Opinión
Los modelos de prevención de delitos y toda su estructura preventiva no solo debieran ser obligatorios para todo municipio, sino que tendría que impulsarse un cambio cultural profundo en cada uno de ellos, de modo de llevar el lenguaje de la probidad y la prevención de delitos a otra escala y otro nivel de estandarización en este estamento del aparato estatal. Junto con ello, se deben establecer cambios drásticos en las estructuras financieras del gobierno comunal y promover una reforma que faculte a entidades como, por ejemplo, la Subdere, a ejercer acciones de supervisión y control temprano de cada operación que involucre recursos, por menores que sean.
Hace pocos días, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins ordenó el allanamiento de la oficina del alcalde de Rancagua y varias reparticiones, incluyendo la Corporación Municipal y hasta el domicilio del jefe comunal. A esto se suman bullados y mediáticos casos de comunas que han estado en la mira, como los de Vitacura, Maipú o Viña del Mar, por nombrar solo los más llamativos. Sin olvidar, por cierto, a San Ramón, que en los inicios de la investigación muchos pensaban que solamente se trataba de “una manzana podrida”.
Algo está pasando hace años en el mundo municipal en materia de corrupción y se trata de un fenómeno que está en alza, al cual no se le ha prestado la suficiente atención. De hecho, en 2021 el Consejo de Defensa del Estado había levantado la alerta de que más de la mitad de los municipios del país estaba siendo investigado por algún tipo de acto de corrupción en los tribunales del país. Ese año, se contabilizaron 1.119 causas distribuidas en 260 de las 345 municipalidades, muchas de ellas por fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. En 2010, se tenían 166 causas; en 2015 se habían triplicado; y en 2020 estas llegaron a 689 procesos. Es decir, no eran casos aislados.
A estas alturas vale la pena preguntarse cuántos municipios tienen sistemas de prevención de delitos instaurados dentro de sus modelos de gestión, cuántos tienen sistemas de control y auditoría realmente efectivos, independientes y que funcionen ex ante y no ex post a la comisión de un delito sea leve o grave de corrupción, o cuántas municipalidades son capaces de exhibir mecanismos de denuncia segura y anónima de sospechas o derechamente de la perpetración de delitos de corrupción que den garantías a quien se atreva a desbaratar este tipo de redes.
El gobierno comunal es un campo fértil para la corrupción, dado que se trata de la primera línea de contacto del sistema político con el ciudadano en temas muy cotidianos. La tentación de usar el aparato municipal y sus recursos para el cohecho es muy grande y, pese a que se han hecho esfuerzos y modificaciones para poner límites al poder de los alcaldes, aún falta mucho para hacer un efectivo control de la gestión financiera de las corporaciones y de las propias alcaldías en materia de adquisiciones, contratos y gestión financiera. Lo preocupante es que, a pesar de tener cada vez más casos de defraudación y por montos realmente escandalosos, no parece haber una reacción política contundente, clara y rotunda para intervenir a los municipios desde el punto de vista del control y supervigilancia anticorrupción.
Los modelos de prevención de delitos y toda su estructura preventiva no solo debieran ser obligatorios para todo municipio, sino que tendría que impulsarse un cambio cultural profundo en cada uno de ellos, de modo de llevar el lenguaje de la probidad y la prevención de delitos a otra escala y otro nivel de estandarización en este estamento del aparato estatal. Junto con ello, se deben establecer cambios drásticos en las estructuras financieras del gobierno comunal y promover una reforma que faculte a entidades como, por ejemplo, la Subdere, a ejercer acciones de supervisión y control temprano de cada operación que involucre recursos, por menores que sean.
El combate a la corrupción no puede ser banalizado como una lucha entre buenas y malas personas. Eso es útil para debates de corto plazo, de política chica y que suelen alimentar la guerra de trincheras en redes sociales o entre coaliciones políticas. Este es un asunto que necesariamente debe mirarse desde una perspectiva sistémica donde el acento se ponga en cómo acabar con los incentivos incorrectos que llevan a que personas comunes y corrientes se comporten de manera inadecuada.
La relevancia de la municipalidad para la vida de las personas y las necesidades que deben resolver es tan crucial, que no estamos para tolerar que la mitad de ellas estén o hayan estado bajo la lupa de la justicia por corrupción. Tenemos que hacernos cargo.
