Narcotráfico: desafíos y evolución de un fenómeno globalizado

El alza de la circulación de droga, como del consumo que le es concomitante, lo que provoca al mismo tiempo una generación de dinero que puede desestabilizar a cualquier país, es un fenómeno y una problemática globalizada que no solo concierne a Chile. Por ejemplo, en septiembre 2022, en el puerto de Amberes, en Bélgica, ciento diez toneladas de cocaína fueron incautadas, es decir, casi la mitad de las cantidades totales descubiertas por la policía en todo el territorio de la Unión Europea (27 países) durante ese mismo año. Para que tenga una idea de la cantidad de droga que entra a Europa a través de ese puerto, considere la estimación siguiente: los servicios de ese país estiman que, por una tonelada incautada, nueve escapan al control de los funcionarios de aduanas de Amberes.

Así, a finales del año pasado, en Bruselas, se reunieron el Primer Ministro, tres ministros federales (del interior, justicia y salud), el fiscal federal y catorce alcaldes para discutir acerca de la lucha contra el narcotráfico, porque ya se trata de evitar que Bélgica se convierta en un “narcoestado”. La palabra puede impresionar, pero un riesgo real existe si consideramos el volumen de dinero que mueve ese negocio. La estimación del valor total de la cantidad de cargas de drogas desembarcadas en la ciudad de las Flandes, antes de inundar el mercado informal europeo vía Holanda, oscilaría entre 50 y 60 mil millones de euros al año, es decir, el equivalente al presupuesto anual del régimen de pensiones en Bélgica. Es como si en Chile tuviéramos la certeza de que el narcotráfico implicaría tanto dinero como el negocio de las AFP. Obviamente, tal situación en el país europeo atrae la codicia de mafias de diversas nacionalidades, que intentan hacerse con este mercado. Lo que altera grave y directamente la seguridad pública. Hay como un aire de “déjà vu”, ¿no?

El gobierno federal belga anunció, luego de ese encuentro, un plan de emergencia concretado por la creación de la Comisión Nacional de Drogas. A su cabeza, se nombró a Ine Van Wymersch, mujer de 42 años, exfiscal, hoy Comisaria antidroga, que debe coordinar la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Una misión que la obliga a unificar la acción de los servicios federales, regionales y locales, con la ciudad-puerto de Amberes. Al mismo tiempo que ese nombramiento, el gobierno belga anunció la duplicación del personal de la policía portuaria, que aumentó en 300 agentes, y de los servicios de policía federal en Amberes. Por otro lado, los expedientes individuales de los 16.000 empleados portuarios fueron escrupulosamente examinados con la ayuda de los servicios de inteligencia. Las administraciones públicas también adquirieron escáneres inteligentes para examinar el 100% de los aproximadamente ¡400.000! contenedores desde América Latina que se descargan cada año en el puerto, especialmente los originarios de Ecuador, Panamá y Colombia, de donde procede la mayor parte de los cargamentos de droga.

Ahora la aproximación represiva del fenómeno del narcotráfico, basada sobre la prohibición, no es la única opción existente y hay varias corrientes, esencialmente en los países desarrollados, que promocionan otro enfoque para enfrentar la misma problemática, proponiendo una legalización de las drogas, suaves como duras, apoyándose esencialmente sobre tres ejes argumentativos.

En primer lugar, la prohibición crea dinero que luego se “lava” en la economía nacional y sobre todo global. Este es uno de los efectos perversos más terribles de la aproximación prohibitiva. Porque es un elemento que influye sobre la economía en su conjunto y porque varios países están corriendo el riesgo de volverse dependientes de los créditos cuya gestión estaría en manos de las mafias relacionadas con el narcotráfico; algunos cárteles tienen recursos mayores que el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países soberanos.

La realidad de esta situación apareció de manera flagrante, por ejemplo, en el momento de la crisis financiera mundial de 2008. En ese entonces, Antonio María Costa, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC) indicaba que se había descubierto que las ganancias del crimen organizado eran “el único capital de inversión líquido” al cual tenían acceso algunos bancos al borde de la bancarrota el año de la crisis.  Según él, la mayor parte de los 352.000 millones de dólares (216.000 millones de libras esterlinas) de las supuestas ganancias del comercio de las drogas habían sido absorbidas por el sistema económico legal e internacional. Ahora, esto no es reciente; ya décadas atrás, todos recordamos lo sucedido con Pablo Escobar, cuando el líder del cártel de Medellín había ofrecido, a cambio del cese de los procesos en su contra, recomprar, con sus propios fondos la deuda externa de su país, Colombia.

