Opinión
Es de particular importancia empoderar a los gobiernos locales, a los municipios, y entregarles más herramientas y autonomía para la respuesta y muy fundamentalmente, como ya se ha mencionado, fortalecer el trabajo con las comunidades. El Estado tiene aquí una deuda muy grande: ha abandonado su vinculación con las organizaciones de base, algo que como Gobierno y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos reimpulsando, porque nadie conoce mejor su barrio que sus propios vecinos y son ellos quienes deben, antes que nadie, saber cómo responder ante una emergencia, así como qué está de su parte en la disminución del riesgo. La responsabilidad de las personas y las comunidades, aunque incomode, es algo que no debemos eludir en esta conversación.
La emergencia producida por los incendios que afectan a la zona centro-sur del país es una catástrofe cuyas dimensiones nos obliga a hacer una reflexión profunda. Tal como nos ha instruido el Presidente Gabriel Boric, todos quienes participamos en su superación nos estamos exigiendo al máximo. Desde los brigadistas y bomberos que trabajan sin descanso en la contención del fuego, hasta las distintas instituciones del Estado, del sector privado y sociedad civil en la entrega de primeras ayudas, viviendas de emergencia transitorias, así como en pensar y poner en marcha el proceso de reconstrucción. En esta emergencia se han desplegado, desde el inicio, todas las capacidades y todos los recursos y, como país hemos demostrado una y otra vez que, ante las tragedias, dejamos de lado los colores políticos y las legítimas diferencias para trabajar juntos, en colaboración, por quienes sufren sus consecuencias.
Por lo pronto, sabemos una cosa: los incendios seguirán ocurriendo, independiente de sus causas, y no es suficiente con aumentar la capacidad de respuesta, sino que debemos tener una conversación seria entre todos los sectores para avanzar en medidas que permitan que hagan a nuestros territorios más resilientes frente a los múltiples tipos de desastres a los que pueden estar expuestos. Sabemos que los efectos del cambio climático afectarán con particular fuerza a nuestra región. La megasequía que atravesamos es su expresión más clara en el país y todos debemos conversar sobre cómo aportar, cada uno desde su ámbito o posición, para lograr este objetivo. No partimos de cero: como lo ha expresado la delegada presidencial, Paulina Saball, la experiencia de la reconstrucción de Santa Olga nos entrega muchos aprendizajes, sobre todo, en cuanto al rol irreemplazable que cumplen las comunidades en repensar los territorios integralmente, teniendo en cuenta sus características particulares.
Por otra parte, la cooperación público-privada será fundamental en este proceso de reconstrucción y vemos que ese es el ánimo. También el aporte de la sociedad civil, que en desastres anteriores ha ejercido un rol gravitante. Y en esta conversación ya hay ideas que estamos trabajando, como la ley de interfase entre lo urbano y el bosque, que determine una zona de protección con responsabilidades y exigencias claras, que ya está en el Congreso para su discusión.
Asimismo, es de particular importancia empoderar a los gobiernos locales, a los municipios, y entregarles más herramientas y autonomía para la respuesta y muy fundamentalmente, como ya se ha mencionado, fortalecer el trabajo con las comunidades. El Estado tiene aquí una deuda muy grande: ha abandonado su vinculación con las organizaciones de base, algo que como Gobierno y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos reimpulsando, porque nadie conoce mejor su barrio que sus propios vecinos y son ellos quienes deben, antes que nadie, saber cómo responder ante una emergencia, así como qué está de su parte en la disminución del riesgo. La responsabilidad de las personas y las comunidades, aunque incomode, es algo que no debemos eludir en esta conversación.
La cooperación entre todos los sectores es la clave no solo para que lo que se reconstruya sea mejor que lo había antes, que es la misión que tenemos como Gobierno, sino que para avanzar en medidas concretas, por parte de todos, para hacer a nuestros territorios más resilientes.
