actor determinante en cuanto a definir las relaciones espaciales de poder sobre estos espacios geográficos, ahora, puestos en tensión por las demandas que exige el calentamiento global, entre ellas, diagnósticos globales y las soluciones que correspondan a esa escala geográfica. En la especificidad de este análisis, se presenta la necesidad teórico-práctica de instalar la idea del estudio oceanopolítico –indicarán algunas(os)–, desde lo académico y como ejercicio de la política, en tanto estos espacios geográficos serán los que determinarán, una vez más, las relaciones espaciales de poderes globales, pero también nacionales.
Como de costumbre, sea desde la geopolítica o la oceanopolítica, siempre se precisa tener profundidad analítica para avanzar sobre las definiciones mundiales, ya que en más de una oportunidad (¿o casi siempre?), son los poderes globales los que buscan imponer sus términos y, ante esa realidad, poderes espaciales periféricos provenientes de un Estado como el chileno, o de una región como la sudamericana o Latinoamérica, se encuentran sometidos a presiones disfrazadas de acuerdos altruistas, provechosos para ellos y convocantes para los equilibrios ecológicos de escala global –involucrada una sociedad civil global en más de una oportunidad–, sin necesariamente atacar el fondo del problema y, de paso, ganando influencias sobre espacios geográficos no necesariamente controlados en la profundidad necesaria por sus responsables. La Geopolítica Ambiental es una de las perspectivas del análisis que se colocan en valor para una discusión como esta.
Ahora, cuando se avanza hacia un acuerdo mundial-global por los océanos, bajo el sistema ONU no exento de problemas en su logro en aquellos espacios donde las legislaciones nacionales no alcanzan a regular, interesa preguntarse cómo se prospecta el ordenamiento territorial marítimo-oceánico chileno y cómo dialoga este con el ordenamiento continental previsto, por ejemplo, en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), en cuanto unidad geográfico política continua, objeto de estudio de la geografía, la geografía política, la geopolítica, la ciencia política, economía y las relaciones internacionales (otras), cuando de ciencias sociales se trata, pero, no exclusivamente (también están las ciencias físicas y biológicas), determinando los diseños de política pública exterior, interior y de defensa.
Desde esa perspectiva, el espacio continental cuenta con instrumentos de ordenamiento del territorio asumidos y conocidos por la institucionalidad y, en parte, por la sociedad civil; lo marítimo-oceánico también, pero, a diferencia del primero, mucho menos conocido, ni tan difundido. En consecuencia, la cultura marítima-oceánica estaría lejana o ausente del imaginario colectivo chileno (no así de los grupos económicos que explotan bajo formas neoextractivistas, por ejemplo, los recursos ictiológicos).
Quizás, un punto de partida podría consistir en buscar cómo la PNOT, que se orienta claramente más hacia la expresión continental –sin perjuicio de hacer referencia a la costa, aunque sin la profundidad que entregaría la ley de costas que impulsa, entre otros, el Observatorio de la Costa liderado desde Geografía-UC–, dialoga con la Política Oceánica Nacional de Chile y, de esta manera, proveyera orientaciones generales que redunden en mejores diseños de política pública cuando de territorio se trate y, de paso, contribuya al mejoramiento de la democracia territorial, desde la integración de la geopolítica y oceanopolítica. Finalmente, en este contexto, parece adecuado revisitar los contenidos referidos al maritorio abordados en la pasada discusión constitucional.