El segundo elemento planteado por los defensores de la legalización de las drogas duras, consiste en el hecho de que la prohibición crearía una delincuencia y violencia que les serían directamente imputable o a lo menos asociada. En efecto, el precio de la droga no es el valor de su materia prima en sí misma, sino el de la clandestinidad del tráfico y los riesgos que asumen los transportistas y otros traficantes. Así, según algunas estimaciones, el kilo de cocaína pura vendido a $1.500 USD al salir de Colombia, se revenderá a $15.000 USD al llegar a EE.UU. y recaudará $150.000 USD en las calles de Nueva York, es decir, una relación de 1 a 100. De esta observación, se pueden sacar dos conclusiones. La primera, la prohibición ha creado un mercado en el cual se les asegura la exclusividad de las enormes ganancias a las mafias y a otras redes clandestinas. La segunda, radica en el hecho de que el alto costo de los productos y la falta de recursos de los consumidores, en la mayoría de los casos, los empuja a recurrir a la violencia y a caer en la delincuencia.

En tercer lugar, es un hecho que la prohibición crea y pone en circulación productos adulterados. Estos que circulan en la calle o que son vendidos en algunos países a través de determinados portales web, son fabricados por laboratorios clandestinos en condiciones de higiene y limpieza completamente inciertas. Por otro lado, no necesariamente se venden por lo que son: puede haber estimulantes vendidos por cocaína, combinaciones peligrosas de moléculas, cannabis cortado con tranquilizantes, productos de “corte” más o menos tóxicos, etc. De algún modo, sorpresivamente es esencialmente ante esta última constatación que la legalización adquiere todo su sentido como medida real de reducción de riesgos. Sin lugar a dudas no va reducir el uso de estupefacientes, este ya existiendo por lo demás, pero aseguraría que ese uso se realice en las condiciones menos peligrosas posibles.

En Estados Unidos, cada siete minutos, en promedio, una persona muere por los efectos del fentanilo. Esa droga sintética barata, creada originalmente para aliviar las dolencias de los pacientes con cáncer, es cincuenta veces más mortal que la heroína y cien veces más que la morfina. Se distribuye en todas sus formas: líquido, polvo, comprimidos. Desde el verano 2022, la Policía Antidrogas Estadounidense (Drug Enforcement Administration, DEA) advierte sobre el nuevo “marketing” del producto, vendido en una versión multicolor para seducir a un público más joven e ingenuo. A título comparativo, en Chile, el llamado Tussi es de color morado. El año pasado, la DEA incautó casi 379 millones de dosis de fentanilo, un récord histórico.

En total, según las autoridades sanitarias de EE.UU., en 2021 se registraron 107.622 muertes por consumo de drogas, de las cuales el 66% estuvo ligado al fentanilo. Los principales importadores son dos redes criminales mexicanas rivales, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, unas de las cinco organizaciones más peligrosas del mundo, según el Departamento de Justicia de EE.UU. Para inundar el mercado de las drogas estadounidense, estos grupos ya no necesitan mantener plantaciones en países extranjeros y depender del buen clima, como ocurre con la marihuana, la cocaína  o el opio. Adquieren simplemente los componentes químicos en China y luego fabrican las pastillas y el polvo en sus laboratorios clandestinos. Reduciendo al máximo los costos y, por ende, la calidad, crean productos peligrosos y definitivamente mortales, a veces desde la primera vez que se consumen.

Columbia Británica, provincia del Estado de Canadá, para combatir este fenómeno del cual también padece, obtuvo por parte de las autoridades federales, en mayo de 2022, una medida derogatoria a la ley de estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo de drogas, incluyendo las más duras. Una primicia en Canadá, siguiendo el modelo de lo que ya se intentó más al sur del continente, en el estado federado estadounidense de Oregón, o en Europea, más precisamente en Portugal, a partir de 2001, hace más de 20 años, legislación que está aún vigente.

En la provincia canadiense, la medida entró en vigor el 31 de enero pasado, por un período experimental de tres años: a partir de esta fecha, cualquier persona adulta que posea “2,5 gramos o menos de ciertas sustancias ilícitas para su uso personal ya no será detenida, acusada y sus bienes no serán objeto de incautación. En cambio, la policía brindará información sobre los servicios sociales y de salud disponibles y ayudará a orientar a las personas que lo soliciten”, indicó hace poco la ministra federal canadiense de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett. Las “sustancias ilícitas” a las cuales se refiere son la cocaína, las metanfetaminas, el MDMA (éxtasis) y los opioides, incluyendo la heroína, la morfina, el fentanilo y sus derivados.

Concomitante a aquello y conforme al tercer eje argumentativo que hemos explicitado más arriba, hace pocos días, en la misma provincia, dos empresas recibieron la autorización para vender cocaína. El otorgamiento de esas licencias es obviamente parte de esta nueva opción de gestión pública del gobierno, que busca enfrentar y frenar la grave crisis de sobredosis de opiáceos que ellos también han enfrentado al igual que Estados Unidos, asegurándose en parte, así, de la calidad de los productos que van a circular en el mercado.

Los especialistas en adicciones saludan este nuevo enfoque, que consiste en considerar la adicción a las drogas como un problema de salud pública y ya no como un problema delictivo. Pero queda la cuestión de las sobredosis: la gran mayoría de ellas serían causadas por “suministros envenenados”. Los opioides adulterados llegan directamente desde China en barco, o desde laboratorios clandestinos instalados en suelo canadiense y controlados por redes de crimen organizado, que han proliferado desde los cierres de fronteras vinculados a la pandemia de COVID-19.

Si nos referimos a Chile, observamos algo asimilable a esto último. El informe del área especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), en el cual se analizan los resultados operativos del primer semestre 2020, mostraba que pese a las restricciones de movilidad impuestas para prevenir mayores contagios de COVID-19, el tráfico de las tres principales drogas presentes en el país no había disminuido. Por el contrario, se había incrementado, especialmente en el caso del clorhidrato de cocaína y de cannabis procesada, cuya incautación había aumentado en ese período en cerca de un 94% y 50%, respectivamente. ​El balance que entregó la PDI para el año 2022 indicó que las incautaciones aumentaron en un 191% con respecto al 2021. Es decir, que año tras año el incremento de las incautaciones no para de subir de manera exponencial, lo que nos deja lógicamente pensar que la cantidad de droga en circulación conoce la misma dinámica, aún más si nos referimos a la relación de 1 a 9 que establecieron las autoridades de Amberes entre droga incautada y droga que no fue detectada. En 2022, en Chile, la PDI detalló cuáles fueron las 6 drogas sintéticas que más se incautaron: 25 Nbome, DOCE, Foxi, Ketamina, Tussi, Éxtasis. Todas esas drogas son frecuentemente aludidas en las canciones populares dentro de la juventud. Por ende, masividad debe haber, a lo menos podemos observar una vulgarización y banalización de su consumo.

Frente a estos datos, no debemos sorprendernos de que los Agentes de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (BRISUQ) de la PDI y del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, gracias a coordinaciones internacionales realizadas a través del Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), culminaran el año 2022 con un decomiso inédito en el Puerto de Arica. Nos referimos acá a la incautación de decenas de contenedores con más de 690 toneladas de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas. Esos precursores de narcóticos encontrados permiten elaborar, disolver, purificar, secar y neutralizar químicos esenciales en el proceso de elaboración de estupefacientes. Con el volumen de materia prima incautado se hubiese podido producir unas 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Sin sorpresa y al igual de lo que sucede con el origen de los productos químicos utilizados en los laboratorios clandestinos en EE.UU., los contenedores decomisados en Arica eran provenientes de… China.

Parafraseando la frase introductiva del Manifiesto del Partido Comunista, podríamos decir que “un espectro se cierne sobre el mundo occidental: el espectro del tráfico y consumo de droga”. Ya sea Bélgica, con una aproximación prohibitiva, Canadá con una aproximación relacionada con la legalización de las drogas duras, ambos países, frente al imperativo de reaccionar ante un fenómeno que crece de manera exponencial, lo están haciendo de manera decidida. En Chile, no asistimos a lo mismo, sabiendo que numerosos indicios nos indican la gravedad y profundización de la situación. Si bien en el país las cifras de los muertos por sobredosis no llegan a ser alarmantes, sería quizás útil empezar a contabilizar los muertos debido a consumo excesivo de drogas desde un enfoque relativamente amplio. Pero todos podemos observar el disparo tanto de un cierto grado de violencia como de delincuencia relacionado con el narcotráfico.

Por otro lado, las cifras de drogas incautadas, al igual que un cierto ambiente social y societal dentro de la juventud, nos ponen en alerta y hacen llamado a una toma de medidas drásticas. Que sea, en primer lugar, a nivel de prevención (educación en la escuela, facilitar y popularizar el acceso a varios deportes), como también utilizando medios eficientes de control, vigilancia, coordinación y represión que requieren una masiva inversión por un resultado que sabemos que no será el equivalente a lo invertido. Por fin, queda la opción de la legalización, y, sin duda alguna, es difícilmente concebible aquello en Chile, en un corto y mediano plazo, porque implicaría tener otros estándares nacionales a niveles de acceso a la salud, como en numerosos otros ámbitos. Sin embargo, existe la necesidad imperiosa de tomar el pulso del fenómeno que estamos viviendo como sociedad, para poder mitigar los efectos negativos y controlar lo más posible la situación antes que esta se nos escape definitivamente de las manos.